En nuestro sistema político, el Municipio libre constituye el orden de gobierno más cercano a las aspiraciones de los ciudadanos y a los problemas de las comunidades, barrios y colonias; tiene la responsabilidad de la prestación de los bienes y servicios públicos que demanda la gente; y es una instancia estratégica para impulsar mejores niveles de desarrollo y bienestar.
La macro pandemia que tiene en vilo el equilibrio social, económico y político, es una lección histórica que ha evidenciado lo limitado de las acciones de gobierno y la falta de medidas de control; mostrado la capacidad de respuesta de una sociedad civil que se organiza de manera ejemplar; y la necesidad de nuevas reglas que regulen las relaciones para gobernar, privilegiando la unidad, el entendimiento y sobre todo, el respeto al Estado Democrático de Derecho.
Ya hemos propuesto que se requiere construir un Acuerdo para una Nueva Gobernanza, que brinde la certeza y garantía del ejercicio del Buen Gobierno, que haga vigentes el derecho a conocer, a ser oído, a evaluar y a opinar sobre cualquier tema que impacte o resulte de interés público. Y conforme a lo que demanda la ciudadanía, vincule el desempeño de gobierno municipal con el Sistema Estatal Anticorrupción, de Transparencia, de Planeación Democrática, de Evaluación, e internacionales, como la Alianza para el Gobierno Abierto.
Concretar los objetivos de un Buen Gobierno, requiere diálogo, acuerdos y propuestas concretas, que sitúen la interacción de la gobernanza colaboracionista más allá de la función primaria de operatividad administrativa y la hagan trascender a la armonización democrática y a la participación ciudadana, para propiciar acciones para el desarrollo humano, con inclusión e igualdad de oportunidades, en un ámbito de confianza y de reciprocidad pública.
En este sentido damos continuidad a la presentación de propuestas concretas, para ser consideradas en el Acuerdo para una Nueva Gobernanza.
En primer término proponemos establecer las bases de una división territorial para la organización político-administrativa de la gestión municipal. Esta acción representa una herramienta fundamental para soportar, ordenar y racionalizar la gestión político-administrativa; así como para dar sustento sistémico a los procesos de planeación, administración, ejecución, supervisión, seguimiento, control y evaluación del quehacer público.
Es muy importante que la gestión municipal sea funcional y dé resultados. Lograrlo dependerá de contar con las disposiciones reglamentarias y administrativas, entre ellas de una división territorial para la organización político-administrativa, que agrupe a las comunidades, barrios, colonias, y centros de población que tenga el Municipio, en cinco Regiones denominadas Centro, Norte, Sur, Oriente y Poniente, lo que facilitaría la interacción de la población y una gestión municipal de resultados.
A partir de esta división político-administrativa, es viable instrumentar una Política de descentralización de funciones, que modernice la gestión municipal; acerque el ejercicio de gobierno a la ciudadanía; aporte mayor legitimidad a las decisiones del Ayuntamiento; mejore y amplíe la cobertura de los servicios; y genere suficiente información para el control de la gestión municipal, que ejerzan los Delegados y Sub-Delegados de las Regiones Municipales.
Asimismo, hará posible identificar problemas y elaborar propuestas; ejecutar las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida; estimular el desarrollo individual, comunitario y municipal; y consolidar el sentido de pertenencia e identidad de los ciudadanos a su comunidad y a las acciones que promueve el Ayuntamiento en favor del desarrollo integral.
Operar una política de descentralización de funciones, implica recorrer un camino que implica fortalecer la estructura comunitaria de participación ciudadana en las comunidades, barrios y colonias; acercar el asociativismo, la colaboración y la cogestión de los asuntos públicos de las y los ciudadanos; y provocar suficiente cohesión social para facilitar la gobernanza activa.
En este sentido, hay que proceder en primer término a consolidar operativamente los Consejos Municipales de Colaboración previstos en la ley; crear otras figuras de participación ciudadana y los espacios institucionales que propicien su operación; y generar la normatividad que los regule.
Con este propósito se puede pensar en recuperar otras figuras como las Juntas Cívico-Vecinales, a manera de unidad básica de participación; los Consejos Ciudadanos, como instancias de coordinación y representación para la atención de asuntos comunes de carácter municipal o regional; los Consejos Consultivos, como instancias de participación ciudadana, adyacentes a cada dependencia para la atención de asuntos específicos; los Observatorios Ciudadanos, como instancias técnicas de observación, análisis, evaluación y proposición de políticas públicas; los Parlamentos Abiertos, como espacios de expresión, propuesta, consulta para la mejor comprensión y atención de la problemática; los Laboratorios de Innovación Pública, como forma de organización multidisciplinaria, que colaboren creando valor público en la atención de problemas sociales y productivos; y facilitar la constitución y operación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo objeto social puede vincularse con las formas de organización mencionadas.
En segunda instancia, hay que replantear el establecimiento de la estructura de Delegados y Sub-Delegados Municipales, en términos de lo dispuesto por la Constitución y la ley. Debe considerarse que las Autoridades Auxiliares, son representantes del Ayuntamiento y extensión de la Autoridad Ejecutiva; su protocolo de actuación, debe posicionarlos como agentes del poder municipal, en las colonias, barrios y comunidades de la delegación o la subdelegación. Al ser representantes del gobierno municipal, podrán interactuar, ser interlocutores, y convertirse en puente y vínculo de las demandas de la población.
El concepto de autoridad auxiliar delegada, es inmanente a toda organización de autoridad. No tendría tal carácter si no fuera designada o mandatada por quien está investido de autoridad legítima. El ejercicio del poder del mandato delegado, se actualiza al momento de acercar a los gobernados un esquema de eficacia, eficiencia y funcionalidad de la gestión del gobierno.
Estas propuestas de reestructuración política deben inscribirse en el Acuerdo para una Nueva Gobernanza. Hay que enfrentar las severas dificultades de un eventual malestar social, con estructuras institucionales políticas, administrativas, orgánicas, programáticas, y presupuestales, que den respuesta a las legítimas demandas de la sociedad; garanticen que las arenas políticas de una nueva era de acción municipalista; reconozcan la exigencia de construir y ejecutar políticas públicas y programas de gobierno; y superen los intereses sectarios y de grupo, que pueden obstruir la autonomía del Ayuntamiento.
Agenda
- Ante la negativa del presidente López Obrador de apoyar a las MIPYMES, el Consejo Mexicano de Negocios y el BID-Invest, acordaron un programa para financiar líneas de crédito para factoraje inverso con tasas muy atractivas, hasta por 12 mil millones de dólares a 30 mil MIPYMES.
Por: Esteban Ángeles
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