El dilema de la democracia es que una vez conferido el mandato a los gobernantes y representantes populares, su cumplimiento no siempre es sometido a los controles de la rendición de cuentas, ni es acompañado de una toma de decisiones horizontal y mucho menos asociativista. Amarga realidad para el pueblo, que queda marginado y a merced de las élites del poder.
Empero, la confianza depositada en las urnas que hoy erige a Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República, no puede ser expuesta por el Primer Mandatario sembrando dudas sobre el ejercicio de gobierno, al solicitar la revocación de su mandato.
En contraste con este despropósito, que pretende generar aun mayor legitimidad, obviando lo dispuesto por la estructura constitucional e ignorando que la evaluación del ejercicio público, “…exige contar con instituciones públicas eficientes que generen y distribuyan bienes públicos con eficacia y con justicia; priorizar la rendición de cuentas a las instituciones establecidas para este propósito; y acreditar al tejido social un desempeño eficaz, que apegado a la legalidad, reconozca el valor humano de un buen gobierno.” Perspectiva 30 de abril de 2018
El papel vital de la rendición de cuentas, de acuerdo a Edna Jaime, estriba en “…la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por su conducta, que se vean forzados a justificar y a informar a la sociedad sobre sus decisiones y que puedan ser sancionados por ellas.”
No se trata de legitimar lo ilegítimo o de defender lo indefendible. El ejercicio de gobierno es delicado y complejo. No se puede postular la guillotina como forma de control de las acciones de representantes populares y servidores públicos, porque se confunden las intenciones “buenas o malas”, al someter a juicio el poder que provino de la voluntad ciudadana.
La minuta de reforma constitucional de la Cámara de Diputados, que ha comenzado a dar cabida a la revocación de mandato, no fortalece los controles del mismo, porque politiza los instrumentos en los que se funda la confianza y credibilidad del Estado.
En este trazo es necesario reconocer que México ha atravesado por un sinnúmero de abusos de poder. La corrupción e impunidad infringieron una dolorosa herida a la ciudadanía, que se profundizó ante el descrédito y la pérdida de confianza de partidos políticos y causó una erosión institucional al sistema de gobierno.
De forma y fondo, estos argumentos sirvieron para que el juego de pesos y contrapesos, más allá de los Poderes Públicos, generaran nuevos elementos para aspirar a perfeccionar las condiciones de una democracia inteligente y abierta, aún insuficiente, pero no débil, sino en constante rearticulación.
Ha emergido un entramado jurídico que fortalece al sistema político. Se crearon nuevas instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como los organismos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyo peso democrático y político es indiscutible en el marco del ejercicio de gobierno.
En esta tesitura, las estructuras institucionales son un vínculo de confianza social, que hacen posible que el Estado genere condiciones de certidumbre en las acciones de gobierno, basadas en el respeto al Estado Democrático de Derecho, lo cual impone cumplirlo, nunca demeritarlo ni debilitar su estructura.
Por ello, las disposiciones contenidas en el Contrato Social, que imperan sobre un servidor público, constituyen los argumentos necesarios para exigir, auditar y sancionar el cumplimiento de las responsabilidades públicas. En base a la Ley, escrutar su perfeccionamiento y calidad, no significa poner en duda los principio valóricos de la democracia, ni que la duda social haga del ejercicio de gobierno un viacrucis político.
La antidemocracia que genera la revocación de mandato tiene sabor a despotismo político, porque el mismo Presidente de la República es quien pide la revocación, al erigirse en juez y parte de lo que debe o no decidir la ciudadanía. Luis Carlos Ugalde lo expresa así: “…el objetivo primigenio es deponer a un presidente quien, por incapacidad, traición a la patria o cualquier otra razón ha perdido la confianza de la población. Por eso resulta ilógico que la pueda solicitar el mismo Presidente que sería removido del cargo. Quien lo debe solicitar son las personas o los partidos que enarbolen la causa, no el presidente en funciones o su partido político...”
Una democracia progresista no crea en el ciudadano dudas mordaces que lleven a la confrontación social, por el contrario, abre el espectro político para que desde el asociativismo inteligente, mesurado y equilibrado, el ciudadano encuentre un espacio para construir más y mejor política, hacer más y mejor gobierno, edificar el procesamiento del conflicto como una expresión proclive a la armonía y a la paz social, no al autoritarismo político. Esto, a pesar de ser claro, merece una reflexión desde la conciencia.
La historia nos brinda certidumbre y el espacio suficiente para entender que la génesis de la política en la Revolución Francesa, era hacer válidas las conquistas sociales para generar equidad y concordia. Sin embargo, la vista de muchos revolucionarios se nubló, creando una época de terror donde los excesos en nombre de “la libertad, la igualdad y la fraternidad”, sólo generaron muerte y desolación volviendo al ciudadano enemigo de sí mismo.
En las últimas elecciones, la investidura presidencial transitó por un proceso de legitimidad inédito. Hoy el Presidente López Obrador goza de una aprobación de mandato que oscila en el 80% del favor ciudadano, condiciones que no pueden ser echadas por tierra ante planteamientos vehementes, que pretenden incrementar la confianza en este encargo público y que pueden generar lo contrario.
No vale la pena abrir la Caja de Pandora tratando de obtener un dividendo político innecesario. En política, “la suspicacia y la sospecha son buenas compañeras de las dobles intenciones” y suelen causar estragos, jugando al gatopardismo encubierto o disfrazado. Retrotraer la guillotina que causó el terror y la desolación en los ciudadanos, implica tirar por tierra una transformación social tan icónica como lo fue la Revolución Francesa.
México no puede caer en la encrucijada del terror político para tratar de trascender en un monopolio del poder. Nuestro Contrato Social lo dejó claro al ser parido desde una transformación vital de la Nación: la Revolución.
Agenda
- La reunión privada del Presidente López Obrador con el yerno de Donald Trump en la casa de Bernardo Gómez, ejecutivo de Televisa, coincide con el nombramiento del nuevo Embajador de Estados Unidos en nuestro país. Estas son las prácticas políticas del nuevo gobierno.
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