Por Lourdes Morales
Además de los cuestionamientos sobre el contenido del Pacto por México en materia de rendición de cuentas (el más breve de todo el documento) y participación ciudadana (inexistente) promovido por el Presidente Enrique Peña Nieto y firmado por las tres principales fuerzas políticas con representación en el Congreso, diversas organizaciones sociales, miembros de la Red por la Rendición de Cuentas, cuestionaron el diseño y alcances tanto de la Comisión Nacional Anticorrupción como de la iniciativa al respecto formulada por el PRD (Agencia Nacional para el Combate a la Corrupción) y la que ya existía del PAN (Fiscalía Nacional contra la Corrupción).
Dentro de los cuestionamientos destacan la falta de debate y la exclusión de amplios sectores de la sociedad en la formulación de propuestas concretas que no ataquen solamente las consecuencias de la corrupción, sino que atiendan también las causas para así adoptar medidas preventivas y políticas públicas eficientes.
Asimismo, se señala la noción limitada de corrupción que se incluye en estas propuestas ya que se ataca exclusivamente al problema presupuestario o financiero excluyendo aspectos claves del ejercicio del poder como el abuso de autoridad, el clientelismo o el tráfico de influencias. Lo mismo sucede con el ámbito de la procuración de justicia.
Por otro lado, no se atienden a realidades como la diagnosticada por la RRC (fragmentación institucional y normativa) por lo que no se establecen mecanismos de articulación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esto sin hablar de la coordinación con los demás poderes públicos y el mecanismo de aplicación de sanciones.
Otra de las críticas se centra en la inquietante tendencia a la centralización del poder, la ausencia de un enfoque de derechos humanos y la forma de designación de los miembros de este órgano.
A su vez, la organización México Evalúa señala 5 riesgos de estas propuestas: i) nuevos órganos de control anticorrupción que se alejan de los focos rojos, ii) atomizar más el sistema vigente (más fragmentación de esfuerzos), iii) reducir la brecha entre la legislación y su aplicación exitosa, iv) ausencia de mecanismos de rendición de cuentas dentro del propio órgano, v) centralización del órgano federado ignorando realidades estatales y municipales.
México Evalúa (www.mexicoevalua.org) alerta sobre un rediseño institucional al sistema anticorrupción que responda únicamente a la coyuntura política del periodo de transición y señala que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal impone cambios relevantes del sistema de control interno anticorrupción que deben de desarrollarse con pertinencia y de acuerdo a una política de rendición de cuentas.(Ver informe aquí)
Este debate se desarrolló días antes de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre) promovido por las Naciones Unidas. Mientras en países como Brasil se realizaron protestas y movilizaciones contra la corrupción y en Nueva York el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, dio un mensaje (ver el mensaje aquí) en México este día pasó inadvertido, lo cual habla de la importancia real que se le da al tema en la actual administración.
Por otro lado, antes de lo previsto, iniciará la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 en donde se ha anunciado que habrá cero déficit y supuestas medidas de austeridad de corte populista (como bajar 5% los salarios a los funcionarios de alto nivel) no establece aún con claridad el monto de los recursos que habrán de destinarse al desarrollo de las nuevas reformas aprobadas y anunciadas por el Gobierno entrante. El monto a negociar es de 3 billones 902 mil 300 millones de pesos lo cual rebasa en 94,300 millones lo presupuestado para el año anterior.
