La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio a conocer en días recientes -a través de su Gaceta Parlamentaria- las convocatorias para designar a los titulares de los órganos internos de control de cinco órganos constitucionales autónomos:
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
- El Instituto de Estadística y Geografía (INEGI).
- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Las convocatorias para ocupar dichos cargos establecen, entre otros requisitos de carácter general para los aspirantes: ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y tener 35 años cumplidos al día de la designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; contar con al menos 5 años de experiencia en materia de control interno, fiscalización, responsabilidades administrativas, contabilidad, auditoría, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; contar con reconocida solvencia moral; no estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones, etc.
A su vez, el proceso de designación comprende la conformación de los expedientes de los candidatos, el cual incluye de manera más específica: el currículum de los participantes, una exposición de motivos, la presentación de un ensayo especializado en la materia con acciones concretas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en cada uno de los órganos internos de control de dichos entes autónomos y también contempla el desarrollo de entrevistas y/o comparecencias de los aspirantes, para conocer su interés y las razones respecto a su designación en el cargo.
En ese sentido, el proceso en marcha es relevante para que los órganos internos de control de los 5 entes públicos mencionados cuenten con un titular y, por ende, se encuentre en condiciones de operar adecuadamente para la realización de las funciones que legalmente tienen encomendadas.
Recordemos que los órganos internos de control representan un eslabón importante en la cadena de rendición de cuentas y en el reproche de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos a nivel nacional.
Por ende, quienes aspiren a ocupar dichas titularidades deben contar con amplia experiencia en la materia, no solo a un nivel básico, sino efectivamente comprobable, con casos de éxito que demuestren su eficacia y con una vinculación sustantiva con otros órganos del poder público -principalmente en el ámbito penal- para exigir la responsabilidad de quienes incurren en el ejercicio abusivo de la función pública y otras conductas de corrupción.
Aunado a ello, nos parece que los candidatos deben acreditar un conocimiento pleno del Sistema Nacional Anticorrupción y presentar propuestas puntuales y concretas en la materia, precisando, entre otros aspectos:
- ¿De qué manera erradicarán en sus respectivos órganos internos de control conductas como el trabajo inercial de escritorio o el simple armado de expedientes sin contar con una metodología sólida y sin teorías del caso?
- ¿De qué forma garantizarán que las áreas de auditoría tengan un desempeño verdaderamente eficaz que redunde en brindar valor al servicio público y no solo realicen procedimientos de fiscalización por volumen pero sin impacto en la mejora de los procesos de la organización?
- ¿Qué herramientas y tecnologías de la información implementarán a bajo costo pero que posibiliten el incremento de las capacidades de prevención y vigilancia al momento en que se realizan los procesos más sensibles en las instituciones (por ejemplo los procesos de compras y adquisiciones)?
- ¿De qué manera garantizarán que todos los casos de corrupción a su cargo cuenten con líneas de investigación claras y que los medios de convicción que se recopilen sean útiles para demandar la responsabilidad de los servidores públicos?
- ¿Cómo podrán superar los procedimientos de auditoría exclusivamente basados en la revisión del cumplimiento normativo pero que omite hacer un análisis contextual y probatorio real de los riesgos de corrupción y, por ende, resultan ineficaces para combatirla?
Como puede advertirse, se trata de temáticas muy sensibles que durante el proceso de selección de los titulares de los órganos internos de control tendrían que analizarse y valorarse por la Cámara de Diputados, para asegurar que quienes ocupan esos cargos efectivamente tengan el perfil idóneo para efectuar tan importantes tareas.
Como ciudadanía nos corresponde demandar que se brinde la mayor publicidad y transparencia a dichos procesos de selección, que sean realizados objetivamente y que quienes sean designados cuenten con la mayor experiencia, responsabilidad ética y compromiso legal para el desempeño de sus funciones al frente de los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos en México.
Autor: Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
