El crimen organizado puede interferir en los procesos electorales en tres dimensione
La presencia, control territorial y operación del crimen organizado en numerosas zonas del país y la violencia que eso conlleva, son uno de los mayores riesgos que enfrentan las elecciones. Son tres, a mi juicio, las dimensiones en las que ese peligroso fenómeno puede interferir en los procesos electorales:
1. La organización de la elección. Al INE le corresponde realizar todas las actividades necesarias para que los comicios se lleven a cabo. Ello implica que sus funcionarios recorren durante meses todos los rincones del país para notificar y capacitar en sus domicilios a quienes serán funcionarios de casilla y para identificar las mejores ubicaciones para las más de 170 mil mesas de votación que se instalarán, entre muchas otras actividades. Se trata del trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano (solo después del Censo General de Población a cargo del Inegi). Para el éxito de la elección, es indispensable que el INE pueda realizar esa tarea sin interferencias ni impedimentos. Por ello, tranquiliza el hecho de que, a pesar de que la violencia criminal no es un fenómeno nuevo y lastima a nuestra sociedad desde hace al menos tres lustros, hasta ahora no ha sido un impedimento para que el INE despliegue con éxito su legendaria capacidad operativa. La presencia del crimen es siempre un problema, pero más allá de las complicaciones que significa para para el Instituto, no ha sido un impedimento para que hasta ahora realice eficazmente su tarea. Es primordial que en los días que faltan para la elección ocurra las cosas sigan siendo así.
2. Las campañas electorales. La intervención del crimen, sea mediante el financiamiento de las actividades de proselitismo, o bien del uso de la violencia contra las candidaturas para amedrentar y tratar de incidir en las preferencias electorales, es sumamente preocupante y puede alterar el buen desarrollo de las campañas y de las condiciones para que estas se realicen en libertad.
De acuerdo con algunos medios de comunicación, ascienden a 27 las y los aspirantes que han sido asesinados desde el inicio del actual proceso electoral en septiembre del año pasado. Además, desde el arranque de las campañas electorales se cuentan por decenas (hay quien habla de centenares) las renuncias de candidatas y candidatos a sus postulaciones por causa de amenazas o de las precarias condiciones de seguridad.
La situación no es nueva, pero no por ello deja de ser grave. Según datos que el INE hizo públicos en su momento, en las elecciones de 2018 se contabilizaron 27 aspirantes asesinados y, tres años más tarde, en los comicios de 2021 la cifra aumentó a 30. Entonces, como ahora, las víctimas eran, fundamentalmente, personas que aspiraban a cargos municipales, lo que refuerza la idea de que es precisamente en ese ámbito político en donde siguen centrados los intereses del crimen organizado al ser los niveles de gobierno de los que dependen las policías de proximidad y la responsabilidad de la vigilancia y seguridad más inmediata del territorio —es decir, de la mayoría de las rutas de trasiego de drogas y en donde ocurren la mayoría de las actividades de las organizaciones criminales—.
A dos semanas y media de las elecciones y a casi dos del término de las campañas electorales ya se alcanzó la cifra de aspirantes asesinados de 2018 (que entonces llevó al exsecretario general de la ONU, Koffi Annan, a señalar, en su calidad de observador internacional —visitante extranjero— que la violencia y la actuación del crimen organizado era el principal problema que enfrentaban aquellos comicios), pero aún puede crecer.
3. La participación electoral. La presencia del crimen organizado podría inhibir la participación de la ciudadanía el día de la jornada electoral, sea tratando de coaccionar con amenazas el sentido del voto, sea inhibiendo, por temor a eventuales actos de violencia, la afluencia a las casillas. Eso debe evitarse.
Por ello hay que exigir que las instancias de seguridad del Estado (que no son los órganos electorales) asuman su responsabilidad de crear las condiciones de paz pública necesarias para que el proceso electoral transcurra sin sobresaltos y que el voto pueda ejercerse de manera libre y auténtica. Nos toca exigir que el gobierno cumpla con esa que es una de sus tareas y deje, como hasta ahora ha ocurrido, de estar volteando a otro lado.
Fuente: El Universal