Hace algunos días el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México presentó los resultados del estudio “Integridad de la información y contaminación de la información. Vulnerabilidades e impactos sobre la cohesión social y la democracia en México”, realizado por la Dra. Anita Breur. Dicha investigación analiza bajo un marco teórico las causas que afectan los procesos informativos en México, entre ellas: el contexto de lo social y de lo económico; así como los contextos en lo mediático; legislativo; y lo político.

El término “contaminación de la información” es el esparcimiento de información falsa, engañosa o manipulada. Las llamadas fake news son un ejemplo de estas prácticas viciadas. Sin embargo, el concepto es más amplio ya que, como hemos visto en los últimos años en México, incluso la información que viene del Poder Ejecutivo tiene un margen amplio de interpretaciones y matices acorde a la narrativa que se desea defender.

De forma puntual el texto apunta que la contaminación se compone de tres principales categorías de prácticas: 1) desinformación, que es información fabricada con intención de dañar a alguien o cambiar una postura; 2) información confusa, que es contenido falso o impreciso, pero compartido sin la intención de afectar; 3) mal información, cuando la información real es sacada de contexto para presentar una realidad distinta. Incluso los medios de comunicación o los agentes gubernamentales pueden ser ejecutores o víctimas de estas prácticas, ya sea por causas electorales, ante casos de violaciones de derechos humanos, o el impulso a alguna agenda legislativa de alto impacto.

Sin embargo, no podemos perder de vista que hablar sobre este tema importa por sus posibles consecuencias negativas sobre la sociedad. Si una persona recibe esta información contaminada se afecta su proceso de toma de decisiones en la arena pública. Si a esto sumamos que los medios digitales y las propias redes sociales potencializan la rapidez de difusión y alcance de la información, el asunto es aún más relevante. Participar y opinar en democracia son acciones básicas, y para ello es necesario contar con información verificable.

Aquí es donde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) actúa como organismo responsable en México de proteger el derecho de acceso a la información de las personas. Cuando existe un sistema que satisface efectivamente los derechos de la ciudadanía a requerir y recibir información gubernamental, se cumple con una de las condiciones necesarias para la participación efectiva de la sociedad en las decisiones que le competen y afectan.

La información falsa se combate con información confiable y verificable. Desde el INAI, cada miércoles emitimos resoluciones que obligan a las instituciones públicas y cualquier sujeto obligado a buscar y dar respuestas certeras a quien lo solicita. Esta es una de las formas más ágiles y eficientes que existen en nuestro país para hacer frente a la cada vez más común contaminación de la información.

La Plataforma Nacional de Transparencia juega un rol importante para verificar información y no dejarse “contaminar”; úsala para comparar información.

Fuente: El Sol del Centro