Este jueves es un día vital para el derecho a saber que tenemos todas, todos y todes. Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la controversia constitucional (280/2023) presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ante la omisión persistente y deliberada del Senado de la República de designar a tres integrantes de su pleno, de su órgano de gobierno, que acumula 469 días de retraso en las dos designaciones correspondientes a 2022 y 104 días en una tercera vacante que se dio a partir del 1° de abril de este año.
La omisión del Senado no es casual ni aislada, aunque no lo quiera reconocer así la ministra Loretta Ortiz, ponente del proyecto de sentencia del tema en cuestión. Es una estrategia del actual gobierno de debilitar a instituciones que tienen un rol de control, contrapeso, vigilancia y/o protección de los derechos humanos de todas, todos y todes. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas (ODP) registramos que en siete instituciones federales con estas funciones hay otros catorce procesos atorados que se suman a las 44 magistraturas electorales no resueltas para distintos tribunales estatales o salas regionales, también por parte de la Cámara de Senadores. Estamos hablando de al menos 60 designaciones no resueltas, pues no consideran las pendientes en órganos consultivos. Es decir, el NO designar a quienes ocuparán altas responsabilidades públicas ha sido una forma de disminuir, limitar, cercenar a estas instituciones.
En el caso del órgano garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, el INAI, la consecuencia de esta omisión ha provocado que desde hace 104 días su pleno esté impedido de resolver los 7,053 recursos de revisión presentados por personas a las que una autoridad de gobierno les ha negado información o ante solicitudes que no se resolvieron adecuadamente.
Por eso, la discusión que se dará en la Suprema Corte sobre la controversia presentada por el INAI es de central importancia, pues de manera recurrente e injustificada el Senado ha incumplido con su mandato legal, ha desacatado reiteradamente resoluciones judiciales que le han ordenado completar las designaciones pendientes y ha desoído múltiples llamados tanto de organismos internacionales como de la sociedad civil.
La SCJN tiene la enorme responsabilidad de decidir el futuro del derecho a saber, pues el proyecto de sentencia elaborado por la ministra Loretta Ortiz es totalmente regresivo y distante de las propias resoluciones hechas por el máximo tribunal. Grosso modo permite que el Senado pueda seguir postergando el cumplimiento de sus obligaciones legales y no completar las designaciones del INAI por tiempo indefinido, pues son decisiones soberanas de un órgano político que “ha hecho el intento”, aunque la mayoría legislativa haya impedido su resolución final; además no problematiza las funciones que no se pueden realizar ni los derechos vulnerados por la falta de quórum del pleno del INAI.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones), proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y, generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.
