Este de 2018, es el primer proceso electoral federal, en el que, por decirlo así, se aplicaría ya lo que ordena la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDP), es decir entidades públicas, como los Partidos Políticos.

Resalto a estos últimos porque son entidades que manejan datos personales, principalmente de sus afiliados.  Datos, los de estos, que se recaban, se diría así en el Aviso de Privacidad de cada uno de ellos, con fines meramente organizativos y de comunicación interna. Podemos tomar como ejemplo el del Partido Acción Nacional, por el propósito de la presente reflexión.

El PAN recaba datos, también, de los “visitantes a su sitio web” y de sus empleados.  Los de sus militantes son: “- Datos de identificación: nombres, apellido paterno, apellido materno, fotografía (en su caso), sexo, edad, Clave Única del Registro de Población, Registro Federal de Causantes, Clave de Elector y firma.  – Datos generales: Fecha y lugar de nacimiento, domicilio completo, entidad federativa, municipio y localidad que corresponde al domicilio, tiempo de residencia en el domicilio, correo electrónico personal, número telefónico fijo, número de teléfono celular, ocupación (en su caso), fecha de afiliación.  – Datos personales sensibles: registro de huella digital.  – Datos personales de fuentes de acceso público y recibido vía transferencias consentidas.  -Datos provenientes de registros públicos, directorios, redes sociales y otras fuentes lícitas.  – Datos personales e información proveniente de redes sociales.”

En teoría principalmente a estos puede, este partido, por ejemplo enviarles propaganda electoral a sus domicilios.  No tanto así a sus empleados y menos a los visitantes a sus sitios web.  ¿Entonces por qué hay ciudadanos que se quejan de estar recibiendo en sus domicilios, con su nombre propio, una tarjeta mediante la cual, en caso del triunfo de su candidato a presidente de la república, Ricardo Anaya, recibiría un “Ingreso Básico Universal”?

Me ha llamado la atención en twitter, que Sergio Aguayo Quezada, académico del Colegio de México y comentarista reconocido, colabora con Carmen Aristegui; sea uno de los que manifiestan esa molestia.  El académico publica la carta personalizada que ha recibido.  Dice en el tuit, que le ofrecen “1,500 mensuales de por vida. Los rechazo pero ¿y el @INEMexico? ¿y la @FEPADE_Méx? Dan vergüenza.”   No he perdido la oportunidad y “retuiteado con comentario” su tuit, arrobeando al INAI (y a los Comisionados Joel Salas, Blanca Lilia Ibarra y Oscar Guerra, abusando de su amistad) para preguntar si en el órgano garante central, permítanme llamarlo así aunque no propiamente lo sea, de la Protección de los datos personales, podían decir algo.  Y he tenido como respuesta lo siguiente: “#LoTienesQueSaber El INAI inició investigaciones sobre el posible uso indebido de datos personales con fines electorales. Si deseas recibir más información llama a #TELINAI 01800 835 4324 o #FEPADETEL 01800 833 7233.”

Siguiendo el hilo del tuit de Aguayo Quezada, él mismo, le responde a otro tuitero que le dice que es (la carta de Anaya), “simplemente promocionar una promesa de campaña…” lo siguiente: “¿Usando Información que debe preservar el Registro Nacional (en realidad es Federal) de Electores? Hasta dónde (debe decir “donde”) sé es ilegal.

Todavía trato de que me haga caso, pero no tiene sentido comentarlo aquí.  El asunto que quiero destacar es que mucha gente, incluso estudiosos como Aguayo, tienen la impresión de que los datos son tomados del RFE, no reparan en que hay la posibilidad también de que no sea así, sino que uno mismo le haya dado esos datos al partido político, y éste violente nuestra privacidad, enviándonos publicidad personalizada, a pesar de que conforme a su propio Aviso de Privacidad, no es correcto.

Hay que recordar entonces que la LGPDP apenas entró en vigor en enero del año pasado y la divulgación, ya no digamos entre las personas (titulares de los datos personales les llama la ley) sino entre los propios sujetos obligados, como los partidos políticos; es mínima.  Pese a ello, si es cierto que el INAI ha “iniciado investigaciones” al respecto, lo interesante está en ver los resultados de las mismas y si, en caso de que se configuren delitos por cuestiones como lo narrado arriba, o por las llamadas a celulares con campaña sucia hacia López Obrador, se ordenan sanciones.

Nos falta mucho para ser una sociedad decente, como llama Avishai Margalit, a aquellas en la que las instituciones del Estado, como los partidos políticos, no humillan a la gente violando su privacidad, su derecho a “estar solos”, a no ser molestado.

Hay incluso que revisar si el Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS) recién aprobado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia señala algo ya, en situaciones como esta.

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