México cuenta con normatividad en gestión documental que, en su mayoría, fue aprobada o ajustada posterior a la aprobación de la normatividad en transparencia (ver http://archivosmx.cide.edu/vinculos/legislacionnacional/). La Ley Federal de Archivos fue aprobada en 2012 y existen 28 entidades con legislación en la materia. En diecinueve de los casos, las legislaciones fueron aprobadas en los últimos diez años y en tres entidades más, esta normatividad ha sido reformada en el mismo periodo. En 2014 se aprobó la reforma constitucional en materia de rendición de cuentas que mandató al Congreso Federal expedir, entre otras normatividades, una Ley General de Transparencia (promulgada en mayo del 2015) y una Ley General de Archivos a fin de establecer la organización y la administración homogénea de los archivos a nivel nacional con el objetivo de determinar las bases de organización y de funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos; y estableció como fecha límite para expedir esta legislación mayo del 2016. A octubre de 2016, el Congreso de la Unión no contaba con dictamen en la materia. Lo anterior deja patente que, a pesar de la ausencia de la Ley General, la administración de los archivos gubernamentales en el país cuenta con un marco normativo; sin embargo, los datos que a continuación se presentan indican una preocupante debilidad.

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