El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) está preparado para cumplir con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), aprobada hoy por la Cámara de Diputados, dentro de los plazos previstos en ésta. El espíritu de la Ley es que el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales se ejerza en igualdad de condiciones, sin restricciones ni discriminación, en todo el país.

En este sentido, el Instituto expedirá los lineamientos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo establecido en la Ley, dentro de los seis meses siguiente a la entrada en vigor del decreto de creación de ésta.

En previsión de lo anterior, sentó ya las bases para modificar su estructura; renovó su misión, visión y objetivos; creó comisiones de trabajo y aprobó 84 proyectos estratégicos, con los que ejercerá las nuevas funciones y atribuciones legales.

Por otro lado, la nueva ley crea el Sistema Nacional de Transparencia, el cual será encabezado y coordinado por el IFAI, con un Consejo Nacional, cuya integración deberá hacerse dentro de los siguientes 60 días naturales a partir de la promulgación del decreto correspondiente. El Instituto emitirá la convocatoria y notificará de ello al Senado de la República.

Del mismo modo, prevé el diseño y operación de una Plataforma Nacional de Transparencia, que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones legales para los sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional y, sobre todo, facilitando la accesibilidad para los usuarios.

Asimismo, incorpora a nuevos sujetos obligados que deben transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, entre ellos, todas las instituciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.

Con base en lo anterior, el IFAI elaborará el Padrón de Nuevos Sujetos Obligados.

Cabe señalar, que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en la Ley General.

Transcurrido un año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, el Instituto podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción de las que fue dotado, para lo cual inició la elaboración de lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria.

Es decir, el IFAI podrá conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La atracción podrá hacerse de oficio o a petición de parte de los organismos locales.

Como parte de las propuestas e inquietudes presentadas por los organismos garantes y diversos actores sociales, senadores y diputados aprobaron la inclusión de la llamada “prueba de daño”, la cual deberá ser aplicada por los sujetos obligados para motivar la clasificación de reserva de la información y, en su momento, la ampliación del plazo de la reserva.

El texto de Ley General señala que no podrá clasificarse la información como reservada cuando esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Conforme a los principios y bases de la reforma constitucional en transparencia, vigente desde febrero de 2014, la Ley establece que los organismos garantes son autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales.

La Ley General también incorporó obligaciones de transparencia para los sujetos obligados; es decir, información que expresamente deberá publicarse en los portales de internet de las instituciones públicas. Al respecto, el Instituto elaborará criterios para determinar el plazo mínimo en el que tiene que estar disponible la información relativa a las obligaciones de transparencia, así como los lineamientos técnicos correspondientes.

En este orden, también elaborará lineamientos para la atención de denuncias por incumplimiento a la información publicada en los portales de internet.

Dentro de las innovaciones incluidas en el nuevo texto legal, se encuentra un capítulo de sanciones, que deberán estar reguladas en la Ley Federal y en las leyes de transparencias que se aprueben en las entidades federativas.

Como pauta normativa, la Ley prevé el apercibimiento y multas que van de ciento cincuenta hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate, y multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo a quien persista en las infracciones; asimismo, define 25 causales por incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de transparencia y acceso a la información púbica.

La LGTAIP y el SNT representan un logro de la sociedad y contribuirán al fortalecimiento de nuestra democracia, ampliarán el ejercicio del derecho de acceso a la información en todo el país, en igualdad de condiciones, sin restricciones ni limitantes, y permitirán a las personas contar con una herramienta efectiva que promueva la participación ciudadana.

Las comisionadas y comisionados del IFAI reiteramos nuestro convencimiento de que la nueva Ley es resultado de un ejercicio plural, incluyente, abierto a la sociedad, en el que las cámaras de Senadores y Diputados atendieron propuestas y preocupaciones de organizaciones sociales, instituciones académicas y autoridades garantes.

Por ello, refrendamos nuestro reconocimiento a todos los grupos parlamentarios representados en las dos cámaras por este gran avance en materia de transparencia, que abona al fortalecimiento de la democracia en nuestro país.