El Poder Legislativo de Tlaxcala, con una partida por 418.62 millones de pesos, es el cuarto más caro del país para el ejercicio fiscal 2023, ello con relación al gasto público por número de habitantes, y el segundo a nivel nacional por erogar el mayor porcentaje de recursos con respecto al total del presupuesto del estado, reveló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

Además, de acuerdo con el estudio denominado “Informe Legislativo 2023. El ABC de los Congresos y auditorías”, los diputados de Tlaxcala, como en el resto del país, son proclives a incumplir con sus funciones, amén de no ejercer su papel constitucional de contrapeso de otros poderes, como del Ejecutivo estatal, dando pie, en muchos de los casos, a tolerar actos de corrupción.  El estudio, cuyo objetivo es analizar la estructura normativa y el presupuesto de los poderes legislativos de las entidades federativas en México, conforme a los presupuestos estatales aprobados para 2023, revela que, de manera general, solo 0.8 por ciento de los recursos destinados a las entidades federativas y a la Ciudad de México son para sus respectivos poderes legislativos.  

Para el presente año, el presupuesto aprobado para los estados y la Ciudad de México fue de 2.7 billones de pesos, de los cuales solo 21 mil 196.5 millones de pesos fueron etiquetados para los poderes legislativos.  

De acuerdo con estas cifras, el promedio asignado a los congresos estatales es de 662 millones 390 mil pesos, siendo el que tiene el mayor gasto el de la Ciudad de México con 2 mil 50 millones de pesos, mientras que Colima prevé un gasto de 160.6 millones de pesos.   Sin embargo, en relación al porcentaje de recursos, del total del presupuesto estatal asignado a los poderes legislativos en los estados, el de Tlaxcala se ubica como el segundo con mayor asignación, pues su gasto representa 1.64 por ciento del total previsto en el gasto total, solo por debajo de su similar de Quintana Roo, al que le otorgan 1.66 por ciento. 

Pero en lo que Tlaxcala sí está en los primeros lugares es con respecto al gasto asignado por número de habitantes, pues los integrantes de la LXIV Legislatura local se sitúan como los cuartos más caro del país, pues por cada poblador de la entidad se destina 295.2 pesos para el Congreso local.  

Con esta asignación, Tlaxcala se ubicó solo por debajo de Poder Legislativo de Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit; es de destacar que el Congreso local del vecino estado de Puebla se ubicó en el último lugar, ya que solo destina 76 pesos por habitante.  

Otro de los aspectos que contrastan en este estudio es que el Poder Legislativo de Tlaxcala, pese a tener entre sus principales funciones constitucionales la de fiscalizar, es de los que menos invierten en su instancia técnica para esas funciones, como es el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).  

“El promedio a nivel estatal muestra una tendencia a asignar más recursos al Congreso que al órgano de fiscalización. Estados como San Luis Potosí, Coahuila y Puebla tienen una distribución equilibrada en el sentido de asignar la mitad de los recursos a cada institución”. 

Sin embargo, en estados como Durango, Morelos, Tlaxcala y otros nueve, el órgano de fiscalización recibe montos inferiores; solo dos de cada 10 pesos ejercidos son para cumplir las funciones de fiscalización, pues en el caso de la LXIV Legislatura de Tlaxcala se etiquetaron 79.6 por ciento del gasto para trabajo parlamentario y 20.4 por ciento para el rubro de fiscalización.  

Aunado a ello, el estudio puntualiza que entre las competencias de los congresos locales no está la provisión de bienes o servicios, pues su principal enfoque está en la elaboración de leyes y la representación ciudadana. No obstante, “un gran porcentaje de sus recursos se destina al pago de sueldos y salarios de su personal, lo cual implicaría, al menos en teoría, una relación proporcional entre el presupuesto asignado y el número de empleados del Congreso”.  

En el caso del Congreso de Tlaxcala, se advierte que ocupa el décimo lugar en cuanto a la plantilla de personal más amplia de los poderes legislativos locales del país, con 384 empleados. El primer sitio lo ocupa el de la Ciudad de México con 2 mil 312 personas, seguido de Michoacán con 929 personas y el Estado de México con 883 personas. En el otro extremo, Aguascalientes, Colima y Coahuila reportan menos de 100 personas empleadas.  

Ante estas condiciones en la distribución del gasto global y específico para el cumplimiento de funciones de fiscalización, el estudio del IMCO advierte como un riesgo “que la falta de ejercicio de las funciones asignadas a los poderes legislativos estatales puede generar consecuencias negativas, como la ausencia de control y equilibrio entre los poderes, una asignación ineficiente de recursos y la falta de transparencia y rendición de cuentas.   

Puntualiza, a manera de conclusión, que “sin poderes legislativos activos y comprometidos en su función de supervisión, existe el riesgo de falta de control y equilibrio sobre los otros poderes públicos, lo que puede dar como resultado abusos de poder, corrupción e impunidad, pues no habría una instancia efectiva para exhibir, discutir y cuestionar las acciones de los funcionarios públicos, entre otros”.

Fuente: La Jornada