Los privilegios fiscales son posibles, entre otras razones, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo gozan de facultades discrecionales para crearlos, y porque no existen suficientes obligaciones de transparencia a su alrededor.
Hace un par de semanas solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que proporcionara información sobre la cantidad de impuestos que los contribuyentes más ricos no pagan porque la ley se los permite. 1 La SHCP negó nuestra solicitud alegando que no cuenta con dicha información y que no está obligada a elaborar documentos específicos que requiera la ciudadanía. Esta negativa es sumamente alarmante, pues nos revela que la principal autoridad hacendaria de nuestro país no conoce a ciencia cierta—o no está dispuesta a informar— cuál es el monto que anualmente deja de recaudar el fisco.
A nivel federal, las leyes fiscales permiten que los individuos ultrarricos 2 y las empresas no paguen suficientes impuestos. Estos beneficios son reportados cada año por la SHCP en un documento denominado Renuncias Recaudatorias. Sin embargo, como fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación, uno de los principales problemas de este documento es que contiene solamente estimaciones sobre los montos que deja de recaudar el fisco mexicano al favorecer a quienes más tienen.
Por lo tanto, la respuesta de la SCHP limita la posibilidad de conocer y evaluar cuántos recursos realmente gasta el Estado mexicano al privilegiar fiscalmente a los ultrarricos. Por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2021, la SCHP estimó que las personas que invierten en Fibras Inmobiliarias (instrumentos financieros bajo los cuales se construyen megaproyectos como Mitikah) recibían un beneficio total de 28 mil millones de pesos, lo que significaría que las pérdidas a través de este privilegio fiscal son 1.15 veces el presupuesto etiquetado dentro del Anexo 13 para las acciones y programas orientadas a erradicar y combatir la violencia de género en 2023. Sin embargo, por tratarse de una estimación, no es posible saber si el beneficio obtenido fue igual o mayor.
Lo mismo puede decirse para otro tipo de privilegios fiscales. Por poner solo algunos ejemplos, en 2021 la SCHP estimó que dejarían de recaudarse cerca de 10 mil millones de pesos por favorecer a quienes venden una casa-habitación multimillonaria (equiparable a 22 veces el presupuesto de los Refugios para las mujeres víctimas de violencia). Para el mismo ejercicio fiscal, la SCHP estimó que las desarrolladoras inmobiliarias percibirían un beneficio de 909 millones de pesos, mientras que quienes venden o importan gomas de mascar, el monto estimado de su beneficio fue de 100 millones de pesos. De nuevo: si estas estimaciones se cumplieron, es información que la SCHP no está dispuesta a proporcionar.
Los privilegios fiscales son posibles, entre otras razones, porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo gozan de facultades discrecionales para crearlos, y porque no existen suficientes obligaciones de transparencia a su alrededor, aspectos que urgentemente deben cambiar y sobre los cuáles ya hemos presentado recomendaciones. Además, la negativa de la SHCP evidencia que la falta de voluntad política para evaluar la utilidad de los privilegios fiscales continúa. Al no permitir a la ciudadanía acceder a estos datos, la realización de análisis para impulsar propuestas de mejora también se ve frenada.
Para encaminarnos hacia un sistema tributario más justo, donde los ultrarricos paguen lo que realmente les corresponde, es imprescindible contar con información puntual —y no solamente estimaciones— sobre los recursos que el Estado ha elegido dejar de recaudar a través de estos privilegios fiscales. Mientras no se garantice la transparencia y el acceso a la información fiscal, las élites tendrán un camino libre para continuar ejerciendo su poder político y así preservar el statu quo que tanto tiempo les ha beneficiado.
Fuente: Animal Político