No recuerdo con precisión la fecha, pero fue una tarde de mediados del 2017, en que como siempre, viajaba en el transporte público aquí en Tlaxcala.

Una persona a mi lado me abordó preguntándome si es que yo había trabajado en la comisión de transparencia.  Sí, le contesté y le precisé, fui Comisionado de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala, de 2011 a 2013.

Entonces me ha contado en ese breve tiempo que tenía un problema y que alguna vez se preguntó si el acceso a la información le serviría para resolverlo.  Sin pensarlo mucho le respondí que pensaba que sí e intercambiamos número telefónicos para seguir en contacto.

Cuento lo anterior precisamente para tratar de clarificar el título del artículo de hoy, Principalmente porque la crítica o autocrítica que debiéramos hacernos, quienes estamos involucrados en el tema, es que casi nunca pensamos en la persona común, la persona de a pie, como el espectro al que debía de servirle el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP).

Bastaría revisar los datos respecto al perfil de quienes hacen uso de este derecho en nuestro país, más allá del magro porcentaje poblacional que representan, para no equivocarnos en decir que el DAIP en México es un derecho humano, o sea de todas las personas, ejercido por una élite.

La referencia más citada respecto a tal porcentaje es la Encuesta Nacional en la materia del INEGI de 2016 que dice:  “Con la ENAID se estima que a nivel nacional 5.6% de la población de 18 años y más realizó alguna vez una Solicitud formal de información.” Las cursiva en negritas son nuestras porque queremos resaltar este detalle del que prácticamente nadie habla.  La encuesta no considera a los menores de 18 años, cuando en estricto también son titulares del derecho.

Enorme pendiente resulta el que tenemos ahí, pero prácticamente nada se hace, desde los Sujetos Obligados y los Órganos Garantes del DAIP por atenderlo.

Así, algo de demagogia hay en nuestro quehacer cotidiano.  Si es un derecho de todas las persona, hay que dejar de pensarlo e instrumentarlo como si fuera sólo de los ciudadanos.  Hay que socializarlo con los niños en su espacio educativo desde la primaria y la secundaria y los jóvenes hasta el bachillerato.

Pero permítanme retomar la historia del principio.  Resulta que el problema que mi nuevo amigo y su pareja, y socio de su empresa, tenían, era que habían sido víctimas de una universidad pública que incumplió un contrato por poco más de tres millones de pesos, al no entregarles un producto que se habían comprometido a elaborar.

¿Se podrá hacer algo utilizando el DAIP? Me preguntaron de manera concreta.  Tratando de no darles falsas esperanzas, me extendí lo suficiente en la respuesta.  Desde luego había escuchado del caso, por la prensa, cuando en noviembre del 2015 se informó que el rector de dicha institución había sido detenido y liberado a unas cuantas horas.

No podía poner en duda el relato que me hacían, y percibía sin mayor dificultad que había ahí una gran injusticia solapada por el poder político, en los ámbitos del poder ejecutivo y judicial locales.  Un variado conjunto de documentos respaldaban sus dichos y varias reuniones tuvimos tratando de orientar el ejercicio del DAIP, para el caso; principalmente al detectar que a los afectados les hacía falta información oficial, que en un momento dado funcionara como prueba con validez jurídica para el proceso penal que habían decidido.

Difícil puede parecer entender el desamparo en que personas sencillas se encuentran y adoptar una actitud autocrítica cuando decimos, por ejemplo que, el DAIP, es un derecho llave para poder ejercer otros derechos.

He tenido por lo tanto antes que nada que ser sincero.  Considero, les dije entonces que veía posible que ejerciendo el DAIP, podrían acceder a información que les quizá serviría o tendría una utilidad para su litigio.  Pero que no era fácil.  Que se necesitaba mucha paciencia.  Y que lo importante es que aprenderían a ejercer un derecho que casi nadie ejerce, porque no ven que sea algo provechoso.

Les hablé de la experiencia al respecto de mi amigo Samuel Bonilla del Programa Transparencia Para Todos.  Intente motivarlos con la metáfora de “cruzar el río de los cocodrilos” que Samuel usa para orientar sus talleres al objetivo de que la gente no pregunte por preguntar, sino que pregunte para obtener información que le sirva.

No les hago la historia más larga.  A partir de ahí y hasta ahora mis amigos han realizado más cien solicitudes de información, unas cuarenta o cincuenta a la universidad que los defraudo.  Han aprendido, en las malas y en las buenas a presentar y darle seguimiento a Recursos de Revisión, para lo que tuvimos que buscar apoyo solidario de abogados. Han acudido al inai como segunda Instancia y éste ha corregido al órgano local. Han obtenido mucha información que, me dicen, les ha servido.

¿Quieren saber cómo sigue esta historia y cómo les ha sido útil el DAIP para buscar una solución a su problema?  Eso lo trataré en mi participación como panelista en el Panel IV del foro “Acceso a la Información para una Sociedad más Justa”, denominado “Reflexiones y Recomendaciones: Mejores políticas públicas de Acceso a la Información”.

¡Ahí nos vemos!

Por: Claudio Cirio Romero

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Fuente: CONTRAOPACIDAD