Por Jaime Villasana Dávila*
Con las deudas estatales y municipales brotando como flores en primavera incluso sin previo aviso, es natural cuestionarse la efectividad del actual marco regulatorio para prevenir dichos tsunamis de información negativa, pero también lo es cuestionarse la efectividad de quienes deben aplicarlo.
Existen varios responsables de proveer información sobre el estado de las deudas públicas al ciudadano. Desde el Alcalde y Gobernador, hasta la SHCP pasando obviamente por los consejeros de los institutos estatales de transparencia y acceso a la información (aunque estos últimos suelen ampararse lamentablemente en las atribuciones que les marca la ley).
El caso de Coahuila (donde nací) es el más extremo. En el estado norteño todos los responsables fallaron en su tarea de informar y cuando lo hicieron era ya demasiado tarde; una deuda de 35 mil millones (y contando) cuyos ciudadanos deben pagar forzosamente. Hay algunas demandas civiles al respecto, pero para tales sentencias pasarán meses, si no es que años (otra área de oportunidad).
Este escenario de endeudamiento público ofensivo y excesivo en Coahuila tiene parte de su origen en su Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).
Al igual que todos sus “hermanos” institucionales, el ICAI nació para mal funcionar y con el cambio de gobierno estatal en 2005 se transformó definitivamente en un elefante blanco con resultados mediocres. El estudio de Métrica de la Transparencia 2010, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ubicó a Coahuila, en lo general, en el lugar número 25 en el tema de acceso a la información.
Encontrar la razón de lo anterior no es complicado; cuatro de cinco Consejeros del ICAI son ex –funcionarios del gobierno estatal. Uno fue Director de Planeación en la oficina del gobernador. Otro fue Jefe de Departamento en la Secretaría de Gobierno. Uno más fue Director de Asuntos Jurídicos de la secretaría antes citada y otro fue Director de Averiguaciones Previas de la entonces PGJ.
Con estos Consejeros profundamente ligados al gobierno en turno ¿qué resultados futuros pueden esperarse? Nadie en su sano juicio puede afirmar que un Consejo conformado así puede cumplir con sus responsabilidades. Pero la culpa no es toda de los Consejeros, es también de quien los propuso (gobierno estatal), los ratificó (Congreso estatal) y toleró su nombramiento (ciudadanos). Por lo tanto la responsabilidad se diversifica y se pierde. Nadie sabe, nadie supo.
Cambiar este escenario de comparsas institucionales y donde el ciudadano juega un rol es complicado pero no imposible. En México hay numerosos organismos civiles remando contracorriente con el propósito de cambiar dicho escenario. El Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) es uno de ellos.
CIMTRA es un grupo de organizaciones civiles en alianza voluntaria desde 2002. Su presencia se ubica en diez estados evaluando transparencia a más de 100 municipios y evaluando también a Congresos locales. Se trata pues de un conglomerado plural cuyas partes tienen su agenda propia y coinciden en un tema de interés común.
La filosofía de CIMTRA es que dado que no existen procesos de transparencia por la vía del decreto o ley y que tampoco basta con la buena voluntad de autoridades (la cual últimamente es muy escasa), entonces se requiere ciudadanía demandante para hacerla realidad.
En Coahuila CIMTRA hizo varios intentos por evaluar a municipios de la comarca lagunera y del sureste del estado, pero los actores locales interesados al final no se animaron. Ojalá que ante el escenario de deuda actual cambien de opinión. Sin duda de algo servirá su participación.
*Miembro coordinador del Colectivo CIMTRA
@jvillasanad – Facebook: jvillasanad
