In memoriam de Juventino Pineda Pinto

Año con año, observo la entrega del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados de nuestro H. Congreso de la Unión y las subsecuentes “mesas o reuniones de análisis” que hace la Comisión de Vigilancia de la ASF; incluso, he sido invitada como observadora a dichas reuniones de análisis en un par de ocasiones.

Año con año sucede lo mismo y mi perplejidad reaparece por lo que comparto con los lectores mis argumentos y apreciaciones de lo que sucede y lo que debería suceder:

-La ASF es un órgano técnico especializado de toda la Cámara de Diputados y no de una Comisión, y aunque no hay un carácter vinculante de las observaciones contenidas en esos Informes con los sujetos fiscalizados, deberían ser analizados y tomados en cuenta para sus decisiones, por los diputados en particular, por todas la Comisiones y por el Pleno. Bastante extraño es el hecho de que este órgano de control externo solo se relacione con una cámara y no con el poder legislativo en su conjunto como sucede en otros países.

-La Comisión de Vigilancia de la ASF, como su nombre indica, debe avocarse a coordinar a ésta con la Cámara y a evaluar el desempeño institucional de este órgano fiscalizador. Si bien sus Informes son el mejor reflejo de su trabajo, no es el único insumo con el que pueden evaluar y hay un Informe específico que rinde la ASF sobre su trabajo, el cual sí es el objeto directo a revisar de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión (UEC), ente sui generis mexicano.

-La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debiera ser la organizadora de las “Mesas de Análisis” de los Informes de la ASF, pues versan sobre este documento financiero, invitando a cada Comisión que corresponda según el sector a revisar pero sobre todo, con la presencia del Secretario y funcionarios correspondientes a la temática, resultados y hallazgos de la ASF. Esta Comisión es la responsable de los dictámenes sobre las cuentas públicas federales, hasta hoy, sólo publicados los correspondientes a los años 2002 y 2007 ¿qué pasó con los demás años? Estos dictámenes únicamente contienen un largo resumen del Informe de la ASF, la no aprobación del ejercicio fiscal en el caso del 2007 y muchos “exhortos” a las entidades fiscalizadas.

-El formato de las Mesas de Análisis es a veces acusatorio, pero no sobre las dependencias o funcionarios que tuvieron observaciones no solventadas o sobre aquellos a los que la ASF determinó y fincó responsabilidades. Parece un examen a la ASF; si bien les va, los felicitan y ratifican el mal estado de la cuestión en materia de sanciones, con unos lamentos colectivos de los diputados pero sin definir acciones concretas que, como poder legislativo, pudieran emprender. Pero muchas veces, la mesa se convierte en un cuestionamiento y desconfianza al trabajo de la ASF, por parte de los diputados que, incluso, hacen gala de su ignorancia sobre el marco jurídico de la fiscalización superior, normativa que depende de ellos y bien podrían tener la iniciativa de reformar para que la fiscalización superior sea efectiva en materia de sanciones, especialmente.

-¿Acaso no es el poder legislativo el freno y contrapreso de los otros poderes? Si el objetivo del Informe de la ASF es reportar a los diputados los resultados buenos y malos de la gestión financiera para que ese poder público exija cuentas a los otros poderes ¿por qué citan sólo a la ASF y no a los sujetos observados? Esto no significa que la ASF esté exenta de evaluación, pero a través de su Informe de labores y de las auditorías que le practican, ejercicio que debiera ser también transparente, público y objetivo, en esto considero hay una ventana de oportunidad para la contraloría social.

Las reuniones de las “Mesas de Análisis” son filmadas y se transmiten en el Canal de Congreso, cualquiera puede verlas y ayudarme a entender este mundo al revés de lo que debiera ser su función en un sistema de rendición de cuentas, según las mejores prácticas internacionales.

Zapopan, Jal., 1º de abril de 2012