El 2014 finalizó sin que la clase política mexicana hubiese alcanzado los consensos indispensables para dar forma al Sistema Nacional Anticorrupción que tan indispensable resulta a la sociedad en nuestro país.

Llama poderosamente la atención la falta de consensos políticos en esta materia dada la notoria contradicción con los acuerdos alcanzados para aprobar las múltiples reformas constitucionales y legales que han tenido lugar en la sede legislativa en los últimos dos años.

Así las cosas, hemos visto ya diferentes propuestas anticorrupción por parte del Ejecutivo Federal y de las fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, que van desde la inicial Comisión Nacional Anticorrupción, el ya mencionado Sistema Nacional Anticorrupción y –más recientemente- el Consejo Nacional de Integridad Pública. Esquemas, denominaciones y propuestas van y vienen sin que se llegue a un consenso.

Cabría preguntarse si las razones por las cuales no se han podido concertar las voluntades del Ejecutivo Federal y de los Diputados y Senadores atiende exclusivamente a problemas de diseño o más bien corresponde a los intereses generados por tener el control de las acciones de un Órgano o de un Sistema Anticorrupción.

Ésta última respuesta nos parece es la más cercana a la realidad, muestra de ello lo constituye la propuesta hecha recientemente para que el Presidente de la República encabece un Consejo Nacional de Integridad Pública conformado por los gobernadores de los estados y otros actores políticos del país, es decir, se pretende que los mismos sujetos que deben ser fiscalizados definan, orienten y controlen el rumbo del combate a la corrupción, lo cual –sin duda- lo volvería aún más ineficaz al permitir amplios márgenes de discrecionalidad y el manejo político de las sanciones legales.

Está ya documentado que el actual régimen de responsabilidades en nuestro país es ineficaz e insuficiente para combatir la corrupción,[1] basta echar un vistazo a las sanciones administrativas impuestas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos de Control Interno para percatarnos que más del 80% se impusieron con motivo de algún incumplimiento formal en la declaración patrimonial o alguna negligencia administrativa, mas no por la detección y castigo de actos corruptos.

En consecuencia, los mecanismos con que hoy contamos, basados en castigar infracciones administrativas de carácter menor no pueden considerarse en su conjunto como un sistema funcional para desalentar la corrupción y sancionarla, por lo que resulta indispensable –por encima de la falta de consensos políticos- repensar e insistir en la creación de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y combate a la Corrupción en México serio, coherente, bien diseñado y acorde a las mejores prácticas internacionales en la materia.

 El momento histórico y político en que nos encontramos, con un proceso electoral en marcha, en donde se renovará la Cámara de Diputados, además de gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales es el contexto idóneo para que la ciudadanía mexicana pueda demandar acciones inmediatas en contra de la corrupción, mediante la implementación de un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y combate a la Corrupción.

Es el tiempo de exigir a nuestros representantes populares que se retome con firme voluntad y decisión política los trabajos para crear un sistema de ese talante, previas las reflexiones importantes acerca de las debilidades que se tienen en el marco normativo, organizacional, competencial y de procesos en temas tales como la consolidación de los archivos gubernamentales, la transparencia institucional, el ejercicio del derecho de acceso a la información, el robustecimiento de los procesos de control interno, la mejora de los sistemas de fiscalización, la celeridad y eficiencia de las auditorías de los recursos públicos y la exigencia de las responsabilidades administrativas y penales tanto a nivel federal como en las entidades federativas y municipios.

La ciudadanía debe hacerse escuchar en este proceso electoral a través de la participación social responsable, exigiendo un servicio público honesto más allá de los intereses partidistas o privados, demandando compromisos públicos que remuevan la inercia que existe y que no permite transformar el marco jurídico ambiguo, las estructuras desfasadas, los procesos administrativos lentos y la impunidad en el castigo de las infracciones y delitos cometidos por los servidores públicos corruptos.

Si el gobierno, los partidos y los principales actores políticos aspiran a contar con el respaldo ciudadano en las elecciones que se avecinan, están llamados y obligados a atender la exigencia de una mejor rendición de cuentas y combate a la corrupción, recuperando lo mejor de los trabajos y propuestas que desde hace tiempo -en paralelo y de manera permanente- instituciones académicas y profesionales especializadas y comprometidas han venido formulando,[2] de no ser así, sin duda recibirán el castigo en las urnas y pagarán un alto costo en el sostenimiento del control del poder político que hoy tienen.

[1] Cfr. Kaiser, Max, El Combate a la corrupción. La gran tarea pendiente en México, ITAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2014, passim.

[2] Véase la propuesta de la Sociedad Civil Unida para un Sistema Nacional Anticorrupción: http://rendiciondecuentas.org.mx/wp-content/uploads/2014/12/Comunicado-SNA.pdf, así como el Programa Especial de Rendición de Cuentas de la Red por la Rendición de Cuentas: http://rendiciondecuentas.org.mx/PERC/