A partir del título de esta reflexión, es probable que la enorme mayoría de los que lo vean, difícilmente serían atraídos a leerla.  Sólo un diminuto espectro, de expertos en el tema de la Transparencia, llegaría a esta línea.

Luego, al esclarecer que hablaremos de la más reciente Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) recién presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), los poquísimos que seguirían leyendo, casi los contaríamos con los dedos de las manos.

Intentando no perder a esos valiosos lectores podría decir entonces que mucho hemos estado haciendo mal, terriblemente mal, desde el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia, para obtener algunos desoladores datos que arroja dicha encuesta.

Tomaría el ejemplo más alarmante de los mismos, que mi amigo Samuel Bonilla, (Transparencia para todos), tuiteó el viernes por la tarde así: “De 2015 a 2019 cayó dos puntos porcentuales (de 5.6% a 3.6%) las personas que dijeron haber hecho solicitudes de acceso a la información en esos años…”

Pero sería alarmante, sólo para uno o dos de los expertos que siguen mi reflexión hasta aquí.  Seguro, conociéndome, lo demás dirán que ya estoy de pesimista.

Y sí, sí lo soy al estilo de Mario Bendetti quien habría dicho, en su famoso poema número 213 de El rincón del haiku (1999) que “un pesimista es sólo un optimista informado”. 

Podría empezar a ilustrar mi pesimismo con un cuestionamiento que he hecho ya en otros momentos y espacios. ¿Por qué se hace una encuesta sobre estos derechos humanos de las personas, considerando un universo de sólo los mayores de 18 años?  Sí, por qué se le pregunta sólo a los ciudadanos, en una encuesta electoral, ello es correcto, pero en ésta, definitivamente, opino con humildad, es un flagrante error metodológico. De hecho, en el documento llamado “Marco conceptual” de la susodicha encuesta, se dice que en la ENDAI-2013, se consideró una población objetivo de 15 años y más.

Podría empantanarme ahí, pero mi pesimismo me obliga a brincar al documento de “presentación de resultados”, para ver los datos que arroja la pregunta 6.2 del cuestionario aplicado (Sección VI. Solicitud de información) formulada así: “Alguna vez ¿usted ha realizado una solicitud formal de información a una institución de gobierno?”

La respuesta es un balde de hielo sobre los rostros de los expertos en el INAI y en todo el Sistema Nacional de Transparencia: “3.6% de la población (sic) ha realizado alguna vez una solicitud forma de información.”  Es decir que menos de cuatro de cien de los encuestados, ha ejercido el DAIP por esta importante vía.

Pero los hielos pegan fuerte porque tal dato reporta que respecto al 2015 tendríamos un retroceso de dos puntos porcentuales.  Ello como media nacional, ya que en la Región Norte tal caída es de más de tres puntos, de 6.1 en 2015 a 2.9 en 2019.

Entonces trata uno de serenarse y pensar en el público lego. La gente de a pie, la común y corriente, ordinaria, promedio de la población.  ¿Por qué la gente, ojo no los ciudadanos, no hace solicitudes de información?  “Solicitudes de qué…” escuchamos como clamorosa respuesta a nuestra impertinente pregunta.

Mi experiencia es que el DAIP, no está tan socializado como a veces pensamos quienes nos especializamos en esto.  Mis alumnos de la universidad por ejemplo, en las últimas cuatro generaciones, poca utilidad le han visto.  Nos hemos quedado mucho en la divulgación y promoción del mismo.

No hemos llegado a una autentica socialización, es decir hacer que este derecho forme parte de la vida cotidiana de las personas, como pudiera ser la educación o la salud, aún en situaciones como la grave pandemia que vivimos.

No hemos, y digo hemos porque formo parte del este pequeño conglomerado de avocados al tema, demostrado que ejercer el DAIP puede tener una utilidad práctica: que la información que se pueda obtener nos sirve para tomar decisiones o incluso resolver problemas individuales y colectivos.

Pero regresemos a la ENAID 2019 para concluir la reflexión.  Pues es una medición valiosa por sí misma.  Sólo habría que remitirse a lo referente al Derecho a la Protección de los Datos Personales para, con igual pesimismo, comprobarlo.  Cosa que haremos en otra ocasión.

Destaquemos sólo tres datos más.  Uno, hacer estas solicitudes vía internet representa ya un porcentaje importante pese a la brecha digital, un 43% a nivel nacional y un 49% en la región centro.  Dos, Mientras el 45% tuvo una “finalidad personal” para hacer dicha solicitud, el hacerlo por un trabajo “escolar o investigación” subió de 13.6 a 22.7% de 2015 a 2019; o sea que el ejercicio del DAIP crece en el ámbito educativo y me parece una magnífica señal.  Y tres, la gente “obtuvo la información requerida”, en 2019, en un 72.4 a nivel nacional, lo que parece alto, a pesar de bajar respecto a 2015 en poco más de un punto porcentual.

Debemos hacer un análisis minucioso de este trabajo y generar estrategias de acción a partir de ello, creo. 

Fuente: CONTRAOPACIDAD

Por: C. Cirio R.