El Senado eludió nuevamente su responsabilidad para nombrar al Fiscal Anticorrupción, con lo que ya acumula tres años y un mes en deuda con ese nombramiento.
La Cámara alta concluyó ayer los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones y canceló así la posibilidad de que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) incorpore al único miembro que le hace falta.
Desde el 13 de marzo del 2014, cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, el Senado está en la obligación, por mandato constitucional, de designar al titular de esa área, que tiene encomendada la persecución penal de los hechos de corrupción.
Luis Manuel Pérez de Acha, miembro del Comité Ciudadano del SNA, consideró que existe falta de voluntad política.
“Si la reforma constitucional que creó la Fiscalía Anticorrupción tiene más de tres años”, dijo, “éste es un plazo más que suficiente para haber hecho la designación, para que los partidos políticos se pusieran de acuerdo”.
Además de incumplir con el nombramiento del Fiscal, el PRI y el PVEM en el Senado se negaron a incorporar reformas para garantizar la autonomía de este cargo.
Los legisladores quedaron a deber, igualmente, la designación de 18 magistrados especializados en combatir la corrupción.
Apenas esta semana el Presidente Enrique Peña entregó las propuestas para ocupar estos cargos en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Incluso, los perfiles propuestos fueron cuestionados por el Comité Ciudadano del SNA y organizaciones, como la Red por la Rendición de Cuentas, que coordina Lourdes Morales.
A la lista de pendientes se sumó ayer el freno a la Ley de Contratación de Obras Públicas en el Senado, con la que se pretendía poner fin a la discrecionalidad y corrupción en la entrega de contratos, licitaciones y adjudicaciones.
Fuente: Reforma
