El drenaje por donde fluye la corrupción a toda velocidad y en mayores proporciones, arrasando con todo lo que está a su paso, es la obra pública. No lo queremos aceptar, hoy por hoy, es el vehículo más rápido para el enriquecimiento de los servidores públicos; es el medio de nuestros representantes populares para financiar sus aspiraciones posteriores; es la razón principal de que muchos funcionarios sean proclives a ella; es la moneda de cambio de la Cámara de Diputados en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación; también es el pretexto para asignar infraestructura física para el desarrollo de las comunidades más marginadas a precios alzados y con sobre costo; es también, el medio para que ingresen recursos privados a las campañas; y sin duda, es el conflicto de interés mayúsculo en la administración pública, en sus tres niveles y en todos los colores. Nadie pero nadie, tiene la calidad moral para pedir honestidad en la contratación de la obra pública. El telón se les está cayendo.
La erradicación de la corrupción en la contratación de obras públicas es uno de los componentes fundamentales en los procesos de Reforma del Estado y modernización de la gestión pública. Por su vinculación directa con la capacidad del estado para proveer servicios públicos, tiene un gran impacto en la gobernabilidad; lo que sucede en nuestros días es el reflejo. Hoy se levantan miles de voces en contra de la corrupción, hoy se discute si es cultural o no, hoy escuchamos los posicionamientos de los partidos políticos para acelerar el órgano anticorrupción, hoy nuestro Congreso de la Unión se dice presto para legislar el tema. Hoy pedimos la renuncia de nuestro Presidente por la casa blanca y otras propiedades edificadas al amparo de la asignación de obra pública en años anteriores; hoy vemos cómo el conflicto de interés llevó a la cancelación de una de las obras más importantes de este gobierno; hoy nuestro Presidente propone un portal para transparentar los proveedores y contratistas del gobierno.
Es por esto, que no ya no podemos seguir en la discusión entre el sí, el no, el a lo mejor, el quién sabe, el no es conveniente, el sí afecta o no. Es hora que los procedimientos de contrataciones públicas de la obra que realiza el Estado, se transparenten. Es la coyuntura para que se agregue en la nueva Ley General de Transparencia, como una obligación, es decir, sin que medie solicitud alguna. Dejarlo pasar por el grupo redactor, será un craso error, con mayúsculas, que conforme a la idiosincrasia de nuestra democracia, pasaran al menos 10 años en volver a modificar esta ley en ciernes.
Ya no hay tiempo para que la transparencia de la contratación de la obra pública se ponga al consenso de las fuerzas al interior del Congreso de la Unión, es tiempo que aprueben esta circunstancia por unanimidad. Hoy ya no podemos cerrar los ojos, en el Ramo General 23 se ampliaron 21,355 millones de pesos para obra pública, se asignaron 5,000 millones de pesos para el fondo de pavimentación y desarrollo municipal, otros 3,421 millones de pesos para infraestructura deportiva y otros 2,237 millones de pesos para infraestructura cultural. Todos los programas sin reglas claras para su ejercicio y en consecuencia, abono para la corrupción.
Los mecanismos claros, transparentes y justos para la contratación de la obra pública menoscaban la cultura de la corrupción y sientan las bases para que empecemos a salir de este embrollo que tanto daño hace a nuestro México. Lejos de argumentar que será una carga para los sujetos obligados, en la actualidad esta información ya forma parte del Sistema de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET, es apremiante perfeccionarlo. Cabe abundar que este instrumento, es el compromiso 46 susceptible de mejora del Gobierno Mexicano dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
El desarrollo de sistemas de transparencia activa en la contratación de obra pública, fomentará la igualdad de oportunidades, la competencia y la gestión documental. En la misma tesitura, permitirá una mejor asignación de la obra pública honrando los principios señalados en el 134 Constitucional. Es impostergable, que quede estipulado como una obligación de transparencia para que los sujetos obligados se vean compelidos a modificar, de una vez por todas, su gestión administrativa.
No nos hagamos tontos, la corrupción en la obra pública, se genera en el procedimiento de contratación, es en esta etapa donde se decide a quién se asignará la obra, las condiciones para desechar a otros contratistas, el tiempo o plazos para adjudicarla, quién será el beneficiario y a cuánto ascenderá el sobrecosto. Es tiempo, de desplantar el cimiento permanentemente de la transparencia en este tema, la Ley General deberá ser una de sus columnas. Es mi opinión.
