En abril de 2021 inició formalmente el proceso electoral que renovará diversos puestos públicos y de representación ciudadana en el país.

Se elegirán 1,925 ayuntamientos, de los poco más de 2,450 municipios del país, 1,063 diputados locales, los 500 diputados federales y las gubernaturas de 15 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Evidentemente, las elecciones 2021 tendrán una notoria relevancia como relevo de poder en los gobiernos subnacionales o locales, especialmente los municipales, que son los que concentran el interés de este artículo.

Un buen síntoma de estas elecciones es que me ha tocado saber de muchas personas, de distintas partes del país, que han decidido participar como “observadores electorales”, para contribuir en la vigilancia procedimental de estas elecciones, de la mano con el INE. Muchos de estos observadores lo son por primera vez y eso es muy bueno, pues se incrementa la base de personas interesadas en los asuntos públicos.

Sin embargo, más allá de verificar un correcto proceso electivo, los observadores electorales, los activistas sociales, los interesados académicos y, mejor aún, los integrantes de los Sistemas Estatales y Municipales Anticorrupción, tenemos la gran oportunidad para observar, identificar riesgos y empezar a prevenir la corrupción municipal, por una sencilla razón: buena parte de la corrupción de los municipios se comienza a ensamblar y entretejer desde antes de las elecciones.

El ensamblaje de la corrupción municipal

Aunque siempre puede haber “corruptos” de oportunidad en el mundo de lo público, los más preocupantes y dañinos son lo que podríamos llamar agentes “corruptores”, que son los personajes que premeditan, planean e inducen la corrupción, de forma sistemática y, muchas veces, a eso se dedican como forma de vida.

En cualquier circunstancia, estos agentes corruptores tienen como método de acción el capturar los recursos y las decisiones públicas para obtener beneficios privados ilegítimos, a costa del dinero o los bienes de todos. Esa es la esencia de la corrupción.

Dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, pero, por simple lógica de rentabilidad de inversión, tiene más sentido ejercerla desde antes del arribo de los decisores al cargo, pues es más barato.

Esto es, cualquier corruptor que busque consolidar cómplices gubernamentales para apropiarse de los recursos públicos municipales puede hacerlo a través de dos caminos: cuando el ayuntamiento ya está en funcionamiento o cuando está apenas pretendiendo el arribo al poder. El problema del primer camino es que los decisores municipales ya tienen el poder y no hay otra cosa qué ofrecerles mas que mucho dinero. Si se toma el segundo camino, los decisores aún no tienen el poder; sólo lo anhelan y cualquier financiador podrá obtener alguna promesa de arreglo a cambio de alguna suma de dinero, menos ambiciosa de la que pediría un alcalde ya en el cargo.

Por eso es que siempre ha habido gente interesada en financiar a candidatos municipales; por la expectativa de altos rendimientos derivados de una baja inversión. La mejor prueba de la existencia de esta dinámica añeja y dañina es que la legislación electoral mexicana ya ha prohibido el financiamiento privado a las campañas políticas.

Sin embargo, lo que ahora hay que observar es que no se cumpla la premisa de los corruptores: “siempre hay maneras”. Ese es el reto extendido de los observadores electorales: verificar, hasta donde sea posible, que no se estén fraguando arreglos de corrupción con los candidatos municipales; esa es la otra observación.

Aunque hay una gran variedad de corruptelas posibles a nivel municipal, aquí describo cuatro de los más importantes arreglos de corrupción que pueden establecerse con los futuros integrantes de los ayuntamientos y algunas ideas de cómo los observadores ciudadanos pueden ayudar a impedir su ocurrencia:

Arreglo 1: para apropiarse de los recursos presupuestales. Aquí la meta es transferir de manera ilegítima el dinero municipal a bolsillos privados. Para lograr esto, lo primero que debe acordar el futuro alcalde es eliminar a la competencia de sus proveedores preferidos, para poderles asignar a éstos, contratos de adquisición de bienes y servicios. Por eso es relevante observar que el candidato se comprometa y cumpla:

a. Que se liciten la mayor parte de sus compras, especialmente las de mayor monto.

b. Que no se sustituyan a los proveedores de bienes y servicios que lo han hecho bien (lo que implica que también los observadores aprendan a identificar a los buenos proveedores), mucho menos para incluir a otros que lo hagan mal.

