En medio de la adversidad de la crisis global de salud por la pandemia de COVID-19 y por la recesión económica mundial, la sociedad mexicana debe ser ampliamente reconocida por su capacidad orgánica para encarar estas graves contingencias, frente a un Estado que ha sido rebasado por no asumir su rol de conductor social, causando un malestar social de grandes dimensiones.
Resaltar este hecho es importante, significativo y premonitorio de que no veremos en el futuro acciones gubernamentales para resarcir los daños psicosociales y económicos que sufrirá la población y la planta productiva nacional.
Por esta razón, es fundamental que los partidos políticos y candidatos que participan en el proceso electoral municipal del próximo 7 de junio en el Estado de Hidalgo, se impongan el compromiso de reestructurar las relaciones gobierno-sociedad civil, sabedores que el Artículo 115 constitucional, al reconocer al Ayuntamiento la calidad de Orden de Gobierno dentro de la organización política de la República, le otorga atribuciones para actuar y enfrentar los impactos de estas crisis, de manera concurrente.
La prospectiva respecto a los avances, efectos y consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia del Coronavirus COVID-19, es un desafío de forma y fondo para anticipar futuros escenarios, que permitan, primero, planear la manera de enfrentar este problema de salud pública, y segundo, actuar en sintonía con los impactos en el dinamismo de la planta productiva, y por ende, en la estabilidad económica y financiera de la Nación.
Partidos, candidatos y ciudadanos deben crear una nueva conciencia sociopolítica que reestructure las lógicas del quehacer público y del sistema político; salvaguarde la integridad gubernamental para un desarrollo humano digno y seguro; y redimensione en el marco de los intereses superiores de la Nación, las responsabilidades y las relaciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal.
El principal reto para los nuevos Ayuntamientos en materia de salud, es solventar la carencia de políticas públicas para atender el tipo de pandemias como el COVID-19, por lo que es imperativo que como orden de gobierno, exijan replantear el trabajo sustantivo del gobierno federal con los gobiernos locales y municipales; establecer estrategias congruentes con las necesidades de la población; garantizar una funcionalidad eficaz y eficiente; y consensuar una nueva orientación del presupuesto público de este Ramo.
Estas exigencias deben integrarse en una iniciativa que permita al Ayuntamiento impulsar una Concertación Progresista, queen un contexto de armonización legal y constitucional, promueva la interacción política para un nuevo paradigma que redistribuya competencias y precise en los Consejos de Salud Municipales, las acciones concurrentes de cada orden de gobierno; la obligación en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y el reconocimiento expreso de que la prestación de los servicios públicos como el agua potable, el drenaje, la recolección, traslado y disposición de residuos sólidos, están vinculados y contribuyen directamente a la preservación de condiciones de salubridad.
No es posible seguir tolerando el voluntarismo en el ejercicio de gobierno, que desde la verticalidad dicta recortes presupuestales al sistema de salud y causa la escasez de medicamentos, despidos de personal, insuficiencia de equipos, materiales e insumos. Acciones nefastas que han provocado el amargo extravío de una institución vital para el equilibrio y salvaguarda de la salud de la sociedad y de la seguridad nacional.
Por si todo esto fuera poco, los efectos inmediatos de la crisis económica y de la pandemia global, obligarán al gobierno a reestructurar las finanzas públicas, reducirán la recaudación de impuestos, disminuirán los ingresos públicos, forzarán recortes presupuestales, participaciones y aportaciones.
A estos nocivos efectos, se sumarán las graves consecuencias de la recesión económica: pérdida de empleos, caída del ingreso de las personas, reducción del consumo, incremento de la inflación, desplome de las remesas de migrantes, abatimiento del turismo, el comercio y los servicios, caída de la inversión productiva, derrumbe de los petroprecios, degradación de la calificadoras, riesgo de una corrida en contra del peso, desplome de las exportaciones, hechos que entre otros, estarán impactando a una población lastimada, decepcionada, desesperada y sin alicientes ni esperanza para construir el porvenir.
Partidos políticos y candidatos no pueden ser omisos ni ignorar este escenario. Con plena consciencia de su responsabilidad, tienen que percibir la realidad y reconocerse en ella, reconfigurar sus plataformas y programa de acción, y presentar al electorado una oferta política con una visión renovada; asumir el compromiso de materializar la vigencia del Derecho Humano al Buen Gobierno; ejercer un gobierno horizontal, abierto, transparente y en público; y hacer que la participación ciudadana en la toma de decisiones, sea la premisa que le otorgue no sólo legitimidad política, sino funcionalidad y resultados eficaces.
El imperativo político del Ayuntamiento, como órgano de gobierno, es reconfigurar sus estrategias y mecanismos para ser instrumento de cohesión y armonización social; desempeñar una gestión sustentada en la comprensión y manejo del marco jurídico municipal; concretar resultados; y responder de manera pronta y expedita las sentidas demandas de la población.
Es necesario que los próximos Presidentes, Síndicos y Regidores, conozcan el entramado jurídico municipal para ejercer plenamente las acciones de gobierno, ya que sus alcances y significado jurídico, administrativo, político y social, permitirá al interior del Ayuntamiento, concertar acciones primordiales para el bienestar, la dignidad y el desarrollo humano y al exterior, concatenarlas con los intereses de los diferentes sectores de la sociedad.
Estos mandatos que hacen del Ayuntamiento un orden de gobierno con libertad política, independencia económica y personalidad jurídica, son la esencia en que debe descansar la organización municipal, para que, acorde con el dinamismo de integración social, sean el ámbito obligado de reflexión en el que los nuevos Ayuntamientos hagan de su praxis política y administrativa, una ventana de oportunidades para que la reestructuración asociativista y la nueva pluralidad sean una lección histórica.
Agenda
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- S&P cambió la nota soberana de México, dijo que la perspectiva es negativa debido a que se prevé continúe la tendencia a la baja del crecimiento.
- Mediante una consulta popular se canceló la construcción de la cervecera de Constellation Brands en Mexicali, B.C. Los representantes empresariales consideraron que esta falta de respeto al Estado de Derecho acabará con la confianza de los inversionistas.
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