En los últimos treinta años, México no sólo ha vivido el espejismo de la mejora en la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanos sino que además, la desigualdad del ingreso entre la población es hoy en día mucho más importante de la que existía en la década de los ochenta. Así lo revela el estudio Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político publicado la semana pasada por el capítulo mexicano de Oxfam.
A partir de la información estadística disponible, en este trabajo se documenta que el país se encuentra sumergido en el círculo vicioso de la desigualdad, el bajo crecimiento y la pobreza, debido a que prevalece una captura política y económica del Estado.
Sin contrapesos y con derecho de picaporte a la antesala del poder, una pequeña élite privilegiada equivalente al 1% de la población concentra el 43% de la riqueza total del país.
En particular, sobresale el caso de cuatro empresarios que fueron beneficiados por la adquisición de paraestatales que solían ser reguladas por el sector público (Telmex, Minera México, Industrias Peñoles y TV Azteca). Por falta de regulación, ausencia de competencia y exceso de beneficios fiscales, quienes encabezan lo que ahora se ha convertido en auténticos consorcios empresariales, han visto su fortuna multiplicarse exponencialmente a costa de los consumidores. Sólo por citar un ejemplo: el comportamiento monopólico de Telmex y Telcel se ha traducido en la oferta de un servicio caro, malo y poco competitivo. La OCDE calcula que esto ha generado una pérdida de bienestar anual de 129 mil millones de dólares para los mexicanos (1,8% del PIB).
A partir de este diagnóstico, Oxfam-México, tal y como lo ha hecho en otros países, lanza su campaña “Iguales”, una propuesta que busca “cambiar las reglas” y dar voz a los que han quedado excluidos y sin capacidad de participar en las decisiones que afectan sus vidas y las de sus hijos.
Para el caso mexicano, Oxfam propone cinco medidas orientadas a ampliar los beneficios del crecimiento a un sector más amplio de la población. Entre ellas destacan: a) la creación de un auténtico Estado Social en el que se eviten los programas de corte asistencialista y se cuente con la garantía del acceso a servicios de calidad y con infraestructura adecuada; b) una política fiscal progresiva que amplíe la base gravable a las esferas con mayores ingresos, que permita impuestos a la propiedad a nivel municipal y que elimine algunas de las deducciones personales; c) gasto público mejor focalizado y con un carácter principalmente redistributivo; d) política salarial y laboral que modifique la política de salario mínimo para que inicie un proceso de recuperación de la capacidad de compra y, finalmente e) mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En este apartado la recomendación de Oxfam hace especial hincapié en la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, sin embargo, a lo largo de su informe, la organización recuerda que como parte de la estrategia a favor de equidad, la rendición de cuentas como antídoto al abuso, fue uno de los compromisos de la agenda post-milenio 2015 en la que países con fuertes desigualdades como México habrán de seguir trabajando.
