“Las actuales modificaciones aceptadas por la Cámara de Diputados a la reforma constitucional en materia de transparencia, representan un verdadero retroceso, pues dejan muchos espacios para la opacidad e impulsan malas prácticas que atentan contra la gobernabilidad”, expresaron en rueda de prensa miembros del Colectivo por la Transparencia.

“Después de un proceso legislativo poco claro, cerrado, sin información disponible oportunamente y sin consultas públicas y abiertas, el resultado de la discusión es un dictamen que limita el derecho de acceso a la información y es regresivo respecto a la minuta aprobada por el Senado”, expuso Miguel Pulido, miembro del Colectivo y director de Fundar. La conferencia de prensa tuvo lugar horas después de que se conociera la aprobación del dictamen en materia de Transparencia por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Por su parte Alejandro González, director de la asociación civil Gesoc, indicó que lo aprobado por los diputados -y que será presentado para su aprobación definitiva en el periodo extraordinario de sesiones que arranca este miércoles-, es un “fuerte golpe a nuestra democracia: Se reduce considerablemente el empoderamiento ciudadano en relación al Estado, abriendo la brecha entre un ciudadanía libre y la erradicación de prácticas corruptas. Preferimos que se quede la legislación actual, a tener un mecanismo que limite las facultades del IFAI y permita al gobierno defenderse de las solicitudes de información”, sentenció.

Reforma, un completo retroceso

Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana, explicó algunos puntos elementales que no son acordes con los intereses de los ciudadanos respecto a este dictamen:

1.- El dictamen plantea que los partidos políticos serán sujetos obligados directos, pero bajo la supervisión del IFE.

2.- Propone que algunos titulares de entidades públicas puedan impugnar las resoluciones, bajo supuestos que consideramos demasiado amplios y generales: literalmente, “la seguridad, la estabilidad económica y la protección de derechos humanos”. El dictamen establece que podrán impugnar las resoluciones del IFA la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, la PGR, el SAT  y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

3.-  Se excluyó la facultad de un órgano garante para interponer acciones de inconstitucionalidad, con lo que se evita la protección de manera amplia y preventiva del derecho de acceso a la información ante la posibilidad de proponer normas que puedan limitar su alcance. Esto significa que el derecho de acceso a la información del ciudadano perderá su calidad de expedito.

4.- Aunque se mantendría la facultad del Senado para nombrar a los comisionados del órgano garante, esta posición se convertiría en un “verdadero botín político”.

En este sentido, coincidieron que de seguir así, el ambiente de legalidad y gobernabilidad se verá resquebrajado por intereses políticos y personales: “Nuestro temor es fundado, la experiencia nos indica que, así como van las cosas, no llegaremos a ningún lado.”

Finalmente, responsabilizaron al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Verde (PVEM) por las consecuencias políticas y sociales que estas acciones pueden representar en los próximos comicios, al mismo tiempo, solicitaron a los legisladores del PRD y PAN a crear un frente para revertir estas reformas, invitándolos a reflexionar sobre la importancia de uno de los principales capitales políticos del país.