Políticamente, o más bien desde la filosofía política, entender el tema de la propiedad privada exige claridad. En qué momento el poseer bienes materiales o acumular la mayor cantidad de ellos se convierte en la vida de los individuos, que saben que cuando mueran no se llevarán nada, en algo importante y hasta crucial; resulta una pregunta realmente incómoda.

Cómo en una sociedad racional, en el sentido weberiano, que apela a la legalidad, es decir al respeto de la norma, el asumir un cargo público, se llega a ver como una vía para ese afán precisamente por considerar que su patrimonio crecerá considerablemente ahí, violentando dicha legalidad. Es decir corrompiéndose. Llanamente, aprovechando su cargo para obtener beneficios personales.

De eso, en el fondo o esencia de nuestra humanidad, se trata ahora lo que se llama lucha contra la corrupción (pública, porque también se llega a dar en el ámbito privado) y la impunidad.

O por lo menos así nos parece a nosotros, para compartir con la gente de a pie, es decir con la gente común, más que con los especialistas, el trabajo presentado ayer por Fundar, denominado “(Re) constuyendo la confianza en el poder público. Las declaraciones patrimoniales como instrumentos de control ciudadano.”

Y aunque pueda uno dudar de lo apropiado o no del prefijo “re” (volver a), a pesar del paréntesis, es indudable que no se equivocan al plantear que no tenemos en México, confianza en quienes ocupan los cargos del poder público, sea del signo partidista que sea. Y buena parte de esa desconfianza se ha ido construyendo precisamente por la sospecha del enriquecimiento ilícito. La gente en la calle, con razón o sin ella, lo dice y cuestiona, cómo es que un funcionario público, principalmente de elección popular, presidente municipal, diputado, gobernador y hasta el presidente de la república, pueda hacerse de propiedades importantes sólo a partir de que ocupan dicho cargo.

Piensa, o más bien concluye en su estudio esta importante organización de la sociedad civil mexicana, que ese problema se puede resolver en la medida en que se puedan hacer público, tanto la declaración patrimonial, como la declaración de intereses de quienes llegan a los cargos de elección popular. Es dicen “…una monografía sobre las declaraciones patrimoniales, que sirvieran para explicar qué son, para qué sirven y por qué su publicidad es necesaria.”

Posibilitando ello, argumentan de entrada que, respecto a dichos funcionarios, “es posible prevenir y detectar variaciones injustificadas de su patrimonio”. Pues sí, no es muy difícil entenderlo. Si ingresan, pongámoslo en pesos y de manera sencilla, que no simple, a su cargo con cien pesos y su salario ahí más sus otros ingresos verificables son de otros cien pesos durante el tiempo de su desempeño, no puede ser posible que salgan con trecientos.

Repito el ejemplo es sencillo, pero es sólo para poner a ras de tierra, el trabajo serio de Fundar, que se compone de un texto de unas sesenta páginas, dividido en tres grandes apartados, una propuesta y las conclusiones: a) El problema a combatir: la corrupción en el ejercicio del poder, b) El arreglo institucional y normativo de las declaraciones, c) Análisis del caso en la SCJN: amparo interpuesto para publicar las declaraciones patrimoniales de las y los diputados federales de la LXI Legislatura, d) Modificar la ley para abrir las declaraciones.

Quiero llamar la atención sólo en dos cuestiones que me parecen centrales, claro desde mi perspectiva de sociólogo que estudia la política.

La primera es lo relacionado con lo que se define como “Participación ciudadana para la rendición de cuentas y combate a la corrupción” en la que se afirma y coincido con ello, que “El medio más obvio de control ciudadano y rendición de cuentas es el electoral. En principio, las elecciones sirven para ratificar o quitar del cargo a los gobiernos, lo que depende en parte, de la evaluación que los votantes haces de sus desempeño…”; pero hay que resaltar que ese es el ideal y no la realidad estrictamente. Para acercarnos a tal ideal es que el Derecho a Saber, así en su sentido amplio, tendría que ejercerse cotidianamente, cosa que no ocurre puesto que muchos enemigos hay del mismo, por el ejemplo los grandes consorcios de la comunicación que subinforman o incluso desinforman puesto que sus intereses coinciden curiosamente con los de los gobernantes.

Y la segunda es el importante debate político, que llega a las personas comunes las más de las veces distorsionado, que es el de la “Contraposición de derechos: privacidad vs. apertura”, en este caso de las declaraciones patrimoniales. O sea a qué esfera de la gran dicotomía público/privado pertenece esa información. El documento resalta cómo la SCJN decidió que a esta última, pero de alguna manera la cuestiona con argumentos sólidos que nosotros resumiríamos diciendo, si dicho patrimonio se forja con recursos públicos, la información correspondiente debe ser pública. Elemental sentido común que luego los grandes juristas desdeñan.

Considero y aquí dejo la reflexión de hoy, invitándolos a conocer el documento de Fundar, destacando su señalamiento de que “el acceso público a las declaraciones tendría que habilitarse mediante la elaboración de versiones públicas, sin restricciones.” Es decir que no contengan datos personales, sensibles principalmente diría yo. Vaya tarea para los especialistas.

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