En la actualidad, los avances tecnológicos han venido a revolucionar la vida en sociedad, al grado tal que es cada vez más frecuente escuchar hablar de inteligencias artificiales, programas, softwares, robots y máquinas que evolucionan a pasos acelerados, para transformar nuestras relaciones interpersonales y, en general, las vidas de todos nosotros en sus diferentes facetas (laboral, educativa, sanitaria, económica).
En ese sentido, los procesos tecnológicos de hoy en día y sus diferentes herramientas no solamente se emplean con fines que favorecen el desarrollo humano, con miradas loables y éticas, sino que también la tecnología ha permitido el surgimiento de mecanismos que facilitan exponencialmente la materialización de conductas corruptas que dañan de forma cuantiosa la economía de los ciudadanos, empresas, instituciones y al Estado en general.
Como respuesta a esta problemática, a nivel global, se han formulado diferentes esquemas también tecnológicos y digitales para el combate a la corrupción. En el caso de México, se ha privilegiado la ruta consistente en frenar la corrupción (prevenirla, detectarla) a través del uso de plataformas y de mecanismos digitales. Como ejemplos de esto, tenemos a la Plataforma Nacional de Transparencia y a la Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción.
En el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, se trata de una herramienta digital que permite conocer información pública de interés y dar seguimiento y gestión al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia subsisten por parte del gobierno.
A través de esta sofisticada plataforma, las entidades públicas pueden difundir información relevante como sus planes, programas, proyectos, presupuestos, directorios, registro de sanciones, entre otros aspectos que son de interés ciudadano y que pueden -a su vez- constituir un insumo en dos sentidos: a) El proceso de fiscalización ciudadana a fin de conocer si los gobiernos cumplen con sus compromisos y; b) El ejercicio de otros derechos que dependen de conocer esa información, verbigracia, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, etcétera.
A su vez, la Plataforma Digital Nacional (PDN) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un instrumento de inteligencia institucional compuesto por elementos informáticos que integran y conectan diversos sistemas, subsistemas y conjuntos de datos estratégicos para el combate a la corrupción.
El potencial de esta plataforma radica en la reunión de información de diversas bases de datos, cuya interconexión permitirá que los mismos puedan ser reutilizados y analizados por diversos actores y, a partir de ello, se genere nuevo conocimiento y valor público. Solo por mencionar algunos de los sistemas que se agrupan en esta plataforma, tenemos aquellos relacionados con los temas siguientes: a) Declaraciones patrimoniales y de intereses; b) Servidores públicos que intervienen en contrataciones; c) Servidores públicos sancionados; d) Denuncias públicas; d) Fiscalización; y, e) Información pública de contrataciones.
En el caso de ambas plataformas (PNT y PDN), para maximizar su aprovechamiento, se precisa de la intervención de operadores o administradores encargados de manejar esa tecnología de manera inteligente, a fin de que no sean meros repositorios de información que no representen utilidad alguna, sino que se empleen con un sentido de investigación para realmente obtener resultados eficaces en contra de la corrupción.
Ahora bien, además de lo señalado, debe tenerse en cuenta que existen otras alternativas tecnológicas que actualmente podrían complementar el manejo de estas plataformas en nuestro país. Particularmente, nos referimos al uso de tecnologías que involucran procesos analíticos de alto volumen y velocidad (lo que es conocido como Big Data), que permiten la detección de amenazas internas con el estudio del comportamiento humano.
Estas opciones, podrían constituir una herramienta cuyo objetivo fundamental sea prevenir, detectar y castigar la corrupción, para lo cual se requieren mecanismos tecnológicos ágiles y de amplio alcance, que posibiliten actuar en consecuencia. Como ejemplo, debe señalarse que existen softwares que, a través del uso de inteligencia artificial, identifican patrones de conductas humanas, alertando sobre comportamientos sospechosos. Entre otras cuestiones, el manejo de estas alternativas permite:
- Generar perfiles de probables responsables de actos corruptos;
- Diagnosticar riesgos de corrupción;
- Identificar amenazas de este tipo de conductas;
- Prevenir actos indebidos;
- Mejorar los controles internos y generar políticas institucionales de respuesta frente a estos escenarios.
A través de bases teóricas que combaten al fraude y a la corrupción en los ámbitos penal y administrativo, estos softwares posibilitan la toma de decisiones por parte de quienes intervienen en la administración pública (e incluso en el ámbito privado) una vez que se han identificado los riesgos de corrupción, lo cual no quiere decir que todos los casos sobre los que exista una alerta (o también llamada bandera roja) sean, siempre y en todo momento, constitutivos de corrupción, sino que constituyen indicios o indicativos de dichas conductas y lo que hacen estos tipos de sistemas tecnológicos, es recolectar, almacenar y procesar esa información para que -de manera documentada- se puedan determinar las acciones a seguir, conforme a la magnitud de los escenarios planteados y no de manera hipotética, desinformada o al azar.
De este modo, los sistemas informáticos a que nos hemos referido y, en particular este tipo de software, representan una oportunidad adicional a la plataformas ya existentes en México, para enfrentar la corrupción. Se trata de modelos tecnológicos hacia los que -en algún momento- será necesario transitar, al ser más inteligentes, ágiles y funcionales, lo que permite no solo tener un contenedor o repositorio de información (sin mayor valor analítico), sino la ejecución de revisiones en tiempo real, que -de manera predictiva, estable y segura- pueda identificar y alertar sobre los riesgos de corrupción, con el objeto de que se instauren las medidas y acciones pertinentes por parte de quienes están a cargo de ello.
Algunos ejemplos de los mecanismos tecnológicos a los que hemos aludido, son las herramientas de procesamiento analítico en línea como las que existen en Brasil, los sistemas de control previo y posterior como los que operan en Rumania o los softwares especializados en el combate al fraude y la corrupción como los que se han puesto en marcha en Colombia.
Desde luego, no se trata de generar copias ni de implantar a la fuerza modelos exactos que constituyan una camisa de fuerza para el caso mexicano y que al final de cuentas representen un gasto innecesario que genere nulos resultados.
En realidad, se precisa de estudios que consideren las circunstancias propias de nuestro país y aprovechen la tecnología que en otras latitudes se ha probado para que, al ser adaptada a nuestro caso, nos permita tener resultados más eficaces en contra de la corrupción.
Al final, nos parece que la tecnología puede ser un elemento útil y un aliado importante en el combate a este flagelo en México, por ello, las herramientas con que hoy se cuentan, deben perfeccionarse y, de forma complementaria, transitar a novedosos recursos electrónicos y digitales (sistemas) que -respetando las normas legales que rigen la privacidad o confidencialidad de cierta información- posibiliten reaccionar frente a conductas ilegales, pero sobre todo, prevenirlas con el conocimiento que ya se tiene en las instituciones públicas (bases de datos, antecedentes de corrupción, etc.). De esta manera, creemos que se podría potenciar la eficacia de nuestras acciones anticorrupción y aspirar a un régimen más eficaz al momento de exigir y rendir cuentas de los recursos públicos.
