Frente a la inconcreción del paradigma populista, la democracia atraviesa por el reto histórico de crear las bases de sustentación política, que permitan desde la sociedad civil organizada, derrotar este fantasma del Estado que hoy amenaza la estabilidad y equilibrio de la Nación.

La administración pública, de manera sistemática se desliza al caos. Desolada y sin rumbo ni camino cierto, presagia una ruptura social frente al regresionismo político que socaba las conquistas históricas de un pueblo que hoy se ve avasallado por el creciente control de los poderes públicos, que obstruyen el juego de pesos y contrapesos y amordaza las fuerzas democráticas.

Héctor Aguilar Camín al respecto expresa que “Un Poder Judicial aquiescente puede legalizar el autoritarismo y la dictadura. Un Poder Judicial independiente, en cambio, puede contenerlas o al menos regular su paso. La nota es importante para México ahora que el Senado se apresta a legislar al Poder Judicial, por las buenas razones: para limpiarlo de corrupción y populismo, pero por malas intenciones políticas: para someterlo a las designaciones y a las reglas que le impongan los poderes Ejecutivo y Legislativo, que en este momento son la misma cosa en México…La captura del Poder Judicial es fundamental para el proceso de disolución de la democracia por vías democráticas.”

En este contexto de consolidación del control del Poder Judicial y del anuncio de la irreversibilidad de las medidas que se promueven, se arremete también en contra del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del Sistema Penal Acusatorio (SPA), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la autonomía del INAI, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); todas ellas, estructuras institucionales en las que se impone el autoritarismo político del Poder Ejecutivo.

Hay un peligro social que se cierne ante este verticalismo absoluto, que al no permitir la evaluación de la marcha del gobierno, la vuelve sórdida y absurda, al grado que no existe una ética política ni respeto al Estado Democrático de Derecho.

El saldo rojo del gobierno del presidente López Obrador lo constituye, sin duda, la nulidad del crecimiento económico, el marasmo de la inseguridad y la política entreguista con Estados Unidos, donde la Guardia Nacional asemeja un perro de presa que persigue a los migrantes, cuyo sufrimiento inenarrable sucumbe también ante la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM), condiciones impugnadas por la sociedad civil organizada, que el poeta Javier Sicilia ha denunciado en un planteamiento directo al Poder Ejecutivo.

Empero, ¿Cuáles son los signos políticos del regresionismos populista?

Empecemos por la deuda social, que ante la inconcreción de la tarea pública se tiene que conformar con un asistencialismo que ha ido deteriorando el presupuesto público, en detrimento de una eficaz planeación democrática, que marque objetivos y metas claras de crecimiento económico, que redistribuyan la riqueza del Estado, desde una hacienda pública que actúe como institución de armonización de la tributación y potenciadora de las oportunidades sociales, no como brazo de coerción política del gobierno.

Como eslabón de esta lógica gubernamental, se encuentra el deterioro de la producción nacional, ante el debilitamiento de la inversión interna y extranjera, que al no contar con garantías de respeto público, se han inhibido en un grado mayúsculo, por lo que proyectos como el Tren Maya y la Refinería de “Dos bocas”, se convierten en quimeras que se hacen desde el escritorio, pero todavía, sin ningún resultado palpable ni medible.

Y con menos pesos en los bolsillos, los ciudadanos siguen cargando la inseguridad, donde el crimen organizado tiene en jaque al gobierno, que no encuentra el antídoto al veneno de la corrupción e impunidad, que fue la bandera desplegada y que hoy se encuentra a media asta, ante el fracaso de las acciones deshilvanadas para contenerla y abatirla.

En esta intrincada realidad, la libertad política se encuentra prácticamente proscrita, porque el presidente no escucha a nadie, lo impugna todo y la persecución política de sus opositores no parece tener fin; pesquisa brutal que no se finca en pruebas, sino en la sospecha, que violando el principio de presunción de inocencia vuelve culpables a todos.

Este cesarismo político cierra el círculo de la legitimidad de las urnas, frente a la disociación de la realidad; condición sostenida con las pinzas del asistencialismo, que si bien toca las fibras sensibles del país, enfrenta la imposibilidad de sustentarse porque no puede darse el lujo de derrochar el dinero del Estado, a pesar de que se predique que la austeridad republicana lo solventa, cuando por el contrario, castiga e inhibe la inversión y erosiona las oportunidades de empleo y dignidad social.

No debemos olvidar en esta encrucijada, que la oposición política partidista ha dejado de constituir una conciencia crítica, al inexistente programa de gobierno y a la disfuncionalidad institucional que se vive. Esta condición refleja que el poder del actual gobierno es directamente proporcional al grado de complacencia y control vertical sobre la clase política, que en desbandada ha abandonado la vanguardia ciudadana.

¿Hasta dónde llegará el regresionismo populista?

Hasta que nos enfrentemos al despliegue del autoritarismo político, que constriñe las libertades ciudadanas y da paso a las luces de un cesarismo mesiánico, que se constituye en la amenaza y mordaza social y restringe la participación ciudadana que se suplanta con consultas y plebiscitos o con políticas públicas que se hacen en los escritorios de los genios del gobierno.

Debemos advertir que atravesamos por una sombría etapa de nuestra historia. La desigualdad social ya no tiene que ver con los problemas endogámicos propios del desarrollo del país, sino con el autoritarismo político, que reduce la libertad a un juego de suma-cero, donde los adversarios se han vuelto enemigos políticos, causando la regresión democrática que hoy le permite engordar al populismo de Estado, al margen de la razón.

Agenda

• Con la presencia del presidente López Obrador como testigo de honor, Jared Kushner, Consejero superior del presidente de los Estados Unidos, se firmó el Protocolo modificatorio del T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, participaron Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá; Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, y Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de México.
• Fue detenido en Estados Unidos, Genaro García Luna, quien en el sexenio de Felipe Calderón fue Secretario de Seguridad Pública, acusado entre otras cosas de vínculos con la delincuencia organizada.
• Con esta entrega cierro mis publicaciones semanales y aprovecho para desear a mis amables lectores felices fiestas de fin de año. Los saludo nuevamente en enero. Feliz Año Nuevo 2020.

Fuente: Perspectiva

Por: Esteban Ángeles