Se ha señalado reiteradamente, que vivimos en un país desigual, donde las patologías de las estructuras políticas y sociales, indican la necesidad de fortalecer la nueva arquitectura institucional para operativizar los Sistemas Nacionales de Transparencia, Anticorrupción y Archivos.
A nivel internacional, sobresale un problema endémico en torno a la implementación de políticas públicas que atienden el creciente consumo de sustancias legales e ilegales, que causan adicción, que en la última década avanza vulnerando sentidamente a niños, adolescentes y jóvenes, lo que constituye un grave flagelo social, de múltiples dimensiones.
Ante la correlación de las adicciones con las anomias y violencia social, su abordaje integral es urgente porque constituye un factor de riesgo que incrementa significativamente los problemas de salud y de seguridad ciudadana. Al respecto, la magnitud de este fenómeno social, de acuerdo al Consejo Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), es de 3.5 millones de individuos, que entre los 12 y los 65 años, alguna vez han consumido drogas de abuso, lo que en muchos casos incide en la estabilidad del núcleo familiar.
Proyectar alternativas de intervención para el manejo y control de las adicciones a partir de políticas públicas, debe reconocer que en la raíz del problema, subyacen las inequidades de la desigualdad social y la pobreza; de anquilosamiento de las estructuras institucionales; y que la corrupción e impunidad, generan exclusión, segregación, fragmentación y pérdida de oportunidades para el desarrollo humano.
Un esquema de atención eficaz de la problemática relacionada con las adicciones, desde el panóptico de las políticas públicas, demanda un enfoque integral que trascienda la verticalidad de las acciones gubernamentales y se sustente en la horizontalidad corresponsable de la sociedad política y la sociedad civil.
La Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal (SEGOB), co-organizaron el “Taller sobre el Modelo de Tribunales de Tratamiento de Adicciones en México”, para prevenir y encausar en un proceso innovador, las variables multicausales de delitos no graves cometidos por menores drogodependientes, que en su primera incidencia, les brinda una segunda oportunidad, garantiza su reinserción social y hace que eviten reincidir a causa de su adicción.
La instauración de este Modelo de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA), que ha operado con éxito en Nuevo León, puede incorporarse en las lógicas del Programa Nacional para la Prevención y Atención Integral de las Adicciones y ser operado de manera flexible de acuerdo al contexto y tipo de adicción que presente el menor. Práctica que podría replicarse en las entidades federativas, previa valoración de sus estructuras orgánicas y programáticas que vienen ejecutando.
El Modelo tiene la virtud de no traspolar ejemplos, sino aprendizajes de diversos contextos nacionales e internacionales, para adecuar los mecanismos y medidas que preserven la integridad física, emocional y dignidad de los menores.
Esta nueva práctica en el procesamiento y administración de conflictos individuales que trascienden a lo social, desarrolla acciones y fomenta una cultura de prevención especial del delito que va más allá de lo hecho hasta ahora, y que en el caso de los adolescentes infractores con problemas de adicciones, impulsaría una nueva estrategia nacional de protección a sus derechos humanos.
Debe advertirse que la complejidad social de este fenómeno, sobrepasa la capacidad de respuesta del Estado, siendo por ello relevante que ante las diferentes anomias del orden sistémico, sobresalga la solidaridad del tejido social, pero mucho más importante, su compromiso y capacidad de organización.
En este contexto, el programa “Di sí a la Prevención de Adicciones”, impulsado por el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo (CCCEH), el Sistema DIF Hidalgo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, con una estrategia de coordinación interinstitucional, concientiza, informa y promueve desde la microfísica de las estructuras comunitarias y vecinales, el fomento a la cultura organizacional para la cooperación y participación de la ciudadanía, en estas tareas de salvaguarda social.
Con un trazo de responsabilidades compartidas, se establece un proceso de coordinación de la sociedad con las instituciones y se afianzan las estructuras comunitarias y vecinales, porque interactúan como observatorios ciudadanos, basando sus acciones en criterios de transversalidad y proyección social.
En estos espacios, se estrechan los vínculos de integración social generados durante la deliberación y la toma de acuerdos para la elaboración de diagnósticos, identificación de la problemática, programas de trabajo y determinación de acciones, requerimientos y gestiones para su desarrollo y ejecución.
La tarea es construir políticas públicas que impulsen una cultura de la prevención con enfoque de salud individual y social, edificado desde el microespacio comunitario y vecinal. En esta tarea, la educación pública y privada desde el nivel de educación básica, hasta el nivel superior, juega un papel importante en la generación de oportunidades de desarrollo humano activo y en el combate contra las adicciones
Este gran paso que ha dado la Administración Federal en la instauración de Tribunales de Tratamiento de Adicciones (TTA), ha iniciado por una premisa fundamental: reconocer que las adicciones son un problema de salud, cuya transversalidad toca las fibras más sensibles de nuestra sociedad y compete a todos su solución.
No debemos ver sólo la punta del iceberg; el combate a las adicciones es un problema de seguridad ciudadana y del futuro de nuestro pueblo. En ello se encuentra la verdadera respuesta al ultraje social que implica esta problemática.
Agenda
- El gobierno de San Luis Potosí firmó con el INAI un convenio para implementar medidas de Gobierno Abierto. La Comisionada Presidenta Ximena Puente de la Mora, pidió que más estados del país de la mano con la sociedad civil, adopten los principios de Gobierno Abierto: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso de las TIC´S.
- La Sra. Guadalupe Romero de Olvera Presidenta del Sistema DIF Hidalgo, en la Convocatoria para la Coinversión Social para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, expresó que el propósito es “…construir un vínculo entre el gobierno y la sociedad hidalguense que debe consolidarnos con beneficios para todas y todos…”
- El CCCEH, suscribió un convenio de colaboración con el Centro Universitario de Desarrollo Intelectual (CUDI), para impulsar el mejoramiento de nuestra sociedad a través del cumplimiento de las normas, inscribiendo en la “Agenda de Acciones Ciudadanas para el Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad”, 38 proyectos de sus estudiantes. ¡Enhorabuena!
Twitter: @Esteban_Angeles
Facebook: http://facebook.com/estebanangelesc
Blog: http://perspectivahgo.wordpress.com/
