La prisión de un ex alcalde de Vitacura, conservador Raúl Torrealba, en una de las comunas más acomodadas de Santiago, y la suspensión partidaria de una diputada de la coalición oficialista, pusieron bajo los focos un nuevo debate sobre la corrupción en Chile. Los casos, uno de ellos que roza al gobierno de Gabriel Boric, cobran mayor dimensión al tratarse de uno de los países regionales con mejores antecedentes contra las prácticas corruptas.
La trama que llevó al ex alcalde conservador a prisión fue destapada en 2021 cuando las autoridades de la comuna Vitacura denunciaron distintas irregularidades financieras cometidas en ese municipio santiaguino. Según esas denuncias, de manera mensual y desde hacía varios años se entregaban sumas de dinero a Raúl Torrealba, quien dejó su puesto de alcalde hace dos años forzado por la ley municipal que le impedía volver a presentarse a la reelección.
Torrealba es un antiguo miembro del partido conservador de la derecha tradicional chilena Renovación Nacional.
El último viernes, un juez decretó la orden de prisión preventiva de 150 días para Torrealba, quien está acusado de fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos, además de liderar una organización sospechada de defraudar con dinero público desde Vitacura.
La organización en cuestión es Democracia Viva, de la región septentrional de Antofagasta. Esta fundación es representada legalmente por Daniel Andrade, ex pareja de la diputada oficialista Catalina Pérez, que integra el partido Renovación Democrática (RD), socio del Frente Amplio, la coalición de gobierno liderada por el presidente Gabriel Boric.
Luego de días de debates, la directiva de RD presentó este martes una querella contra todos los que resulten responsables en el contexto del caso y separó del partido a la diputada Pérez.
En la misma línea, el presidente Boric calificó el domingo el caso de “gravísimo” y declaró: “No se puede aminorar o tratar de bajarle el perfil a esta situación. Acá hay responsabilidades políticas que hay que hacer valer. La Justicia tendrá que determinar su camino”.
El fiscal, Francisco Jacir, solicitó la medida cautelar contra el ex alcalde Torrealba “para evitar que el imputado siga cometiendo el delito de lavado de activos y se siga produciendo el ocultamiento de su patrimonio”.
Junto al encarcelamiento de Torrealba, el juez ordenó arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de comunicarse entre ellos al resto de los acusados: Antonia Larraín, colaboradora del alcalde; el exdirector de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, Domingo Prieto Urrejola; el exdirector de Desarrollo Comunitario de la municipalidad, José Renato Sepúlveda; y los contadores, Augusto César Silva Silva y Arnaldo Cañas González.
Una vez que el caso fue revelado, Antonia Larraín decidió “autodenunciarse” y colaborar con el Ministerio Público. “Manipulé sobres con dinero”, reconoció Larraín y agregó que “esto ocurre desde julio o agosto de 2018, cuando comencé a ocupar el cargo de directora de Desarrollo Comunitario. Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de 5 millones de pesos (6.250 dólares) que debía entregárselo a él”, afirmó en la causa.
Según la acusación, durante la gestión de Torrealba en Vitacura (1996-2021) se habrían desviado fondos públicos por unos 450.000 dólares.
De acuerdo con lo que trascendió de la investigación, desde Democracia Viva se habrían firmado tres convenios sospechosos con el servicio regional (Seremi) de Vivienda de la región de Antofagasta. El senador Juan Ignacio Latorre, el presidente de RD, dijo que Democracia Viva no pertenece a esa agrupación política, aunque administra programas destinados a ofrecer servicios de salud y deporte a los vecinos.
Con tan solo 85.400 habitantes, la comuna de Vitacura es el lugar de mejor calidad de vida de la zona metropolitana, con zonas planas y montañosas a los pies de la Cordillera de los Andes y a menos de una hora del centro de Santiago.
Expertos consultados por EFE señalan que los casos del ex alcalde conservador Torrealba y las sospechosas relaciones entre el partido progresista Renovación Democrática y la fundación investigada demuestran que la corrupción es transversal y no depende solo de los colores políticos.
Según un índice elaborado por Americas Society/Council of the Americas y la consultora Control Risks, Chile es el tercer estado latinoamericano que mejor combate los casos de corrupción, solo por detrás de Uruguay y Costa Rica.
El estudio advierte, no obstante, que el promedio del continente descendió por primera vez desde 2020, ya que diez de los quince evaluados cayeron en su puntuación.
Fuente: Clarin
