La sociedad civil por sus virtudes orgánicas, como la asociatividad, la cooperación, la autorregulación y la inteligencia social, presenta mayor potestad para procesar los conflictos del orden sistémico, potenciar la armonización gubernamental y elevar exponencialmente las oportunidades de los sujetos sociales.

Este trazo abre cauces a la gobernanza de los estados para conducir la tarea pública de manera horizontal e integral y al ser proclive a crear lazos de referencia y confianza entre sociedad política y sociedad civil, hace del capital social, la columna vertebral del desarrollo y la seguridad humana, y como lo marca el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2000), es la puerta de entrada a este nuevo milenio.

Este enfoque societario de la gobernanza activa, estimula la confianza ciudadana como eje distributivo de las oportunidades comunitarias y vecinales en apoyo a la institucionalidad de un gobierno abierto; condición sustantiva de una nueva identidad gubernamental, que socializa el quehacer público creando vínculos de lealtad ciudadana.

¿Pero cómo puede la participación ciudadana comunitaria y vecinal afianzar las prácticas de gobierno abierto y gobernanza activa?

Una respuesta lógica estriba en entender que los lazos cooperativos de las comunidades con el sector gubernamental, generan múltiples formas de organización ciudadana y fortalecen los núcleos básicos de interacción, como la familia, las asociaciones de padres, las juntas cívico-vecinales, los consejos ciudadanos, los consejos consultivos, los observatorios ciudadanos, los parlamentos ciudadanos abiertos, los laboratorios de innovación pública y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); figuras que pueden vincular el poder asociativista y convertirlo en la fuente motriz que maximice las oportunidades sociales, vertebre la cocreación vecinal en el quehacer público e impulse la participación ciudadana organizada, activa e informada.

La realidad compleja en que nos encontramos y el malestar social causado por la corrupción, han impedido que la sociedad haga de la confianza ciudadana la génesis de la construcción cívica y ética que consolide los trazos de la tarea pública, la gobernanza activa y el asociativismo; característica de tejidos sociales donde la probidad es parte consustancial de las lógicas de la relación socio-estatal.

Por ende, la fortaleza democrática debe fincarse en la sinergia socio-estatal para hacer perdurables los vínculos de convivencia y estabilidad social, como significativamente lo percibió en 2017 el Instituto Nacional Electoral (INE), al lanzar la “Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023” (ENCCÍVICA), que reconoce como problemas públicos, la debilidad de la cultura democrática que se expresa en la distancia de las y los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones de la vida pública; la desconfianza por el incumplimiento de las normas; y el desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas.

El resultado indiscutible de la corrupción e impunidad es la descomposición social, cuyos efectos generan desigualdad, discriminación, pobreza, marginación e inseguridad. Corregir estas anomias a nivel nacional e incidir en la cohesión inmediata del tejido social, impone desde las estructuras comunitarias y vecinales, ubicar a la cultura cívica en la distribución del poder político. Alcanzar este propósito, requiere la creación de una Ley de Cultura Cívica, que propicie el fortalecimiento de estas estructuras ciudadanas y la armonización de un marco jurídico que permita la acción conjunta sociedad-gobierno.

En esta tesitura se debe observar que el dinamismo vecinal y comunitario no es uniforme ni simultáneo, y en virtud de su vocación endogámica diversa, merece la atención del Estado, dado que el proceso creciente de complejidad social, reclama que el marco legal, aprecie las cualidades de las estructuras comunitarias y vecinales y las enfoque a la reestructuración institucional, que exige que el vínculo jurídico-político impulse el dinamismo de la cultura cívica.

Desde una visión crítica, el olvido y el ostracismo de los gobiernos locales, así como las asimetrías que propician el poder y los privilegios de las metrópolis, han incidido en la atomización de estas estructuras ciudadanas, lo que ahonda la parcelación socio-estatal, al tiempo que se obstruyen las condiciones de una cultura cívica que haga de lo diverso, la fuerza unitaria del Estado.

Sin duda, comprender que la sociedad civil es el actor comunitario y vecinal del que emerge la sustancia orgánica de lo local, la convierte en el factor clave de la democratización pública, porque la toma de decisiones no puede ser producto de la verticalidad operativa del Estado, sino consecuencia de la prescripción, acciones y criterios del tejido social.

Es preciso reflexionar desde la sociedad civil, que el planteamiento de reestructuración y transformación de la Nación, advierte la exigencia de construir ciudadanía y cultura cívica, como arquetipo vital de los derechos humanos; que no puede obviarse ni quedar en el olvido, porque su esencia solidaria es consustancial a la operatividad del ejercicio de gobierno.

Entendamos, no puede existir una autentica transformación de la Nación, si ésta no emerge desde la cultura cívica y de una sociedad que desde las estructuras comunitarias y vecinales, democratice las funciones gubernamentales en las que han primado los privilegios y la desigualdad, que no puede sernos ajena y mucho menos, indiferente.

La horizontalidad pública se construye desde una cultura política que admite que el ciudadano es el valor supremo de la Nación y que su soberanía y voluntad, son las bases de cohesión que impiden el autoritarismo y la verticalidad política, porque es desde la sociedad, donde se expresa la legalidad y racionalidad del Estado Democrático de Derecho.

Agenda

• El reporte de Transparencia Internacional, presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2018) el cual ubica a México en el lugar 138 de 180 países, con una calificación de 29, un punto menos que el año anterior. Se miden temas de gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la justicia en una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor resultado y 100 el mejor.
• La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CENTE) que ha obstruido al transporte del Ferrocarril de Occidente, ha causado serios daños a la planta productiva nacional, cuyos efectos no habrán de resarcirse en el corto plazo. Al respecto la secretaria de Gobernación señaló que el gobierno federal privilegiará el diálogo en todo momento; mientras tanto la Sección 22 de la CENTE en Oaxaca, se movilizó demandando pagos atrasados y anunciaron un paro definitivo.
• Severo problema significa el emplazamiento a huelga de 45 empresas maquiladoras de partes automotrices, ante la amenaza de este paro laboral se pone en riesgo la cadena productiva, las exportaciones y la pérdida de empleos.

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