A la Cámara de Diputados corresponde decretar el Presupuesto de Egresos una vez aprobada la Ley de Ingresos, responsabilidad legislativa que representa serias implicaciones políticas y sociales.
El Presupuesto de Egresos, no sólo determina la estructura de gastos del Estado. Sus alcances y efectos son mayores, ya que permite que el ejercicio de gobierno encause planes, programas y proyectos, así como las políticas públicas que concretarán la tarea gubernamental.
Esta resolución del Legislativo no es una realidad inamovible como reza la máxima del ajedrez, “pieza tocada, pieza jugada”, que indica que una vez efectuado el movimiento, el jugador no podrá desistirse. El Presupuesto de Egresos, no es un destino final, por el contrario, al ser un instrumento de política económica, debe ajustarse de acuerdo a los imperativos que demanden la tarea pública y las demandas sociales.
En los hechos, el ejercicio del Presupuesto de Egresos se ajusta unilateralmente por el Ejecutivo sin la participación del Legislativo, por lo que es ineludible establecer mecanismos de revisión conjunta que permita reencauzar su estructura y distribución; eliminar los gastos onerosos que desvirtúan su esencia; y construir un nuevo destino de certeza como respuesta a la incertidumbre del escenario económico que pone en riesgo las políticas sociales.
Aquí, se impone una reflexión de fondo: ¿Por qué el Poder Legislativo no prospectó, ni socializó el escenario de incertidumbre política y económica, que determinó la suspensión del subsidio a las gasolinas?
La Cámara de Diputados cuenta con un Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ¿Por qué sus evaluaciones y prescripciones no fueron consideradas?
Al respecto, debemos recordar que desde hace cuatro años, los legisladores conocían el planteamiento de apertura del mercado de los energéticos que implicaba, según se ha dicho, retirar subsidios insostenibles.
No es admisible la falta de previsión y cuidado observados en la aprobación del incremento a los precios de las gasolinas incluidos en el paquete económico. La protesta social e inconformidad ciudadana provocadas, evidencian que se tomaron decisiones erróneas al margen de los intereses sociales, y exhiben la existencia de una crisis de representatividad, cuyos impactos deterioran la paz social y la convivencia armónica.
El Poder Legislativo debió asumir su papel de contrapeso en el ejercicio del poder, en la seguridad de que el cumplimiento de esta función, no implica oposición al Poder Ejecutivo, sino la armonización en la observancia de una atribución compartida.
El cumplimiento de esta responsabilidad exclusiva, debió corregir la irracionalidad de asignaciones a programas injustificados o superfluos, así como crear las medidas y mecanismos que se anticiparan a los efectos económicos que generaría el alza de precios de las gasolinas, mediante una amplia y abierta deliberación de los argumentos y las opciones, lo que hubiera evitado que se estén proponiendo diversas medidas de racionalidad administrativa y presupuestal de manera dispersa para hacerles frente.
Esta realidad evidencia que ante el desequilibrio de los poderes públicos, y el déficit del principio de representatividad, es necesario socializar el conocimiento de asuntos tan importantes como este y crear mecanismos y procedimientos, que reencaucen desde estructuras sociales, la salvaguarda de la horizontalidad y el asociativismo ciudadano.
El Legislativo no puede perder su esencia ni la visión del alcance de sus atribuciones, porque le fueron conferidas por la voluntad política de la ciudadanía, que encumbró a cada diputado a un puesto de elección popular, no a una curul o escaño como forma inerte del ejercicio político.
Agravia al pueblo que en muchos casos, conviertan la representación en parcelas de prebendas y privilegios para el resguardo de intereses partidistas y personales; o en trincheras desde donde se prepara el caldo de cultivo para movimientos violentos.
El ejercicio político es la expresión de la voluntad del pueblo y esta no puede confundirse, ni extraviarse.
La representación ciudadana es una condición de la democracia, régimen político que debe promover la identidad del ciudadano y priorizar el principio de soberanía popular. Es la esencia que debe guiar la labor, proceder y la conciencia de los diputados, que parecen no comprender las implicaciones del Poder, en el sentido estricto del Parlamento, donde lo que se encumbra es la voz y el mandato del pueblo.
Lamentablemente para los ciudadanos, la actuación de los diputados se ha convertido en una experiencia política traumatizante, que no genera las oportunidades y estabilidad que requiere el tejido social. En los hechos, prima un hondo pesar en la sociedad civil, ante los sueldos, bonos, prebendas y moches de los diputados, reconocidos y expuestos en diferentes medios, situación que ha generado rechazo, impotencia y pesimismo en la ciudadanía.
Este delicado contexto violenta a la sociedad, que al no sentirse representada, es fácil presa del desencuentro y la incertidumbre, cuyos efectos generan reacciones contrarias al procesamiento del conflicto y a la preservación del Estado de Derecho.
Los impactos negativos de la actuación del Poder Legislativo en la aprobación del Presupuesto de Egresos, amenaza la estabilidad política y condena al tejido social a deambular en un escenario de violencia política, porque nada ofende más al pueblo, que la inopia del encargo de sus representantes, que no encausan su voz como esencia del ejercicio de gobierno.
No son aceptables los brotes de violencia que vive el país, ante la inconformidad del aumento del precio de las gasolinas y la escalada de alzas de productos básicos, pero tampoco lo es la responsabilidad del Poder Legislativo menoscabando la realidad social. Se impone una revisión estructural, que integralmente construya las soluciones políticas, económicas y sociales que se demandan.
Hoy, los efectos sociales que devienen en escepticismo e impotencia política de una sociedad traumatizada, exigen que el ejercicio de gobierno, genere un equilibrio real de poderes, que armonice su representación y responda a la ciudadanía, que lo único que espera del quehacer público, es respeto, honradez y fraternidad responsable de su función.
Agenda
- El Gobierno de Hidalgo signó un Convenio de Colaboración Técnica con CONEVAL, para garantizar que los programas sociales destinados a combatir la pobreza de la mitad de los hidalguenses; tengan seguimiento y evaluación permanentes, que eviten ineficiencias y desvío de objetivos.
- El viernes pasado juró el cargo de Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.
- De acuerdo a la Metodología para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del SNA, 17 aspirantes pasaron a la fase de audiencias públicas para luego designar a quienes integren el Comité.
- Se llevó a cabo la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a una prisión en Nueva York, USA.
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