Alerta de actos de corrupción, adopción de un enfoque preventivo y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar la corrupción son tres de los desafíos pendientes que el nuevo gobierno deberá atender para realmente combatir la corrupción.
La elección del 02 de junio fue histórica por muchas razones. No solo se votaron más de 20 mil cargos en los 32 estados, siendo la más grande registrada hasta ahora, sino que también fue el proceso más violento con 37 personas aspirantes a cargos asesinadas. Salvo en algunas regiones, Morena y sus aliados, el PT y el PVEM, obtuvieron la mayoría de los cargos, al mismo tiempo que partidos históricos como el PAN, PRI o PRD se desdibujaron completamente enfrentándose incluso a la pérdida de registro, mientras que Movimiento Ciudadano se perfila como la tercera fuerza política. Además, por primera vez, una mujer gobernará el país y con 60 % del voto, un apoyo electoral incluso mayor al que obtuvo López Obrador en 2018. Esperamos que estos cambios políticos en el Ejecutivo y Legislativo representen oportunidades para avanzar en pendientes anticorrupción que quedaron rezagados en el sexenio que termina.
La composición del Congreso es relevante porque determina el mecanismo por el que se aprobarán las reformas legislativas, si será por consenso y negociación entre partidos o no. La mayoría de las reformas a leyes federales o el presupuesto que se votan en el Poder Legislativo pueden aprobarse por mayoría simple (50 % más 1); no obstante, aquellas de gran alcance, por ejemplo, modificaciones a la Constitución, deben contar con una mayoría calificada, es decir, deben ser aprobadas por al menos dos terceras partes de los miembros presentes en cada Cámara y ratificadas por la mitad más una de las legislaturas locales (17).
En 2018, Morena obtuvo 253 escaños en la Cámara baja y sus aliados, el entonces Partido Encuentro Social (PES) 23 y el Partido del Trabajo 44. Estos escaños y sus alianzas con algunos otros partidos le permitieron alcanzar mayoría calificada y llevar a cabo reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, sin necesidad de obtener un gran consenso con otras fuerzas políticas. En el Senado Morena consiguió 57 curules, el PT 6 y el PES 4, que sumaban 67 escaños de 85 necesarios para obtener mayoría calificada. En 2021 cambió el panorama; en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados estaban lejos de obtener los escaños suficientes para una mayoría calificada. Morena alcanzó 198 diputados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 43 y PT 37, sumando un total de 278 de 334 que necesitaba para obtener mayoría calificada.
En la elección de 2024 hubo un “efecto arrastre”, que ocurre cuando se realizan elecciones presidenciales y del legislativo y hay un contagio del primer resultado sobre el segundo, por lo que el partido ganador de la contienda presidencial también es elegido mayoritariamente para integrar al Congreso.
El “efecto arrastre” impactó también la elección de gubernaturas y congresos locales en juego. Morena y sus aliados obtuvieron siete de las nueve gubernaturas electas y en éstas también ganaron la mayoría de los congresos locales, obteniendo incluso mayorías calificadas en algunos, por ejemplo, en Ciudad de México, Chiapas o Veracruz. 1 Pero quizá, lo que más sobresale es que Morena y aliados gobernarán 23 de los 32 estados de la República, teniendo lo estados necesarios para empujar reformas constitucionales.
Como consecuencia de estos resultados electorales, en los próximos años Morena y aliados tendrán amplio margen para avanzar y/o consolidar las diversas agendas que conforman su plataforma política. Y una de las prioridades de la presidenta electa es el “gobierno honesto y libre de corrupción”. Desde Fundar, identificamos tres desafíos pendientes que el nuevo gobierno deberá atender para lograr un combate efectivo de la corrupción:
Alerta de actos de corrupción
Dos de los elementos clave para detectar actos indebidos son la alerta y denuncia ciudadana, pero estas no pueden realizarse si no cuentan con mecanismos de protección. En abril de este año se incluyó un proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de que exista la posibilidad de expedir leyes generales en materia de alertas por actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas o hechos de corrupción, así como para la protección de personas alertadoras. La aprobación por el Legislativo de esta reforma, en conjunto con la posterior creación de leyes para la protección de personas alertadoras y denunciantes y sus respectivos protocolos, está pendiente. La atención a este tema es crucial para evitar riesgos en la seguridad de las personas alertadoras y denunciantes.
Adopción de un enfoque preventivo de la corrupción
En nuestro país se ha privilegiado un enfoque punitivista de la corrupción, que investiga y sanciona los hechos y a las y los responsables una vez que ocurrieron. Este enfoque no ha sido efectivo porque persiste la impunidad, así como prácticas usadas para desviar recursos públicos como competencia simulada, contratación de empresas fantasmas, sobreprecios, entre otras.
Por ello, el gobierno de Sheinbaum en conjunto con el Legislativo deberán explorar las modificaciones normativas e institucionales necesarias para adoptar un enfoque preventivo de la corrupción, que permita la adopción de metodologías anticorrupción basadas en la atención de áreas de riesgo; el fortalecimiento de capacidades institucionales, profesionales, tecnológicas y presupuestarias de órganos internos de control, instituciones de fiscalización, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), etc.; la colaboración e intercambio continuo de información entre las instancias anticorrupción; y la mejora de la transparencia proactiva y la rendición de cuentas de las instituciones públicas con mayores áreas de riesgo.
Fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar la corrupción
México tiene altos niveles de impunidad en grandes casos de corrupción como la Estafa Maestra y Odebrecht, y en este sexenio se sumó el caso Segalmex. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) es la principal institución que investiga delitos de corrupción en el ámbito penal; sin embargo, dicha instancia no ha logrado atraer estos casos de relevancia nacional. Además, solo ha podido judicializar 5.2 % de las carpetas de investigación abiertas. Y en el ámbito presupuestario, es la institución que menos recursos recibe en comparación con otras instancias anticorrupción. En 2023, del total del presupuesto que se destinó a la Fiscalía General de la República (19 mil 893 millones de pesos), la FECC solo recibió 1.17 % (234 millones de pesos). Para contrarrestar esta situación se deberán fortalecer sus capacidades institucionales que abarcan tanto la profesionalización del personal a cargo de la investigación de actos de corrupción, como la dotación de recursos suficientes. En esta última tarea, el Legislativo tiene un papel relevante como encargado de aprobar y monitorear el presupuesto, para que la FECC pueda ejercer sus facultades, atraer casos importantes y realizar investigaciones de calidad que logren sostenerse ante las personas juzgadoras.
Dados los desafíos que persisten en el combate a la corrupción en México, es importante que el bono de legitimidad obtenido en estas elecciones por Morena y sus aliados en la presidencia y en el Congreso sea aprovechado para avanzar estos pendientes anticorrupción. El ejercicio democrático no termina en las urnas, sino que incluye la participación y el involucramiento de la ciudadanía en la construcción de soluciones a los problemas públicos como la corrupción. Por ello, esperamos que la nueva legislatura y el gobierno entrante traduzcan el ejercicio electoral y el voto obtenido en espacios abiertos a la participación ciudadana sustantiva.
* Anaid García y Janet Oropeza son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Los resultados de las elecciones a nivel local fueron consultados en las páginas de los institutos electorales estatales o en notas periodísticas, sin embargo, en algunos casos las cifras no son definitivas.
Fuente: Animal Político
