El reporte dio a conocer que la prisión preventiva persiste como la medida cautelar que más se impone en procesos judiciales a nivel nacional.
La percepción de corrupción en prácticamente todas las dependencias de seguridad y procuración de justicia en el país aumentó durante el 2022, siendo los policías de tránsito y los jueces quienes lideran la estadística con un 74.9 y 67.3 por ciento, respectivamente.
De acuerdo con el reporte anual Hallazgos 2022, elaborado por la asociación civil México Evalúa, durante el año pasado aumentaron los actos, procesos o personas que se prestan a recibir beneficios a cambio de un trato privilegiado, más ágil o diferenciado
En todas las instancias de seguridad y procuración de justicia se registró un aumento de entre uno y cuatro por ciento, siendo las policías ministeriales o de investigación las únicas que mantuvieron el mismo registro que en 2021.
La organización explica que instancias como las policías de tránsito con 74.9, jueces con un 67.3 por ciento, policías municipales con 66.8 y Ministerios Públicos y fiscalías locales con 64.7 por ciento tiene la mayor percepción de corrupción a nivel nacional.
A estas le siguen las policías estatales con 64.6, las ministeriales o de investigación con una percepción del 59.5 y la Fiscalía General de la República con un 57.8 por ciento.
“En concreto, para las personas que buscan acceder a la justicia la corrupción implica la necesidad de pagar costos ilegales a cambio de atención. Así, cuando el proceso penal se corrompe de forma sistémica, se niega el acceso a la justicia y se encarece un servicio que debe ser provisto de forma gratuita por el Estado”, señala el documento.
Mientras que al final del listado se encuentran las fuerzas armadas, de las cuales la Guardia Nacional, con 30.1 por ciento, es la corporación con mayor percepción de corrupción; posteriormente se encuentra el Ejército con 25.5 por ciento y la Secretaría de Marina con 20.2 por ciento.
Pon otro lado, el reporte también destaca que la prisión preventiva persiste como la medida cautelar que más se impone en procesos judiciales a nivel nacional, donde solamente cuatro de cada diez imputados recibe una valoración de riesgos antes de que esta les sea impuesta.
“Sólo cuatro de cada 10 personas imputadas tiene acceso a una evaluación de riesgos procesales; es decir, a la mayoría se le impone una medida cautelar sin información verificada sobre los riesgos que representa para la integridad de víctimas y testigos y el éxito de la investigación y del proceso”.
También menciona que en todo el país, el 57 por ciento de las personas enfrenta su proceso en prisión preventiva, siendo el 35 por ciento bajo la modalidad oficiosa.
“De las personas bajo prisión preventiva, prácticamente la mitad concluye su caso mediante la suspensión condicional del proceso, salida alterna que se contrapone con el supuesto riesgo que representa la libertad de la persona imputada”.
Fuente: Milenio
