Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI trabaja únicamente con cinco de las siete personas comisionadas que debería haber y para el próximo 31 de marzo un comisionado más concluye su periodo. El pleno se quedaría únicamente con cuatro integrantes y no habría quorum necesario para sesionar.

Es difícil hablar del derecho de acceso a la información sin tomar en cuenta el contexto político del país y los reiterados cuestionamientos del Poder Ejecutivo a los órganos autónomos constitucionales. En últimas fechas, incluso, hemos escuchado críticas que proponen modificar y/o desaparecer estos órganos, con el supuesto fin de que se renueven o adelgacen sus estructuras, y se constituyan con nuevas personas integrantes que sean más “independientes” y no tengan interferencias de ningún tipo en su toma de decisión. Si bien dichas propuestas son justificadas por actores políticos como necesarias para fortalecer la democracia, en muchos casos, apuntan a un debilitamiento de estas instituciones y de un sistema de pesos y contrapesos efectivos.

Esta narrativa oficial que cuestiona públicamente a algunas instituciones ha alcanzado también a los órganos garantes de la transparencia, a quienes se acusa de no haber servido en años anteriores para combatir la corrupción. Estas declaraciones restan legitimidad a las instituciones y su rol para la rendición de cuentas. El gobierno hace también reclamos directos a los órganos garantes cuando, en cumplimiento de su mandato, han obligado a instituciones públicas a entregar información que había sido declarada inexistente.

Es importante señalar que la creación de un marco institucional y profesional de garantía del Derecho de Acceso a la Información ha sido una batalla muy importante desde hace dos décadas que pasó por reformas legislativas para poder dotar de facultades y autonomía constitucional al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Otra batalla clave ha sido el proceso de designación de sus comisionados y comisionadas que busca asegurar que existan perfiles profesionales, independientes y expertos que lo encabecen e impidan su captura.

Sin embargo, hoy el derecho de acceso a la información está en riesgo. Desde el 31 de marzo de 2022, el INAI trabaja únicamente con cinco de las siete personas comisionadas que debería haber. A esta ecuación –cuasi fatal– se suma que el próximo 31 de marzo un comisionado más concluye su periodo, por lo cual el pleno se quedaría únicamente con cuatro integrantes y no habría quorum necesario para sesionar, por lo que, el INAI no podría discutir y votar sobre los recursos que la ciudadanía le hace cuando no recibe información pública de alguna institución o cuando su derecho a la protección de datos personales es violado.

Desde abril de 2022 la Junta de Coordinación Política del Senado recibió el Dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia, con el listado de las y los candidatos con las condiciones de elegibilidad para ocupar dicho cargo. No obstante, el Senado ha sido omiso, lo que además de generar preocupación puede provocar una parálisis institucional. Incluso, actores como el Consejo Consultivo del INAI recomendó que se promueva una controversia constitucional para que el Senado designe a las personas comisionadas faltantes, pues el INAI no había enfrentado antes una crisis que amenazara la operación de su pleno.

El papel del INAI se centra en evitar la vulneración del derecho a la información y protección de datos personales cuando las instituciones públicas no los están garantizando. Para ejemplificar lo anterior, a continuación, se mencionan tres de sus actuaciones más relevantes en pro de la garantía del derecho a saber de los últimos años:

Resoluciones SAT. Entre 2007 y 2015, la autoridad tributaria, el SAT, implementó programas de cancelación y condonación de impuestos que beneficiaron a grandes contribuyentes y que no contaron con mecanismos de rendición de cuentas. Dado que el SAT negaba a la ciudadanía el derecho a conocer quién se había beneficiado de estos programas, el monto y el periodo, el INAI ordenó en la resolución RDA 5354/15 la entrega de la información, ante la cual el gobierno se amparó para no proporcionarla.

Acción de inconstitucionalidad Ley de Seguridad Interior. Dicha ley surgía para legitimar la actuación de las fuerzas armadas en actividades de investigación y persecución de delitos. En ese momento, la discusión versaba sobre el impacto de la ley dada la situación de inseguridad, desapariciones forzadas y fosas clandestinas en México. En 2017, el INAI posicionó las vulneraciones que dicha ley causaría, ya que la información que se generara con motivo de su aplicación sería considerada de seguridad nacional y por lo tanto sería clasificada. El INAI, además, estableció una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los artículos 9 y 31 por vulnerar el derecho de acceso a la información.

Caso San Fernando. Con el fin de garantizar el derecho a la verdad de la sociedad, en 2014 se hizo una solicitud para conocer información sobre las graves violaciones a derechos humanos causadas por cuerpos policiacos del Estado que habían sido detenidos por estar involucrados en la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde 72 personas migrantes fueron asesinadas en agosto de 2010. La entonces PGR reservó la información por un periodo de 12 años. Sin embargo, ante alegatos promovidos por particulares, la SCJN resolvió que el INAI tenía facultades para pronunciarse al respecto y finalmente el órgano garante resolvió que la PGR debía proporcionar la información.
Como ilustran estos ejemplos, el INAI discute sobre el derecho de la sociedad de conocer información de interés público, por estar relacionada con violaciones a derechos humanos, casos de corrupción, así como la utilidad de dicha información para la garantía de otros derechos.

Si bien el INAI puede fortalecer su labor, por ejemplo, difundiendo mayormente este derecho entre la ciudadanía, es importante reconocer que su existencia como un órgano autónomo y colegiado es y ha sido fundamental para promover el derecho de acceso a la información y la protección de datos en nuestro país.

Diariamente el gobierno toma decisiones que implican una gran cantidad de recursos materiales y humanos, además de que en el país persisten altos niveles de desigualdad social, pobreza, violencia y violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, es fundamental, garantizar el derecho de acceso a la información y transparentar el actuar gubernamental para que la ciudadanía pueda hacer efectiva la rendición de cuentas. Necesitamos información para poder evaluar la forma en la que los gobiernos están enfrentando problemáticas sociales, y acceder a esta información no será posible si la institución encargada de su garantía se ve impedida para operar.

Fuente: Animal Político