Hay recursos suficientes para financiar la reconstrucción y medidas que pueden tomarse para que los estados también puedan financiarla, aseguran los economistas Gerardo Esquivel y Rolando Cordera. El problema es cómo canalizar esos recursos de manera transparente, eficiente y sin manipulación política.

Profesor investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel indica que además de buscar ajustes en partidas relacionadas con el gasto corriente, otras opciones para financiar la reconstrucción pueden ser la puesta en marcha de metas de ahorro generalizadas, el involucramiento de los estados en este proceso y la focalización de algunos fondos y programas sociales que ya están en operación.

El economista señala que en el paquete económico 2018 -enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre- podrían generarse recursos adicionales poniendo como meta de ahorro el 1 por ciento del presupuesto de cada dependencia federal.

Los recursos derivados de esta medida, asegura, serían más que suficientes para financiar la reconstrucción.

No obstante, agrega, a estos montos podrían adicionarse otros de distintos fondos y acciones de gobierno que ya existen, entre los que se encuentran los programas de construcción de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el de Empleo Temporal, a cargo de Sedesol.

Otro mecanismo, indica, es darle a los estados más responsabilidades en materia de recaudación, pues muchos eliminaron impuestos como la tenencia que, ante los actuales acontecimientos, podría reactivarse para obtener recursos adicionales.

“No todos los gastos tienen que provenir necesariamente del gobierno federal. Los gobiernos locales también podrían hacer un esfuerzo extraordinario y uno de ellos podría ser perfectamente regresar a un impuesto que se eliminó en su momento por razones más bien de carácter político y que podría ser un buen momento para reintroducirlo, porque podría ayudar, al menos, a algunas entidades más afectadas, estoy pensando en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Morelos y en Chiapas”, apunta.

Para Esquivel, el reto no es generar recursos adicionales, sino lograr que éstos sean ejercidos de manera transparente. Para ello, agrega, el gobierno federal no sólo debe informar los recursos que se ejercen sino los criterios a partir de los cuales se gastan, el destino final de los mismos y los responsables de dicho ejercicio.

“El gran reto de la reconstrucción es la transparencia, la información, la definición de criterios. La definición de criterios sin transparencia en el ejercicio de los recursos puede no ser muy útil, lo mismo que la transparencia sin la definición de criterios, tienen que ir bien combinadas las dos cosas”, advierte.

Esto evitará, dice, que se pongan en marcha acciones que generan desconfianza, como la anunciada el 3 de octubre pasado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien informó que, mediante tarjetas, se entregarán 120 mil pesos a las personas que perdieron sus casas.

“Es indeseable que empiecen a operar programas como lo anunció el Presidente, dando tarjetas con recursos públicos, sin un criterio de por qué se les da 120 mil pesos a los que perdieron sus casas. ¿En qué se basan esas estimaciones?, ¿por qué parejo a todos? Hay una serie de cuestionamientos sobre cómo ejercer los recursos”, indica.

El especialista señala que las propuestas dadas a conocer hasta ahora en materia de reconstrucción dejan en claro que sin transparencia dicho proceso puede ser rehén de intereses políticos, sobre todo, a unos meses de que inicien las campañas de 2018.

“Muchas de ellas son oportunistas, con un cariz más bien político. Por ejemplo, la austeridad puede, en principio, dar muchos más recursos de los que se requieren para la reconstrucción de este terremoto y, en ese sentido, es una discusión deseable. La pregunta es si se está planteando nada más como una cuestión de mercadotecnia política como para que alguien diga: ‘nosotros propusimos esto’, o si es una discusión seria”, cuestiona.

Para el coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Rolando Cordera, otra fuente de financiamiento pueden ser los impuestos que se subestiman en cada discusión presupuestal.

“Está al revés el tema: los impuestos ya, ahorita, están dando más recursos de los que el gobierno programó, entonces no pueden decir que no hay recursos, el gobierno subestima sistemáticamente la recaudación”, reprocha.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, en los últimos años el gobierno federal ha obtenido ingresos por arriba de los estimados.

En 2013, los ingresos adicionales sumaron más de 199 mil millones de pesos; mientras que en 2014 fueron superiores a los 166 mil millones.

Para 2015, éstos sumaron 244 mil millones, y en 2016, ascendieron a más de 690 mil millones.

Cordera señala que el gobierno federal también puede hacer uso de su capacidad de endeudamiento.

“Si no hay recursos que vengan de los tributos, hay capacidad de endeudamiento, pero otra vez está la carreta delante de los bueyes; lo que le importa al gobierno es reducir el coeficiente de deuda y en este momento es un objetivo irracional que nada tiene que ver con la realidad”, advierte.

El especialista coincide en que el dinero no es principal reto de la reconstrucción.

En su opinión, el principal reto es lograr que el objetivo de ésta no sea sólo reponer lo perdido, sino transformar la infraestructura y la calidad de la vivienda que se construye en el país, pues muchos de los daños generados por los sismos tienen su explicación en la mala calidad de las edificaciones.

“El principio es reponer y reconstruir para transformar, lo que quiere decir que no vamos a repetir habitaciones defectuosas, infraestructura débil, no preparada para su uso y menos aún para desastres”, indica.

Hasta ahora, la única propuesta concreta en materia de reconstrucción es la creación de un Fondo Nacional en la materia, cuyos recursos provendrían de las disponibilidades del Fonden, bonos catastróficos, reducciones a partidas como comunicación social y publicidad, así como el financiamiento al que eventualmente renunciarían los partidos políticos.

No obstante, la desconfianza generada por la falta de transparencia en el uso de los donativos realizados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado ha impedido que sociedad civil, empresarios y gobierno se pongan de acuerdo sobre la creación y características de dicho instrumento financiero.

Fuente: Reforma