México padece profundas “heridas morales”, parafraseando el concepto del filósofo y sociólogo alemán Axel Honneth. La violencia, la inseguridad, la corrupción y la desigualdad amenazan con fracturar al país, por lo que es urgente impulsar un diálogo para la reconciliación.
Esta evidencia obliga a replantear tanto el diseño como el discurso sobre la política social en el país. Evocando, quizás, una innovación social que implique entornos de mayor representación, participación y deliberación de los sectores sociales, que colaboren transversalmente con el gobierno en el desarrollo del país.
Las alianzas gobierno-sociedad podrían promoverse paralelamente desde los espacios ya existentes a nivel federal y estatal trascendiendo a un mayor nivel de incidencia. Destacan los mecanismos de diálogo entre la sociedad civil mexicana con su par en la Unión Europea; el mecanismo de colaboración entre la sociedad civil y la Secretaría de Gobernación; el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil; el Secretariado Técnico Tripartita del Gobierno Abierto (AGA); el Comité Nacional de Productividad en el seno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a nivel local, los Consejos Económicos y Sociales de la ciudad de México, de Jalisco y de Michoacán. Lo anterior tiene una razón de ser: permitir que la sociedad se exprese y sus argumentos puedan ser escuchados y tomados en cuenta en una decisión consensuada.
La brecha de comunicación existente entre el Ejecutivo y la sociedad civil es notoria. Las redes sociales, la marcha social, los foros informativos no debieran ser los únicos referentes por los que el Presidente de México y su gabinete conozcan los reclamos y las propuestas de la ciudadanía. La Administración Pública Federal, así como los gobiernos estatales, carecen de interlocutores y negociadores sociales eficientes, y aún más, de voluntad política de acercamiento.
En fechas recientes el CIDE publicó un estudio en el que se pregunta si las investigaciones académicas son tomadas en cuenta para la creación de políticas públicas. El resultado es sorprendente: el 84% de los funcionarios entrevistados (de entre 70 mil) admite que hay indiferencia hacia la propuesta académica y más aún, que no existe una agenda común entre ambos sectores.
Por ello, existe un doble reto: la generación de una verdadera cultura de negociación, mediación y construcción de acuerdos colaborativos entre los sectores social y público. Esta doble tarea es responsabilidad tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de interlocutores en la dependencias públicas y entidades de la administración pública en los tres órdenes de gobierno; órganos autónomos y Poderes Legislativos.
Hoy por hoy, el Presidente está solo y necesita estar acompañado de la sociedad. Al tiempo.
Subdirector de la Dirección General de promoción y vinculación con la sociedad del IFAI, institución integrante de la Red por la Rendición de Cuentas
Fuente: El Universal
