No me cabe la menor duda que, de aprobarse el dictamen de la Ley General de Transparencia que enviaron los senadores a los diputados, estaríamos frente a un gran avance en la materia. ¿Podría ser perfectible?, sin duda. El dictamen contiene algunas fallas, sin embargo, en palabras de Ferrajoli, “la posible imperfección es, paradójicamente, su mayor mérito. Una perfecta coherencia y plenitud y una total ausencia de antinomias y de lagunas sólo sería posible en el Estado absoluto”. Así pues, bienvenida la imperfección. Además, si observamos con cuidado, podremos ver que el dictamen es un fiel reflejo de la negociación y los acuerdos políticos que dan sentido a toda democracia y, por lo mismo, expresa todas las sanas contradicciones propias de cualquier régimen así definido.

La decisión final corresponde ahora a los diputados. No es un tema sencillo. Pedirles que aprueben el dictamen tal y como viene, sin discutirlo, sería tanto como pedirles que se amputen un brazo. Tienen el derecho, y la obligación, de analizar con cuidado los alcances de la nueva ley; sin embargo, deberían evaluar si de verdad es necesario modificar, y con ello retrasar, la puesta en marcha de todo un sistema que pondrá, no bajo la lupa, sino bajo el microscopio, a todo aquel que maneje recursos públicos. Como dicen por ahí, lo perfecto es enemigo de lo bueno.

No dudo de la buena fe de aquellos legisladores que pretendan pulir y perfeccionar el dictamen. El problema es que, en ocasiones, en una democracia abrir una discusión puede echar por la borda los avances alcanzados. Bien decía Tocqueville que una de las desventajas de la democracia frente a la aristocracia es precisamente la imperfección de las leyes que produce la primera en comparación con la segunda, por el simple hecho de que hay más voces discordantes que tienen que ser escuchadas. Las leyes emanadas de la democracia —continúa Tocqueville— son “casi siempre defectuosas”; pero, a la larga, a pesar de sus defectos, son mejores “para hacer prosperar a la sociedad.”

No dudo tampoco que habrá intereses oscuros que busquen la vana discusión con el simple propósito de empantanar la aprobación. Hay artículos que llevan dedicatoria y, por lo tanto, quienes se sientan aludidos harán lo posible por evitar caer en las redes de la nueva ley. Por ejemplo, con toda seguridad ciertas personas, físicas y morales, no verán con agrado el artículo que hace obligatorio publicitar todos los datos de aquellos “contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado un crédito fiscal” (Art. 71-d). Al respecto vale la pena recordar la triste batalla que dieron el SAT y la CNDH en el año 2009 en contra del IFAI, para ocultar los más de 74 mil millones de pesos que fueron cancelados a… no sabemos quiénes. Otros más mostrarán su inconformidad con la obligación de transparentar lo relativo a “los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos” (Art. 70-XVI). Y así algunos más.

A diferencia de las ciencias, la política no es exacta. En la construcción de un puente o de un edificio, los cálculos tienen que ser precisos so pena de un colapso estructural que ocasione un derrumbe. En la construcción del entramado institucional de una sociedad democrática, la ingeniería constitucional (Sartori dixit) y legal puede tener fallas de cálculo, ángulos contrapuestos y errores de medición que, sin embargo, pueden tener como resultado un sólido edificio normativo que, por un lado, permita y aliente la convivencia y, por el otro, garantice el ejercicio de derechos y libertades, así como el control de los órganos del Estado por parte de la sociedad. Por todo esto, bienvenida la imperfección y la aprobación a la brevedad.

Fuente: El Universal