El Estado Democrático de Derecho se erige como el horizonte jurídico de la humanización social. Su defensa se establece mediante una estructura de obligaciones que hacen de la racionalidad de la Ley, el vínculo societal que armoniza e impide los abusos de poder, la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad y es garante de la convivencia y la paz social.
No se puede ignorar que en el piso firme de la Ley se construye la democracia que hace del derecho, el instrumento de equidad que permite dirimir frente al Estado, y no en su contra, los asuntos públicos y privados; la integridad de los sujetos sociales; y la estabilidad de las expectativas y oportunidades que configuran la racionalidad de la interacción socio-estatal.
Empero, el análisis crítico de los recientes acontecimientos, nos lleva a cuestionar los alcances arbitrarios en los que se amparan grupos de interés y de presión que pretenden subvertir el orden creando resistencias espurias para trastocar la paz social y conseguir prebendas o dividendos del Estado, convirtiendo a la interlocución socio-estatal en una herramienta de amedrentamiento y conflicto social.
El caso más aciago de este activismo, es el bloqueo de vías férreas en Michoacán, que mantuvo la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); que en un juego de suma-cero, provocó una encrucijada nacional cuyos impactos pusieron en vilo al gobierno federal. La cerrazón de la Coordinadora, al ignorar la postura de diálogo, convirtió una negociación laboral que podía ser dúctil y constructiva, en un diálogo de sordos.
Ante estos hechos, el Presidente de la República anunció que habría instruido presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitándole recomendara las acciones que se deberían tomar con relación a los bloqueos de las vías férreas.
Al respecto, la CNDH consideró que “…si eventualmente las instancias de gobierno competentes llegaran a determinar la existencia de algún acto ilegal, no es permisible que las autoridades renuncien o se inhiban de cumplir con su obligación constitucional de garantizar la integridad, seguridad e intereses de las personas, así como de cumplir y aplicar la ley.”
Este escenario no implica que el Estado deba ceder ante presiones de grupúsculos fácticos o frente al secuestro ciudadano colectivo, porque pretenden reivindicar fuera de la Ley, posturas de diversa índole, exigiendo al Estado que transija en contra del bienestar y derechos de la mayoría y responda a un arbitrio que vulnera al tejido social.
Es significativo que la CNDH haya expresado “…que el valor y la importancia de las protestas pacíficas en una sociedad democrática, en cuyo ejercicio confluye la actuación de autoridades y de ciudadanos, en todo momento, debe ser responsable y dentro del marco de la legalidad, insistiendo en la necesidad de que todo planteamiento, demanda o discrepancia, por legítima que ésta sea, necesariamente se deba formular por las vías institucionales y legales.”
En esta perspectiva, los poderes fácticos nulifican no sólo los derechos humanos, sino también el Estado Democrático de Derecho, porque pretenden hacer del diálogo la vía de respuesta absoluta y unilateral, donde el gobierno debe quedar a merced de imposiciones que violan los preceptos de los derechos esenciales y del Contrato Social.
Para la CNDH, fortalecer el Estado Democrático de Derecho “…requiere que, tanto los particulares como las autoridades, cumplan y respeten la ley, no pudiendo quedar la observancia de la misma como algo optativo, discrecional o negociable. Ni particulares, ni autoridades, pueden estar por encima ni al margen de la ley.”
Esta prescripción expresa de la CNDH, permite apreciar claramente que el gobierno cuenta con los argumentos necesarios para aplicar la Ley, lo cual no implica necesariamente el uso arbitrario de la fuerza pública, como tampoco lo ata de manos para proceder dentro del marco jurídico y, en su caso, aplicar las sanciones pertinentes a que haya lugar.
En otras palabras, sin ser “más papistas que el Papa”, y sin perjuicio ni menoscabo alguno del Estado Democrático de Derecho, en el que se incluyen los Derechos Humanos, la actual administración federal debió imponer la razón de Estado, sin sacrificarse ante el autoritarismo de poderes unipersonales o fácticos que impugnan el uso de la Ley cuando no les es conveniente, creando una atmósfera de barbarie política y social.
No se puede perder la brújula del ejercicio de gobierno. El espíritu del Contrato Social y del régimen político democrático, federal y representativo, no puede quedar a merced de la atomización de los intereses de la Nación, porque ello vulnera la regla de oro de la moral y la justicia: “no hagas lo que no quieras que te hagan” o bien, como admitió Thomas Hobbes, “…haz a los demás lo que quieras que hagan contigo.”
Que no se olvide que la trasformación de la Nación inicia en el espíritu cierto del respeto y aplicación del Estado Democrático de Derecho. Sus límites no restringen los Derechos Humanos, por el contrario, son la salvaguarda armónica y pacífica que el cumplimiento de la Ley mandata e instruye para garantizar la humanización y dignificación del Estado, en paz social.
Agenda
- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el Plan de Capitalización Fiscal para la reestructuración financiera y operativa de PEMEX, empero los inversionistas internacionales estarían esperando un plan para aumentar la producción y las reservas.
- El Director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al presentar el Programa Nacional de Electricidad, denunció la inoperatividad de siete ductos contratados con Grupo Carso, IEnova-Sempra y Transcanada, ya que no están suministrando gas a sus plantas generadoras y le cuestan al país 21 mil millones de dólares. Asimismo, acusó a diversos funcionarios de pasadas administraciones por conflicto de intereses.
- En la ceremonia del 104 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Base Aérea de Santa Lucia operará como nuevo aeropuerto internacional y llevará el nombre del ilustre hidalguense General Felipe Ángeles Ramírez. Dijo que el 26 de noviembre, al cumplirse 100 años de su “…fusilamiento injusto”, “…es el ejemplo más importante y más claro de que se puede ser al mismo tiempo humanista y militar.”
- El Presidente Donald Trump, firmó y registró una Declaración de Emergencia Nacional, aduciendo que su país tienen invasión de drogas y de personas. Con esta acción podrá modificar el destino de fondos ya asignados y dedicarlos a construir el muro en la frontera con México.
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