La parálisis del pleno del INAI ha sido inducida. Esta omisión ha sido deliberada: cada evasiva, cada “intento” por simular una salida, cada día que transcurre sin darse una resolución, cada declaración, cada amago y ataque a la labor de este organismo confirma el hecho de que simplemente no quieren, no les interesa y no les conviene.

Este lunes, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sesionó de manera extraordinaria debido a tres sentencias del Poder Judicial que le ordenaron resolver una terna de asuntos en las que particulares no estuvieron de acuerdo con las resoluciones emitidas por el órgano garante1 Ya que, desde el primero de abril de 2023 el INAI no puede sesionar de manera ordinaria, debido a la omisión del Senado de la República de designar a sus tres integrantes faltantes, dos de los cuales llevan pendientes desde hace 434 días.

¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué la autoridad responsable no ha cumplido con su obligación constitucional de designar? ¿Cuáles son las repercusiones de este escenario para las personas y sociedad en general?

En primer lugar, vale la pena rememorar lo que ha sucedido para ubicar dónde están las responsabilidades. La obligación de designar a las y los comisionados del INAI recae en el ámbito del Senado de la República, sin embargo, este órgano legislativo ha emitido convocatorias públicas que han variado en cuanto a la profundidad y seriedad con la que se realiza proceso tras proceso, para mal desafortunadamente.

El 31 de marzo de 2022 concluyó el periodo de dos comisionados y desde el primero de abril de ese año se cuenta con un dictamen aprobado por las comisiones unidas de Transparencia y de Justicia2 Casi un año después (1° de marzo), el pleno del Senado aprobó dos nombres que fueron objetados por el Ejecutivo Federal (15 de marzo). Hubo otro intento en el Senado (27 de abril) que curiosamente no alcanzó la votación requerida. Este empeño surgió como una respuesta a una resolución de un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México ante el amparo interpuesto por el Consejo Consultivo del INAI. Recientemente (30 de mayo), la Junta de Coordinación Política aprobó un nuevo acuerdo con una terna para dos de las tres vacantes, pero sin considerar apremiante la convocatoria de un periodo extraordinario para resolverlas por parte de la mayoría legislativa y aliados en la Comisión Permanente (31 de mayo). Además, en el marco del plazo dado por el mismo juzgado y como una maniobra evidente para simular su atención. A este embrollo novelesco, se sumó la vacante de otro integrante desde el primero de abril de este año3

La parálisis del pleno del INAI ha sido inducida. Como bien dice el dicho, en “política no hay casualidades”. Esta omisión ha sido deliberada, cada evasiva, cada “intento” por simular una salida, cada día que transcurre sin darse una resolución, cada declaración, cada amago y ataque a la labor de este organismo confirma el hecho de que simplemente no quieren, no les interesa y no les conviene.

Esta situación no ocurre en el vacío, sino en un contexto donde han aumentado las inconformidades y negativas de información. Tan sólo en 2022 se presentaron 24,740 recursos. Comparado con el número de impugnaciones presentadas en el mismo periodo de la administración anterior (8,260), se registra un incremento sustancial de casi 300 por ciento. Además, la reciente publicación del Decreto que clasifica a varios proyectos emblemáticos de infraestructura del gobierno federal como de seguridad nacional e interés público –contrario a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el Acuerdo emitido en 2021– 4 apunta a restringir el derecho de acceso a la información. Proyectos, a los cuales se les ha destinado el 21.4% de la inversión física, y que ahora ese porcentaje quedaría en completa opacidad, 5

Este escenario es alarmante, hay mucho que estamos dejando de saber. Según informó el INAI, hasta el 7 de junio hay 5,230 recursos que no pueden ser dictaminados por esta disputa. Son 5,230 personas afectadas directamente en sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, pero también representan un agravio a la sociedad, al pueblo. No es casualidad que una de sus estrategias 6 –más sencilla, pero no menos grave– adoptada sea no designar. Hay un conjunto de 17 designaciones en otras nueve instituciones federales que atraviesan por esta situación, todas con funciones de control, regulación y/o contrapeso.

Como dice una bonita canción, “no todo está perdido”. La SCJN tiene capacidad de otorgar la suspensión solicitada por el INAI y permitirle sesionar con sus cuatro integrantes actuales, así como resolver con sentido de urgencia la controversia constitucional interpuesta para que el Senado se digne a cumplir con sus obligaciones constitucionales. Esto es necesario para detener la vulneración diaria al derecho a saber que tenemos todas, todos y todes, y para que este órgano garante ejerza sus facultades plenas ante las acciones que obstaculizan la transparencia.

La transformación del quehacer gubernamental requiere erradicar la opacidad, la oscuridad y la discrecionalidad, no lo que estamos atestiguando. Desde la sociedad civil seguiremos insistiendo y ejerciendo nuestros derechos para jalar a las autoridades a un actuar democrático y desde el marco de derechos humanos. ¡No merecemos menos!

#SinCuotasNiCuates

#DesignenYa

* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.

1 Ver aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Disponible aquí.

5 Saldívar, B. “Del gasto en inversión física, 21.4% a proyectos prioritarios de AMLO” en El economista, 26 de septiembre de 2022. Disponible aquí.

6 Otra estrategia se despliega en propuestas de reformas que buscan limitar el funcionamiento, integración y/o proceso de designación de las mismas. Sobre todo, de aquellas que han sido más osadas en cumplir con su función de control y/o contrapeso.

Fuente: Animal Político