El próximo miércoles se presentará ante la Comisión Permanente la reforma política propuesta por senadores del PAN y PRD. El Legislativo turnará a comisiones el contenido de esta iniciativa que contempla, entre otras cosas, la segunda vuelta presidencial, la reelección de alcaldes y legisladores federales y locales e incluso considera la nulidad de la elección en caso de que se rebasen los topes de campaña.

Es precisamente el contenido de esta iniciativa lo que la hace una propuesta seria y con material suficiente para transformar la arena política y garantizarle a los ciudadanos procesos más limpios y transparentes, pues no podemos olvidar que las últimas iniciativas que se han presentado en el tema —una de ellas por Gustavo Madero el 14 de mayo— han carecido de dirección y sólo han contemplado cambios superficiales que contribuirían medianamente a construir una democracia más sólida y fuerte.

Y es que ante las condiciones en que dejó al diálogo entre partidos el clima de tensión política que se vivió en los anteriores comicios, la inminencia de discutir una reforma integral que contemple cada aspecto de nuestra joven democracia es impostergable, pues ya no es posible seguir permitiendo que se caiga en prácticas del pasado como la compra de votos, el robo de urnas o el uso de recursos públicos, prácticas orquestadas por el PRI a las que muchos candidatos se enfrentaron el 7 de julio pasado.

En este caso el Legislativo no puede optar por un debate a medias que sólo maquille un cambio en nuestro sistema político, al contrario debe entrar a temas que hasta ahora no se habían tocado, como la fiscalización de los gastos de campaña, la iniciativa ciudadana y el referéndum, temas que son necesarios para asegurarle a cada mexicano la correcta aplicación de la ley y el ejercicio político.

Esto no quiere decir que sólo la propuesta que se presentará el día de mañana sea la válida, al contrario, debe ser el piso que dé paso a un debate más profundo y de mayores alcances. En el caso del PAN, la discusión sobre la transformación del IFE al Instituto Nacional Electoral dotaría al mismo de mayor control y eficacia en su trabajo, lo que a largo plazo se traduciría en elecciones mejor organizadas y más uniformes; sin embargo, se podría analizar otra opción que permitiera al Congreso nombrar a los representantes de los institutos electorales estatales sin desgastar al IFE.

Alcanzar el ideal democrático que todos los partidos y principalmente los ciudadanos anhelan, requiere de mayor valentía política y por lo tanto de la voluntad de abordar temas que pueden ser complicados y difíciles para los actores involucrados, pero que sin ellos no se podría garantizar un verdadero cambio.

El poder siquiera debatir estos puntos nos acerca a la construcción del verdadero piso parejo que nuestros partidos necesitan para competir democráticamente en cualquier elección, así como las condiciones que le permitirían a los ciudadanos participar activamente. Estas condiciones necesarias para el avance y progreso de nuestro país nos permitirían —por fin— abordar aquellos puntos pendientes que también son necesarios en la agenda de modernización de nuestro país.

Sin embargo, y como ya se ha asentado en este espacio, para que una reforma de corte económico o financiero transite es necesario poder garantizar que cualquier ingreso o recurso que se obtenga de la misma sea destinado al progreso y bienestar de los mexicanos y no al de un partido, un gobernador o una elección, algo que sólo podría asegurar una reforma política-electoral. Sólo a partir de esta garantía es como se podrían discutir también iniciativas tan importantes como la Ley de Transparencia o la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.

Aun así el PAN ha presentado su propuesta de reforma energética sujetada a la aprobación de una reforma electoral. Habrá que tomarles la palabra e impulsar un verdadero cambio. Será cuestión ahora que los legisladores definan cuáles serán las prioridades en la agenda de nuestro país, una agenda que no puede guiarse ni limitarse a lo que decida un grupo de personas que se hace llamar Consejo Rector del Pacto por México.

Fuente: Excelsior