Continúa la impunidad en el llamado cártel del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) donde impartidores de justicia venden sus fallos al mejor postor.
Pedro Pérez Olvera, empresario cafetalero; víctima de dicho cártel, señala que, “a pesar de las denuncias penales interpuestas contra impartidores de justicia corruptos, continúa el otorgamiento de amparos ilegales para que delincuentes obtengan su libertada; tal es el caso de los magistrados: Raúl Ayala Casillas, Antonio Acosta Galán y Alicia Solorio Suárez; quienes en la Toca de apelación número 447/93 decretaron la libertad de Víctor Manuel Zardaín Herrerías por el delito de fraude genérico por la cantidad de un millón 150 mil dólares en agravio del denunciante; ello a pesar de que el imputado cuenta con antecedentes penales al ser consignado junto con tres de sus hermanos por cometer un fraude en contra del Banco del Pequeño Comercio por la cantidad de 16 millones de dólares”.
A través de un escrito enviados a la presidencia de la República, y a los Consejos de la Judicatura Federal y de la capital del país, el empresario Pérez Olvera demandó freno a la impunidad en la que operan los impartidores de justicia corruptos.
El denunciante, sostuvo que dichos magistrados afectaron su patrimonio al emitir amparos “Ilegales” presuntamente tras recibir dinero de los hermanos Zardaín Herrerías remitidos al Reclusorio Preventivo Norte por el fraude que cometieron en dicho Banco.
“Con argumentos legaloides y falsos dictaron el Toca 447/93 revocando el auto de formal prisión en contra de Víctor Manuel Zardaín Herrerías; auto que fue dictado por la juez Sara Patricia Orea Ochoa en el juzgado 40 penal del Reclusorio Norte” denuncia en su escrito el empresario cafetalero.
Informó que por todo lo expuesto, presentó denuncias en contra de “los magistrados corruptos” en el año de 1998 como consta en la Averiguación Previa DGSP130/98-08, en la que se encuentra la declaración ministerial de la juez Sara Patricia Orea Ochoa, quien dijo que el magistrado Raúl Ayala Casillas la llevó a su oficina para decirle que no podía acompañarla a la toma de posesión del Juzgado 40, pero que se fuera al Juzgado lo más pronto posible porque había un auto de libertad que ya estaba elaborado en favor de Víctor Manuel Zardaín. El auto fue elaborado por el juez por ministerio de ley Gómez Sandoval.
En la declaración de la juez, se indica que cuando llegó al juzgado vio que estaba elaborado el auto de libertad que le había dicho el magistrado Raúl Ayala Casillas, pero además se dio cuenta que debía ser auto de formal prisión y como coautor de dos delitos por estar acreditado el fraude genérico en contra de Víctor Manuel Zardaín Herrerías en la causa penal 15/93.
“Fue así como el día 7 de septiembre de 1993 los magistrados corruptos dieron la libertad a Victo Manuel a pesar de que la juez Sara Patricia Orea Ochoa con plenitud de jurisdicción dictó el auto de formal prisión y lo que hicieron los magistrados corruptos fue torcer toda la documentación que había en la causa penal 15/90 con la que se acreditaba la entrega del millón 150 mil dólares que recibió Víctor Manuel Zardaín Herrerías.
El denunciante -quien desde hace años demanda justicia- sentenció: “o detienen a los hermanos Zardaín para que me paguen o el Tribunal Superior de Justicia y esos magistrados corruptos son responsables del daño que me causaron y eso es otro delito”, concluyó el empresario cafetalero.
Fuente: Enfoque Noticias
