Por tres votos contra dos, la Sala Superior acordó que sólo sea un catálogo informativo donde se enlisten las sentencias por violación al artículo 134 constitucional de todos los servidores públicos, de cualquier nivel de gobierno, e impacte en cualquier elección federal o local.

La Magistrada Janine Otálora proponía un cuaderno con las sentencias del Tribunal Electoral y resoluciones del INE en las que se determinara que el Primer Mandatario, sus funcionarios o gobiernos locales intervinieron o usaron recursos públicos en la contienda electoral.

“Esto permitirá que al momento en que se abra el expediente del dictamen de calificación (de la elección a la Presidencia), se le vincule este cuaderno y esta Sala tenga todos los elementos jurídicos necesarios para tomar la determinación correspondiente”, planteaba la magistrada en su propuesta.

De manera adicional, proponía un catálogo con las sentencias contra servidores públicos que cometan una infracción que afecte la equidad en el resto de las elecciones que se realizarán el 2 de junio.

Sin embargo, tres de los magistrados rechazaron el cuaderno -Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata-, con el argumento de que no era necesario, pues al momento de calificar la elección cada uno sabía qué consideraciones atender.

La semana pasada, el proyecto de Janine Otálora se pospuso, pues parecía que los cinco magistrados estaban de acuerdo en crear un instrumento que evidenciara la intromisión presidencial, pero diferían en su contenido y el nombre.

En la sesión de este miércoles, el Magistrado Felipe Fuentes se dijo preocupado porque ese cuaderno se considerara como una “prueba preconstituida” desde el Tribunal.

“¿Por qué? Porque esto de alguna forma elimina la carga de la prueba de los actores en los juicios de nulidad y prácticamente traslada la carga de la prueba al propio Tribunal, sin una autorización legal para hacerlo”, argumentó.

Janine negó que fuera una prueba preconstituida e insistió en que se requería un instrumento dedicado exclusivamente a la elección presidencial, por su importancia.

Su propuesta fue respaldada por el Magistrado Reyes Rodríguez, quien consideró que con el cuaderno los ciudadanos podrían ver quiénes vulneraron los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la elección presidencial.

Su compañero Felipe de la Mata argumentó que no eran necesarios dos listados, por lo que optaba por el catálogo, que contenía mayor información.

Más tarde, en sus redes sociales advirtió: “Esta sentencia es clave para legitimar el proceso electoral. El catálogo es un registro para cuando se evalúan y califiquen resultados de cada elección, sepan todos los gobernantes que tomaremos en cuenta su actuar. Mismo que la Constitución mandata a que no interfieran en procesos electorales”.

Así, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal deberá establecer los lineamientos para crear dicho catálogo, que sólo contendrá las sentencias de la Sala Superior y las Salas Regionales sobre la injerencia en los procesos federal y en las 32 entidades.