La iniciativa del senador Ricardo Monreal para la “regulación de redes sociales”, publicada en su página personal el lunes 8 de febrero, presenta múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital.
Al respecto, las organizaciones firmantes destacamos los puntos más problemáticos de la iniciativa, los cuales se identifican al evaluar el documento conforme a derecho, estándares y principios constitucionales e internacionales de derechos humanos:
- La iniciativa señala que cualquier servicio ofrecido a través de Internet que permita a personas usuarias compartir contenidos será sujeto a regulación. El artículo 3 fracción LXI establece que un Servicio de Redes Sociales es el “servicio […] cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información[…] con la finalidad de informar, entretener o educar”. Esta conceptualización es tan amplia y vaga que prácticamente cualquier sitio en Internet que permita a las personas usuarias difundir información caería dentro de esa categoría.
- Además, establece que se considerará red social relevante a cualquier servicio que cuente con, al menos, un millón de personas usuarias o suscriptores, sin especificar si se refiere a usuarios globales o en México, activos o registrados, o durante qué periodo. Es decir, no existe una adecuada definición del sujeto a quien la iniciativa pretende regular, por lo que se impondrían cargas administrativas y regulatorias a diversos actores en el ecosistema de Internet.
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Fuente: Artículo 19
