En ésta y las siguientes entradas del blog, se hará una revisión de algunos de los hallazgos de la cuenta pública 2009 (recién presentada por la Auditoría Superior de la Federación) respecto al gasto federalizado. Este gasto, que la Cámara de Diputados asigna para que lo ejerzan estados y municipios, alcanza ya la nada despreciable suma de 929,167.8 millones de pesos.

Quizá lo más relevante en materia de auditoría (más allá de lo estrictamente contable que nos dice si el dinero se gastó conforme a los procedimientos y montos previstos) es conocer si el gasto produjo lo esperado: ¿se cumplieron los propósitos definidos para cada bolsa presupuestal? Esto es lo que la ASF llama cumplimiento de metas. Para saber si las metas se cumplen se requiere, primero, saber cuáles son esas metas y, segundo, datos que permitan valorar el avance en su cumplimiento. Así, las normas establecen que todo el gasto público debe estar relacionado a indicadores de desempeño. Y aquí empiezan los problemas.

La ASF encuentra que:

La información sobre los indicadores de desempeño de los fondos del ramo general 33 presenta graves carencias, debido a que no todas las entidades federativas y municipios reportan los indicadores en el sistema establecido por la SHCP, y los que sí lo hacen, los informan incompletos y sin congruencia a lo largo del ejercicio fiscal, lo cual contraviene las disposiciones federales en la materia (Tomo Ejecutivo, Gasto Federalizado, p. 139)

Los estados y los municipios no reportan -pese al mandato legal- los avances en su desempeño. Y la consecuencia es obvia:

… la información financiera del gasto federalizado no se puede vincular de forma completa y congruente con los resultados obtenidos (p. 140).

De esta forma, los problemas con la rendición de cuentas comienzan con los insumos: para que la autoridad o el ciudadano puedan valorar el desempeño de los gobiernos se necesita contar con información básica, que en la mayoría de los casos es inexistente, desactualizada o incompleta. Y las razones son varias: rotación en el personal, ausencia de archivos administrativos, registros contables imprecisos. En el caso de los gobiernos municipales, a esto se agrega el notable desbalance entre las exigencias del sistema de rendición de cuentas (múltiples procesos, formatos y tiempos para cada fondo y cada programa federal) y las capacidades institucionales de los gobiernos locales (por ejemplo, buena parte de los ayuntamientos no cuenta con una oficina de contraloría, y otra porción tiene contralorías con apenas uno o dos funcionarios). Esta debilidad estructural para rendir cuentas se complementa con la poca exigencia para que se cumpla con estas obligaciones, algo que se discutirá en una entrada futura.