Cuando los reporteros y periodistas me preguntan sobre la razón por la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de fiscalización, la respuesta que primero me viene a la mente es la falta de control interno en las dependencias públicas.
¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las instituciones? ¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén asuntos supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las instituciones respecto a los objetivos institucionales? La respuesta es la misma: por falta de control interno.
El control interno conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar casos potenciales de errores, abuso, desperdicio y corrupción al interior de las instituciones públicas.
Estoy consciente de que el concepto de “control interno” puede resultar complejo y ajeno; incluso suele pensarse que sólo se trata de la auditoría interna de una institución. Sin embargo, en términos generales, el control interno es el conjunto de medidas (incluida la auditoría interna) que instrumenta una institución para reducir riesgos y asegurar el cumplimiento de sus objetivos.
En cuanto a la percepción de lejanía o de poca relevancia, hay que destacar que, en la medida en que las instituciones públicas cuenten con un control interno efectivo, podemos confiar en que están cumpliendo con sus objetivos y haciendo buen uso de los recursos públicos que provienen de nuestros impuestos y que les son asignados para brindarnos bienes y servicios.
En este contexto, la promoción de la cultura del control interno y su evaluación se han convertido en un objetivo estratégico de la ASF. Así, como parte del más reciente ciclo de fiscalización, se realizó una evaluación de los sistemas de control interno que incluyó 290 entes públicos del Estado Federal Mexicano, de los cuales 279 corresponden al Poder Ejecutivo Federal, dos al Poder Legislativo, tres al Poder Judicial y seis a Órganos Constitucionales Autónomos.
La evaluación se realizó con base en un modelo denominado COSO, considerado internacionalmente como la mejor práctica en la materia. El principal propósito de este ejercicio es promover el establecimiento de sistemas de control interno, orientado al logro de los objetivos institucionales y la promoción de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión pública, así como la reducción de los espacios a posibles abusos, desperdicio y corrupción.
Los resultados de esta evaluación están disponibles en el sitio web de la ASF, como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 (www.asf.gob.mx). Entre los hallazgos cabe señalar que si bien se han emprendido acciones para fortalecer el control interno, aún son insuficientes para disponer de un sistema de control interno consolidado, integrado con los procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua.
El control interno de las dependencias del Estado es un pilar dentro de un esquema de rendición de cuentas; implica transparencia, evaluación e integridad. Contar con sistemas de control interno efectivos debe ser una prioridad en la vida pública del país.
Fuente: El Universal
