La expresión open data, yo diría que por la prisa, se trasladó al discurso político de nuestro país, más que en otros de Latinoamérica, como “gobierno abierto”.
Ello ocurrió gracias a la política de open goverment impulsada por el Presidente Barak Obama, vía su memorando del 21 de enero de 2009; lo que desembocará en la Open Goverment Partnership que nace formalmente el 20 de septiembre de 2011. La fundan ocho gobiernos, entre ellos México. Se dice en su página web que “En total, 75 países participantes de la OGP y 15 gobiernos subnacionales han realizado más de 2.500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables.”
Y aquí es donde nos parece que puede encontrarse la clave de la inconformidad manifestada por las diez organizaciones de la sociedad civil, en México para salirse, del Secretariado Técnico Tripartita (STT) de la Alianza por el Gobierno Abierto. Ya que en el fondo están denunciando que el gobierno de Peña no está siendo responsable.
En tal sentido es que desde Calderón podemos identificar que el gobierno abierto prácticamente se ha quedado en el discurso. Se habría comprometido tan nefasto personaje a: “Aumentar la integridad pública, manejar más eficientemente los recursos públicos, aumentar la rendición de cuentas corporativas y mejorar los servicios públicos.”
El deterioro total ha sido ahora con el actual gobierno y la evidencia más vulgar es el espionaje digital sufrido por Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, y otros dos investigadores. Todo indica que fue realizado desde el gobierno federal. Quien, denuncia el activista no ha dicho una sola palabra, pese a la presión nacional e internacional.
Desde el memorando de Obama, mencionado al principio se destaca que el segundo de tres ejes de un gobierno abierto es el de la colaboración, la que “supone la cooperación no sólo con la ciudadanía, sino también con las empresas, las asociaciones…”
De ahí que debemos considerar grave que se fracture el esquema del STT, precisamente porque la sociedad civil organizada, ahí representada, pierde la confianza en los agentes del gobierno.
Tratando de llamar la atención en lo importante y no en lo superficial, podemos identificar en el Tercer Plan de Acción 2016-2018 la cuestión de fondo que parece habrían motivado el espionaje.
De entrada hay que reconocer cierta postura radical, en el sentido positivo de ir a la raíz de la problemática, que caracteriza a dicho plan, partiendo de que, precisan que “una de las principales características de este plan radica en su estrecha relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030” de la ONU. Integrada por “17 Objetivos del Desarrollo Sostenible cuyo objetivo (es) poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030.”
El quinto eje enlistado en aquel plan se denomina “Obesidad en niños y adolescentes”. Tema de preocupación de Alejandro Calvillo que lo ha enfrentado directamente con las grandes corporaciones, como Coca-cola. Y a manera de compromiso a cumplir para el 2018 se define la siguiente meta: “Fortalecer las acciones de promoción a la salud dirigidas al reconocimiento de la obesidad como enfermedad, involucrando a la población y a todos los niveles de gobierno por medio de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que eviten el potencial conflicto de intereses en todo el ciclo de las políticas públicas en la materia.”
Indudablemente no se evitó tal conflicto de intereses, porque mientras El poder del consumidor a identificado y atacado con gran creatividad (escúchese las rolas de dulce agonía) al refresco mencionado arriba como uno de los principales causantes de la obesidad y la diabetes en México, Peña Nieto declara, en evento con directivos de dicha compañía que él “toma coca todos los días…”
Por ello es que tiene razón el Comisionado Joel Salas al señalar en un artículo del 3 de marzo pasado, al decir que urgía aclarar el caso por dos razones: “descartar que las instituciones del Estado estén detrás de los posible ataques, así como explicar por qué se comprometen acciones de gobierno abierto contra la obesidad y, al mismo tiempo, asegurarnos que no se utilicen instrumentos de espionaje, en principio de uso exclusivo del gobierno, para intimidar activistas.” (negritas y cursivas nuestras).
Pero pasaron tres meses y no se aclaró nada. Valiente y valiosa resulta pues la retirada de las organizaciones de la sociedad civil del STT. Esperemos que esto catalice una solución al lamentable caso y sirva de acicate para no permitirle al gobierno que utilice el noble propósito del gobierno abierto como discurso demagógico.
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