Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez se han echado sobre sus espaldas una responsabilidad que, en una democracia funcional, le correspondería a la oposición en el Congreso. Este dúo ciudadano ha decidido ejercer su derecho de petición, solicitándole al SAT que confirme la veracidad de los datos fiscales presentados por la señora Angélica Rivera en su célebre video-testimonio. La esposa del presidente Peña Nieto goza del secreto fiscal, al igual que el resto de nosotros. Sin embargo, Pérez de Acha y Ramírez argumentan que ese secreto quedó invalidado por la difusión masiva que hizo la Primera Dama de sus propias contribuciones al fisco. La petición sólo busca corroborar los datos que ya son de dominio público.
Si la señora Rivera no tiene nada que esconder, ésta es una oportunidad de oro para que el SAT le ayude a Los Pinos a mejorar el menguante prestigio presidencial. Si la información se hace pública, y se confirman los datos presentados, los dos solicitantes tendrían que admitir públicamente que el malogrado video de Youtube sí tenía elementos de verdad. En caso contrario, si el SAT rechaza la petición, se pintará una raya más al tigre de las desconfianzas sobre la credibilidad presidencial.
La petición de Pérez de Acha y Ramírez es una de varias preguntas abiertas sobre un caso que la Presidencia decretó cerrado. En una de las excusas más memorables en la historia mundial de los pretextos, el diputado del PRI Héctor Gutiérrez de la Garza sostuvo que no se abriría una comisión especial para investigar la Casa Blanca por que ya existían demasiadas comisiones abiertas. Así las cosas, dos ciudadanos están dando la batalla por arrojar luz sobre el caso y se atrevieron a hacer las preguntas incómodas que le corresponderían a los partidos de oposición.
La semana que media entre la Noche Buena y el año nuevo es uno de los tiempos preferidos por el gobierno para escurrir el bulto y sacar a la luz temas incómodos y comprometedores. Entre los romeritos y el recalentado habrá que estar atentos sobre las discretas novedades que surjan en esos días de fiestas y vacaciones.
Esta semana el senador del PRD Zoé Robledo hizo pública una iniciativa muy importante. La propuesta sería que los candidatos a cargos de elección popular en el 2015 hagan públicas declaraciones sobre su patrimonio, sus pagos al fisco y los respectivos intereses particulares que pudieran afectar su quehacer público. Como no hay obligación legal, el exhorto se puede quedar en un llamado a misa si no hay suficiente presión de los ciudadanos y los medios de comunicación.
En el 2015, el derecho al sufragio será una obligación vergonzante. El PAN era un partido de mochos y ahora es un partido de moches y casinos. El sol azteca se quedó atorado en el pantano de sangre de Iguala y Ayotzinapa. El PRI ha confirmado con hechos los peores miedos y perjuicios sobre su vocación histórica de obtener beneficios privados de los cargos públicos. Para fundamentar el pesimismo, también quedan las alternativas del negocio electoral del Niño Verde y la congregación de fieles de López Obrador. De los partidos nuevos, ni me acuerdo el nombre. La boleta electoral del 2015 será el menú de las náuseas: los platillos que no dan asco producen repugnancia.
Con las hipotecas del Higa-binete presidencial o la camioneta chocada del delegado enfiestado, el pesimismo se vuelve un reflejo instintivo sobre la política nacional. Sin embargo, la valentía de Luis Pérez de Acha y Darío Ramírez nos regala motivos para la esperanza. La propuesta de Zoé Robledo señala un sendero para salir del chiquero. El pasado no es destino y el presente no es una foto del futuro. Nada nos condena a ser lo que somos hoy: la República de las impunidades y los conflictos de interés.
@jepardinas
