El esquema de designaciones para los puestos públicos se ha vuelto un tema de reflexión cotidiano, ya que no se ha logrado integrar un esquema que garantice información abierta, exposición clara de criterios y motivaciones, blindaje de cuotas partidistas o intereses particulares, así como esquemas de colaboración con expertos que contribuyan a generar espacios críticos de reflexión sobre los candidatos a ocupar puestos clave. En este último punto, pareciera que la mayoría de las veces el acompañamiento de la sociedad queda ceñido exclusivamente a integrarla para emitir opiniones y así, cumplir con una buena práctica esperada, pero que no se utiliza necesariamente para cambiar el sentido bajo el cual se eligen las personas que ocuparán dichos cargos.
 
Lo que ocurre en realidad, al menos lo que se ha visto en muchos procesos de designación, es que las decisiones se toman en otras esferas, bajo otros acuerdos y criterios, muchas veces cubriendo algunas cuotas. Esto convierte a los procesos de designación en acciones para cumplir con la norma y, no necesariamente, garantizan la selección de los mejores perfiles. Para mejorar estas prácticas y diseñar mecanismos más eficaces y basados en el mérito real, organizaciones de la sociedad civil y de la academia han levantado la voz en muchos procesos de selección. Tal es el caso del colectivo Designaciones Públicas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la agenda que se impulsa. Así ha ocurrido con diferentes procesos de nombramiento como los órganos internos de control en la Secretaría de la Función Pública, el proceso de nombramiento para la Auditoría Superior de Federación y la Fiscalía General de la República, por mencionar algunos.
 
En los próximos días se abre una nueva oportunidad para reivindicar la agenda de designaciones pendientes, con el proceso para seleccionar al nuevo Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El 8 de febrero, la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana en el Senado aprobó la metodología para ello. Es interesante el espacio que se abre para que la sociedad civil y los grupos interesados puedan generar preguntas para las entrevistas, así como un proceso de consulta abierta para que puedan emitir opinión de las y los candidatos respecto sobre su trayectoria laboral o académica, la cual debe venir debidamente sustentada y acompañada de documentos probatorios. A pesar de que la práctica puede resultar en un ejercicio interesante, queda pendiente que se diseñen mecanismos para que esas opiniones tengan un peso real en la selección. Tampoco son claros los mecanismos que se utilizarán para aplicar criterios de máxima publicidad y transparencia proactiva que, en procesos de este tipo, pueden resultar muy valiosos.
 
La realidad es que no se ha logrado un punto de equilibrio en los procesos de designación y la necesidad de garantizar procesos limpios para que lleguen los mejores perfiles a estos cargos, sigue siendo un tema pendiente para avanzar en el fortalecimiento de las instituciones mexicanas.
  Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas