En las próximas entregas de esta columna analizaré algunos aspectos de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador. Aquí argumento que, en buena lógica populista, éstas modifican las reglas de acceso y ejercicio del poder para regresar al modelo presidencial de partido único. Este movimiento tiene varias piezas, aparentemente sin relación, pero que puestas en conjunto muestran claramente la intención.
Primera pieza. La eliminación de 200 diputados y 64 senadores plurinominales, para que la Cámara de Diputados quede integrada por 300 miembros y el Senado por 64, todos electos por el principio de mayoría relativa. Es decir, volveríamos al sistema de representación que tuvimos la mayor parte del siglo pasado.
La representación proporcional es una pieza clave para asegurar la pluralidad en el Congreso, pues evita la sobrerrepresentación y permite que las minorías tengan un espacio. Gracias a ella, el PRI perdió la mayoría absoluta en las cámaras y la pluralidad política del país se expresó, sin generar ingobernabilidad.
La reforma propuesta por López Obrador facilitaría que el partido mayoritario (Morena) tuviera mayoría absoluta en el Congreso, prácticamente sin sombra de la oposición. Y así, el presidente controlaría el Congreso.
Segunda pieza. La reforma judicial, en particular la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este cambio, más allá de sus formas y justificaciones, implicaría que jueces y magistrados estarían sujetos a un procedimiento de selección que necesariamente los pondría en manos de los partidos. Morena tendría un triple seguro: los procesos de postulación, de elección y el mecanismo disciplinario que quedaría bajo su control. Así, el Poder Judicial quedaría capturado por la política y la presidencia aseguraría su control indirecto.
Tercera pieza. La desaparición de algunos de los órganos con autonomía constitucional. Sobre éstos hay mucho que decir —sobre esto volveremos—, por ahora baste señalar que ejercen funciones que fueron parte del Poder Ejecutivo y que se separaron justamente para evitar la toma de decisiones basadas en la política. Estos órganos funcionan en la lógica de una división de poderes más compleja y constituyen contrapesos al Ejecutivo. Esto es lo que más incomoda a López Obrador, quien los considera una especie de gobierno paralelo fuera de su control. Por ello propone su desaparición y que sus funciones regresen a la órbita del Ejecutivo.
Así, amable lector, haga Usted las cuentas. El presidente tendría control del Congreso, jueces capturados por los partidos y desaparición de las autonomías constitucionales. Ningún presidente del antiguo régimen tuvo tanto. Y ahora, se busca intencionalmente un diseño que lo generará. ¿Es este el régimen presidencial que queremos?
Fuente: Milenio
