Agencias. Ciudad de México. 12 de febrero de 2019
La vorágine de reformas constitucionales al parecer terminó. Al cierre de los trabajos de la conferencia parlamentaria, el presidente del Senado declaró: “Hemos logrado el acuerdo entre las fuerzas políticas para conseguir las reformas legislativas que el país necesita, México está ahora a la vanguardia no sólo con una Constitución moderna, también con instituciones novedosas.”
Se trata de la mayor cantidad de cambios al marco jurídico e institucional desde 2014. Ufano, el líder de la oposición señaló: “Es una victoria ideológica nuestra, contamos ahora con cinco nuevos órganos constitucionales autónomos. La construcción de obra pública no será nunca más un asunto de clientelas gracias al Instituto Nacional de Infraestructura, los juegos y sorteos no volverán a ser botín de una camarilla en el poder, pues consejeros ciudadanos determinarán los pronósticos y el melate, lo mismo que la Comisión Única para el Precio de la Tortilla, el Comité Central para la Extinción Gradual del Federalismo o el Instituto Autónomo para la Promoción del Deporte y la Consolidación del Futbol Nacional. La modernidad institucional llegó para quedarse”.
En total, los órganos constitucionales autónomos del país suman diecinueve, un número ligeramente alto, según algunos especialistas. “Son las instituciones que el país requiere, quienes las critican están en contra del progreso de México”, dijo el secretario de Gobernación en su discurso. Analistas consultados advierten los problemas que genera la modificación recurrente del marco constitucional y la proliferación de instituciones. El presidente del recién creado Consejo de Órganos y Organismos Constitucionales Autónomos, Semiautónomos y Cuasiautónomos, difiere de dicha consideración y de paso manifestó estar dispuesto a trabajar con los nuevos cinco agremiados. “Veremos cómo se distribuyen sus nombramientos entre los partidos. Pero debo decir que con la desaparición y aparición de tanto órgano constitucional y con las remociones reiteradas de consejeros, autoasignarse cuotas es un simple trámite para la clase política.”
Las reformas a 22 artículos constitucionales ordenan, además, la aprobación de setenta y cuatro leyes secundarias, sumado a una disposición presupuestal de casi treinta mil millones de pesos. El reto legislativo parece titánico, aunque al interior del Congreso y en la Secretaría de Modificaciones Constitucionales esto parece no intimidar. El presidente de la Junta de Coordinación Política ha dicho: “Si pudimos agregarle casi doscientas cuartillas a la Constitución y publicarla en tan sólo once días, recibiendo aprobaciones de Congresos locales incluso antes de enviar la reforma, no veo por qué no podamos sacar las secundarias.”
Como en todo, hay detractores. La diputada Carrasco, del Partido Centro de Educación Artística ha reclamado: “Nuestra bancada —dijo airadamente a una importante empresa mediática a la que se le vincula— impulsó tres cambios que no fueron incluidos por intereses mezquinos y facciosos: las cuotas obligatorias de personajes mediáticos en las cámaras de representantes; los requisitos constitucionales de antecedente televisivo para ser primera dama; y la transferencia directa de la propiedad de los bienes públicos a sus concesionarios”.
Al encuentro asistieron importantes líderes de sectores económicos. El presidente de la Cámara de Inversiones Novedosas señaló su beneplácito. Estos cambios —dijo— vienen a consolidar los logrados en 2016 y 2017. La liberación de sectores en los que había monopolios permitirá el crecimiento que llevamos décadas esperando. Se refiere a la reciente privatización de los centros penitenciarios; las áreas naturales protegidas; el registro civil; las zonas arqueológicas y las aduanas. El país está cambiando, coincidieron los asistentes.
El autor es Director ejecutivo de Fundar
Publicado en El Universal
