La carencia de transparencia legislativa a nivel internacional, se ha convertido en una amenaza creciente para la democracia al obstruir el espíritu de los pueblos que claman por edificar un Estado Abierto.
Certidumbre, probidad y transparencia, ocupan un espacio preponderante en la labor parlamentaria, que exige aperturar las funciones operativas en la construcción de las leyes que estabilizan y armonizan la relación sistémica societal, así como racionalidad en la toma de decisiones para la conducción del Estado Democrático de Derecho.
En este sentido, de acuerdo al Diagnóstico de Parlamento Abierto en México, un parlamento es abierto, cuando “proporciona la información sobre actividades, procesos y decisiones legislativas en bases de datos con formatos abiertos que permiten conocer, analizar, supervisar, investigar y evaluar el desempeño de representantes, comisiones, actividad en pleno, asistencias, votaciones y uso presupuestal.”
El análisis crítico del Parlamento Abierto (Open Parliament), indica que los congresos a nivel nacional y local, no suelen ser espacios donde la ciudadanía y sus representantes coexistan en un ámbito de deliberación y debate horizontal para la toma de decisiones, ni en la corresponsabilidad democrática de co-creación en el ejercicio de gobierno.
Esta anomia sustantiva de la actividad legislativa, al operar al margen de la ciudadanía, hace de la representación parlamentaria un escenario proclive a la opacidad, contrario a los genuinos intereses del pueblo y la Nación.
A l respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el año 2013 publicó un análisis comparado sobre probidad y transparencia parlamentaria en América Latina. Sus hallazgos advierten como lógica mínima de la estructura normativa de un parlamento democrático, primacía de la representatividad, transparencia, accesibilidad, responsabilidad y eficiencia, apegados a protocolos que profundicen las responsabilidades de los legisladores, como sujetos obligados, y a la ampliación y creación de mecanismos para a horizontalizar su labor con la ciudadanía.
La dicotomía del resguardo de intereses partidistas y personales de los legisladores, frente a los de la ciudadanía, constituye un déficit directamente proporcional al grado de opacidad y discrecionalidad de las operaciones en las cámaras, problema que provoca una crisis del principio de representatividad, que margina las sentidas demandas ciudadanas y ocasiona la pérdida de legitimidad de las acciones del gobierno; cuestiones que se convierten en la antesala de la descomposición social y hacen de la ingeniería constitucional, letra muerta.
Si admitimos que la actividad legislativa es la arteria principal del flujo normativo que armoniza la convivencia social, al otorgarle máxima racionalidad al orden sistémico, podemos apreciar que buena parte de la estabilidad ciudadana-social, el procesamiento del conflicto y la dignidad humana, están en función de la capacidad de sujetar las decisiones legislativas a un modelo de Parlamento Abierto.
En este sentido, siempre resultará loable el esfuerzo del gobierno y la sociedad civil por construir más y mejores mecanismos de transparencia con un sentido de transversalidad que constituya el vector del control y moralización de las acciones públicas.
Son ejemplos claros, pero aún insuficientes, los avances que ha registrado la reinstitucionalización del poder público, hacia un mayor escrutinio y corresponsabilidad ciudadana, que cobran vida en el Sistema Nacional Anticorrupción, la Alianza para el Gobierno Abierto y el Sistema de Transparencia Gubernamental. Sin embargo, se debe ir más allá, porque la demanda social sigue siendo ciudadanizar las estructuras públicas; precisamente porque son públicas y no pueden erigirse en feudos de una clase política que le da la espalda a la ciudadanía.
¿Cuál es el salto cualitativo que distingue las acciones gubernamentales de un régimen democrático?
Hacer público lo que es público para que el ciudadano recupere de la política, la virtud de su espíritu democrático.
Es necesario trascender desde la legitimidad del Parlamento Abierto y construir un Sistema de Participación Ciudadana que afiance la voluntad de una soberanía popular verdadera, donde sea el pueblo el artífice de un congreso que, como espacio democrático, cumpla la ley y se exprese en la probidad pública, que custodie y salvaguarde el ejercicio del quehacer institucional.
No se puede construir un Parlamento Abierto, allí donde no existe un Gobierno Abierto, en el que la horizontalidad y ciudadanización institucional son una visión normativa y transversal de todo el quehacer público, y donde sistemáticamente la sociedad hace de la participación ciudadana, el instrumento que escruta la labor pública y la acompaña en la toma de decisiones.
Este esfuerzo ciudadano por instaurar el Parlamento Abierto y un Sistema Estatal de Participación Ciudadana, convergen como camino cierto para desterrar el déficit de probidad, de credibilidad y de confianza en las instituciones, que hoy amenaza con derrotar a la Nación.
Mauricio Merino Huerta afianza este planteamiento, al señalar que “…la corrupción es la apropiación ilegítima de lo público, de lo que nos pertenece. Necesitamos combatir la corrupción para generar una sociedad igualitaria, una sociedad en que los recursos se distribuyan equitativamente.”
Hoy se une a esta reivindicación ciudadana, la iniciativa “NOSOTR-X-S”, movimiento que busca desde la ciudadanía, reconstruir la democracia para hacer valer la ley, fortalecer el ejercicio de nuestros derechos y exigir el respeto irrestricto de la legalidad en todo el país (www.nosotrxs.org).
La ciudadanización institucional no se puede quedar a la zaga en la toma de decisiones porque de ello depende la operatividad del gobierno y la armonización social. La brújula política indica que un Estado es fuerte cuando su ciudadanía es partícipe de sus acciones; lo contrario es la autocracia o la dictadura.
Agenda
- El Gobernador Omar Fayad Meneses anunció ocho nuevas inversiones en Hidalgo, por un monto $3,325 millones de pesos, que crearán mil empleos directos y 2900 indirectos, e instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, en el que participan los tres órdenes de gobierno y diferentes sectores de la sociedad civil, con la encomienda de prevenir y atender los riesgos derivados del cambio climático.
- En la 52ª reunión ordinaria de la CONAGO, el Presidente Enrique Peña Nieto instó a los gobernadores a redoblar esfuerzos en el combate a la violencia y la delincuencia.
- En la propia reunión, Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, al presentar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCÍVICA) 2017-2023 (http://bit.ly/2dCqkMd), expresó que para fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, es necesario “…contribuir al desarrollo de políticas públicas que nos ayuden a modificar la cultura política del México pre-democrático y a construir un nuevo paradigma cultural que rechace la corrupción, que se indigne ante la desigualdad, y que canalice su descontento o sus inquietudes mediante acciones en el espacio público”.
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