Parte del arreglo corrupto con los futuros proveedores incluirá, en el más amable de los casos, establecer contratos a precios caros; pero también puede ocurrir que sea mediante la supuesta compra de bienes o servicios inexistentes, fiscalmente soportadas con comprobantes emitidos por Entidades que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Por eso es importante verificar que el candidato se comprometa y cumpla:

a. Que sus proveedores no cobren por encima de los precios promedio del mercado. No más lápices de cien pesos o contratos discrecionales de diez millones de pesos para garrafones de agua.

b. Que si hay alguna empresa que haya contratado grandes cantidades y sus servicios generen duda sobre su calidad o integridad, el mismo alcalde apoye a los observadores para solicitar a la Procuraduría Fiscal la revisión de la materialidad de operaciones de dicha empresa.

Arreglo 2: para apropiarse de los recaudos. Bajo este esquema se busca desviar el flujo de las recaudaciones hacia manos privadas, antes de que llegue a la ventanilla de la tesorería municipal. Un ejemplo de esto son los asentamientos irregulares, los cuales son organizados por líderes corruptores, los cuales cobran a los pobladores cuotas que dicen ser (o son equivalentes) del predial y el agua, pero que realmente nunca llegan a la tesorería municipal, sino que se queden en manos de dichos líderes.

Desde luego que tal negocio, muchas veces millonario, no puede suceder sin la complicidad de la autoridad municipal. Si ustedes observan que hay asentamientos eternamente irregulares en sus municipios es porque muy probablemente está operando un arreglo como el descrito.

Por eso es útil que el candidato se comprometa y cumpla:

a. Que no ande prometiendo condonaciones de predial y agua, pues es el anuncio descarado de su modus operandi.

b. Que inicie la inmediata regularización de cobro del predial, agua y otros derechos a los pobladores que deban de pagarlo.

c. Que inicie la recuperación legal de pozos o instalaciones de agua que estén en manos ajenas al municipio.

d. Demostrar el inicio de las demandas legales en contra de los líderes corruptores que engañan a las comunidades, para constatar que, efectivamente, él no forma parte de ese arreglo.

Arreglo 3: para apropiarse o tener derecho exclusivo sobre los bienes públicos.  Consiste en acordar que un particular posea o usufructe bienes muebles o inmuebles públicos, cuyos beneficios y productos no pasan a la hacienda pública, sino a manos privadas. Bajo este modelo existen instalaciones, centros comunitarios, canchas de fútbol, autobuses, equipo, maquinaria y una diversidad de bienes que son explotados para beneficio de los integrantes del arreglo corrupto.

Por eso tiene sentido que el candidato se comprometa y cumpla:

a. A transparentar la información relacionada con el listado de muebles e inmuebles públicos y, en su caso, quienes los administran y en virtud de qué contrato lo hacen. Esa obligación de transparencia ya existe, sólo que casi nadie la cumple en el país. El cambio será observar y presionar para que el candidato a alcalde que a cada quien le toque, lo haga.

b. A brindar las facilidades a los observadores para que puedan verificar que todo lo que se cobra por el uso de muebles e inmuebles municipales se reporta, efectivamente, a la tesorería municipal.

Arreglo 4: para eludir una obligación de hacer o no hacer. Consiste en pactar privilegios para realizar actividades privadas sin cumplir ciertos requisitos u omitir la restricción de no realizar ciertas acciones.

Un caso típico de esto son los rastros municipales; si ustedes han visitado uno y le surge la duda de cómo es posible que ese negocio pueda funcionar, aun sin cumplir ningún tipo de norma sanitaria, ni ambiental, ni de manejo de residuos, ni de protección civil, ni… de ninguna otra, esto se debe a que seguramente opera bajo un arreglo como el aquí expuesto. Por eso es necesario que el candidato se comprometa y cumpla:

a. Revisar, con la participación de observadores voluntarios, las principales autorizaciones y actos de inspección a realizar en el municipio, para que de forma transparente se verifique que una autorización o inspección se realice con base en datos e información técnica y no se decida con base en arreglos corruptos.

b. Impulsar auditorías a los procesos de autorización o inspección dudosos.

La observación (post) electoral

Como se puede percibir, la buena observación ciudadana, la más eficaz, no se concentra solamente en el proceso electoral y sus procedimientos, sino que necesariamente se extiende al período posterior a las elecciones.

Es importante observar los procedimientos electorales, con eso empezar, con eso aprender; pero la observación ciudadana más ambiciosa puede tener un alcance mucho mayor si se desarrolla la habilidad para observar fenómenos como los aquí descritos, desde su posible nacimiento en periodo de campaña y con fin de prevenirlo impidiendo su ejecución cuando los ayuntamientos asuman el cargo.

Finalmente, este tipo de observación de fondo suena totalmente relevante frente al escenario inmediato de la renovación de, prácticamente, el 80% de los ayuntamientos del país.

Pedro Carta